Nueva ley de tasas y nuevos obstáculos para el acceso a la justicia: obligatoriedad de comparecencia en juicio con abogado y procurador

Ciudad de la Justicia de Valencia

Decíamos ayer que las modificaciones introducidas en la legislación procesal contencioso-administrativa con motivo de la promulgación de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, iba a suponer un quebranto del derecho de los funcionarios a la tutela judicial efectiva, dado que en dicha norma se introducía el criterio del vencimiento en materia de costas en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que significa que quien vea totalmente rechazadas sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la primera instancia deberá  abonar las costas del proceso.

Y decíamos que ello suponía un «toque de silencio por la tutela judicial efectiva»* dado que la posibilidad de condena en costas disuadiría a muchos funcionarios de litigar por cuestiones de escasa o nula cuantía (como, por ejemplo, asuntos de vacaciones, permisos, condecoraciones, calificaciones personales, etc.) en las que -como dice el chascarrillo popular- vale más el ajo que el pollo.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como la «Ley de Tasas», publicada en el BOE del 21 de noviembre, viene a dar una vuelta de tuerca a esta situación, introduciendo nuevos recortes en los derechos de los funcionarios públicos, al derogar el artículo 23.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que tenía la siguiente redacción: «Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.»

Esto es, hasta el momento, a los funcionarios se les eximía de comparecer asistidos por abogado y representados por procurador en los procedimientos en los que se dirimieran cuestiones estaturarias, lo cual ha sido derogado por la norma citada, por lo que a partir de este momento no podrán comparecer en juicio por sí mismos, lo que -evidentemente- supondrá un encarecimiento del proceso, dada la necesidad de contratar a tales profesionales para cualquier reclamación, aunque esta resulte económicamente irrelevante.

Esta situación supone, además, una discriminación para los funcionarios con respecto a los trabajadores -incluso el personal laboral de la Administración- cuyas cuestiones laborales se dirimen en la jurisdicción social, pues en la misma la asistencia por abogado y la representación por graduado social o procurador es potestativa en la primera instancia (art. 21.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre). De igual modo, resulta discriminatoria esta circunstancia en relación con la jurisdicción civil, donde no se exige la postulación con abogado y procurador en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios (arts. 23 y 31 de la Ley 1/2000).

Por ello, no podemos mostrarnos de acuerdo con los motivos esgrimidos por el legislador en el sentido de que la falta de representación técnica supone un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz.

¿Cuándo se requerirá la asistencia de abogado? En las intervenciones ante órganos unipersonales (art. 23.1 LJCA), esto es, aquellos que reciben la denominación de «Juzgados», bien se trate de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, bien de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de carácter provincial.

¿Y cuándo será preceptiva la representación por procurador y asistencia letrada? Cuando el recurso resulte competencia de órganos colegiados (art. 23.2 LJCA), esto es, de las «Salas» de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia de cada autonomía.

Sin embargo, en lo que se refiere a las tasas propiamiente dichas -principal motivo de la ley- se exime de la misma a la «interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.» (art. 4.1.d), por lo que, de momento, no se habrá de abonar tasa por acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa por cuestiones profesionales.

La Ley 10/2012 entra en vigor el 22 de noviembre de 2012.

*En homenaje al Prof. D. José Ramón Parada Vázquez.
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