Derecho a no declarar contra sí mismo (avant la lettre)

Hermano-Lobo_EDIIMA20121221_0562_1Es cuestión pacífica tanto en la doctrina como en la jurisprudencia la de que las garantías procesales penales reconocidas en el artículo 24.2 de nuestra Constitución son aplicables de forma extensiva a los expedientes administrativos sancionadores, entre los que se encuentran los expedientes disciplinarios.

Entre tales garantías se encuentran las del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, por lo que resulta evidente que durante la tramitación de un expediente disciplinario (e incluso durante la práctica de una información previa del artículo 44.2 LORDFAS), el encartado puede acogerse a ese derecho.

Ahora bien, durante la vida profesional de todo militar, ¿quién no se ha encontrado con la situación de que, ante cualquier novedad, le es pedida al afectado una información por escrito? Es importante conocer en esos supuestos cual es la finalidad por la que el mando interesa la emisión del informe, pues en el caso de que pretenda depurar responsabilidades disciplinarias, también puede el militar acogerse a su derecho fundamental a no declarar.

Así lo reconoció la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de noviembre de 2000, seguida de otras muchas que la reiteraban (la última de 5 de diciembre de 2013):

cuando un militar es imputado o razonablemente va a serlo, como era el caso del recurrente, una condición se añade a la de militar: la de imputado actual o futuro. Condición añadida que cambia sustancialmente las cosas, pues lo que se pide al interrogado ya no es información sobre un asunto del servicio -al menos no puede ser valorado únicamente como información- sino datos por los que puede ser incriminado. De ahí que la Sala declare que el recurrente tenía derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable; derecho, cuya causa directa se encuentra en la Constitución, que, en esa confrontación con el deber del militar de no ocultar nada que subyace en el planteamiento del Fiscal Togado (entiende que el recurrente tenía derecho sólo a guardar silencio, no a mentir) debe ser mantenido sin restricción alguna, con todo su contenido, esto es, con la posibilidad de callar o incluso de mentir, sin que pueda privarse al interrogado de una de estas formas de autodefensa, pues al ser diferentes los efectos de cada una (según la estrategia defensiva puede preferirse una u otra) se limitaría su derecho fundamental de defensa”.

En consecuencia, cuando a un militar le sea reclamado un informe sobre hechos por los que sospeche que puede ser incriminado, deberá preguntar al mando cual es la finalidad de dicha petición. Y en el supuesto de que la misma se dirija (o pueda dirigirse) a fines disciplinarios, podrá acogerse a su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

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