Comentarios a la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (I: Introducción)

               En el boletín Oficial del Estado del pasado jueves día 28 de julio de 2011 se publicó la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que responde al mandato legislativo contenido en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, si bien, resulta evidente que se han excedido algo en el plazo de tres meses allí fijado.

                Dada la importancia de esta norma para el colectivo militar, abordaremos su contenido en varias entregas en esta web, ofreciendo en esta primera ocasión una breve reseña general de su contenido.

                En el preámbulo de la Ley se justifica su promulgación en la necesaria actualización del ordenamiento legislativo en materia de derechos fundamentales de las Fuerzas Armadas tras haber alcanzado «con éxito» su plena profesionalización.

                Se afirma en dicho preámbulo que los miembros de las Fuerzas Armadas «gozan de los derechos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos». En sucesivas entregas iremos viendo las limitaciones que para el ejercicio de estos derechos son impuestas a los militares, fundamentadas en la importante misión atribuida a la institución: la seguridad y la defensa nacional.

                En cuanto a los deberes del militar, se recogen los esenciales de defender a España, de cumplir las misiones asignadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y actuar conforme a las reglas de comportamiento del militar, que pasan a estar definidas en esta norma, suprimiendo las contenidas hasta el momento en la Ley de la Carrera Militar.

                Entre las principales novedades se encuentran la regulación del derecho de asociación, la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y la del Observatorio de la vida militar.

                Las asociaciones profesionales de militares –cuyo reconocimiento es el justo premio a la constante reivindicación de algunas constituidas como asociaciones culturales y cuya creación resultaba ineludible en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001, de 31 de octubre– tendrán como finalidad «la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados».

                Aquellas asociaciones que alcancen la condición de «representativas», en función de su número de afiliados, participarán en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, junto a los representantes del Ministerio de Defensa, entre los que se incluirán necesariamente los Mandos de Personal de cada Ejército. De este modo, se podrá participar en la elaboración de proyectos normativos en cuestiones que afecten al régimen de personal. Se pretende que el este Consejo sea «un complemento adecuado (…) a la cadena de mando». De entre las funciones del Consejo, la más significativa será la de que los militares podrán participar –a través de estas asociaciones «representativas»– en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal.

                Se crea también en la Ley el Observatorio de la vida militar, órgano colegiado, asesor y consultivo, compuesto por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas, que serán nombrados por el Congreso de los Diputados y por el Senado. La función del observatorio será «analizar aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la condición militar».

                El Título Preliminar de la Ley se ocupa, principalmente, del deber de acatamiento de la Constitución; del principio de igualdad, en aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, instando a la efectividad real de la igualdad entre las mujeres y los hombres militares y la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo o género; de las reglas de comportamiento del militar que –como hemos anticipado– derogan las contenidas en la Ley de la Carrera Militar, reproduciendo básicamente las mismas y añadiendo dos más: el principio de unidad en el comportamiento profesional y los escenarios de crisis, conflicto o guerra en los que el militar puede desempeñar sus cometidos y tener que afrontar situaciones de combate; y, finalmente, del deber de neutralidad política y sindical.

                El Título I se ocupa del ejercicio por los militares de los derechos fundamentales y libertades públicas que requieren tratamiento específico (libertad; libertad religiosa; intimidad y dignidad personal; desplazamiento y circulación; libertad de expresión y de información; reunión y manifestación; asociación; sufragio; petición y acceso al Defensor del Pueblo).

                En el Título II se desarrollan los derechos y deberes de carácter profesional y social. Entre los primeros, el derecho a la carrera profesional; a la formación y perfeccionamiento; y a ser informados por sus mandos del régimen jurídico que les resulta aplicable y de los fines, organización y funcionamiento de la unidad a la que se incorporen; el deber de reserva; la disponibilidad permanente para el servicio, la jornada de trabajo, los permisos, vacaciones y licencias (que serán los establecidos con carácter general para los funcionarios civiles del Estado, con la lógica adaptación a las peculiaridades de las funciones de las Fuerzas Armadas y se obliga a motivar las limitaciones que se produzcan por necesidades del servicio); residencia y domicilio; uniformidad; retribuciones; incompatibilidades; prevención de riesgos laborales; iniciativas y quejas y derecho a la asistencia jurídica en las actuaciones judiciales que se dirijan contra los militares como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos.

                En cuanto a los segundos, derechos de carácter social, se configura el apoyo al personal como un sistema integrado de atención a los derechos y necesidades de bienestar social de los miembros de las Fuerzas Armadas.

                El Título III se dedica al asociacionismo profesional, del que ya hemos anticipado sus principales líneas.

                En el Título IV se establece el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas de los reservistas cuando se encuentren activados.

                En el Título V se regula el Observatorio de la vida militar, determinando su objeto y naturaleza, funciones, composición y funcionamiento.

                Tras el articulado, la ley incluye dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y quince finales, cuyo contenido iremos desgranando en sucesivos comentarios.

                Su entrada en vigor se producirá el 1 de octubre de 2011

 

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