La injusta aplicación de las tasas judiciales a la tropa profesional

soldiers

Es sobradamente conocida, por la amplia repercusión mediática de la que ha sido objeto, la publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, más conocida como «Ley de Tasas».

Dicha ley supone, básicamente, el establecimiento de una tasa para poder acceder a la justicia, estableciéndose en la misma algunas excepciones. Así, la tasa no se exige en primera instancia a los funcionarios cuando acuden a la jurisdicción contencioso-administrativa en defensa de intereses profesionales ni a los trabajadores cuando acuden por el mismo motivo a la jurisdicción social, teniendo ambos colectivos una reducción del 60% de la tasa que le correspondería por la interposición de recursos en ulteriores instancias (apelación/suplicación y casación).

Sin embargo, hay un colectivo que no está considerado funcionario, pero las revisiones de los actos que afectan a su estatuto corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa: la tropa y marinería, que deben pagar la TASA COMPLETA por defender sus derechos laborales, lo que supone una clara y flagrante injusticia y discriminación para estos profesionales que, como dice AUME, la asociación profesional mayoritaria en las Fuerzas Armadas, obliga a los soldados a pagar tasas en la misma cuantía que las entidades financieras que deseen interponer acciones judiciales.

Por considerarlo de interés, reproducimos a continuación el comunicado al respecto de AUME:

«AUME, asociación profesional más representativa de los miembros de las Fuerzas Armadas, denuncia el olvido del Gobierno de los soldados y marineros de las Fuerzas Armadas en relación con la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, por lo que los servicios jurídicos de AUME han constatado que los órganos judiciales contencioso-administrativos están exigiendo el pago de las tasas judiciales a soldados, marineros y militares de complemento, cuando éstos interponen recurso ante resoluciones de los órganos del Ministerio de Defensa, en defensa de sus derechos.

Así, ya existen resoluciones que señalan que ni soldados, ni marineros, ni militares de complemento quedan exonerados del pago de las tasas porque no son considerados como funcionarios.

De esta manera, el grueso de las Fuerzas Armadas, los que hacen que las unidades sean operativas, sobre los que se asienta la defensa de España, y los que, como los demás militares de carrera,están obligados a dar incluso la vida en cumplimiento de la misión que la Constitución Española encomienda a las Fuerzas Armadas, si recurren han de pagar las tasas judiciales, sin que les alcancen las exenciones que sí son aplicables a los militares de carrera y a los demás funcionarios. Tampoco pueden beneficiarse de las reducciones de las tasas judiciales si interponen recursos.» (Más información en http://www.aume.org).

Es de esperar una rectificación de esta situación claramente discriminatoria y perjudicial para nuestros soldados y desde este despacho profesional iniciaremos diversas acciones, tanto judiciales como extrajudiciales, en reclamación de igualdad en el trato para la tropa profesional con respecto al resto de servidores públicos y trabajadores privados.

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