El Tribunal Militar anula una sanción disciplinaria por supuesta infracción del deber de residencia

Foto: Pedro Redondo (flickr.com). (CC BY-NC-ND 2.0)

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En febrero de 2013, a un Guardia Civil del Puesto Principal de Aldaya le fue impuesta, por el Comandante Jefe de la Compañía de Paiporta, una sanción de pérdida de dos días de haberes por falta leve por «la infracción de las normas sobre el deber de residencia».

Los hechos que dieron lugar a la referida sanción consistieron en que, entre los días 3 al 6 de diciembre de 2012, se personaron en el pabellón de residencia del interesado el Alférez Comandante de Puesto y el Brigada Jefe del Área de Prevención, en una ocasión; y el Cabo 1º del Área de Prevención de la Delincuencia, en otra; sin encontrar respuesta a las llamadas al domicilio.

En esas fechas, el Guardia Civil sancionado se encontraba de baja para el servicio y su hija se hallaba ingresada en un centro hospitalario en Valencia (distante apenas 8 kilómetros de Aldaya).

Formulado recurso de alzada ante el General Jefe de la Zona, sin que resolviera el mismo, se interpuso recurso contencioso-disciplinario ante el Tribunal Militar Territorial Primero, el cual ha dictado sentencia en fecha 8 de octubre de 2014, por la que estima el recurso y deja sin efecto la sanción impuesta.

El Tribunal considera, en primer lugar, que se ha vulnerado el derecho de defensa del interesado, puesto que la citación para la ratificación del parte por el Alférez Comandante de Puesto se produjo con menos de 48 horas de antelación a su práctica —tal y como ordena el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 12/2007—, así como por no otorgar al interesado el trámite de audiencia previsto en el artículo 50.4 de la misma Ley.

Se considera vulnerado también el derecho a la presunción de inocencia, pues tras negar el encartado que hubiera realizado un cambio de residencia, no pueden darse como acreditados los hechos objeto de sanción, «ante la prácticamente nula actividad de comprobación efectuada por el instructor».

Finalmente, el Tribunal considera que —aún en el caso de que se hubieran acreditado los hechos imputados—, los mismos nunca hubieran podido integrar la falta disciplinaria de la infracción de las normas sobre el deber de residencia, pues «no obra en las actuaciones dato alguno que lleve a pensar que entre los días 3 a 6 de diciembre de 2012 el Guardia [J.A.C.] cambió su residencia habitual por otra temporal con la intención de habitar en ella durante el tiempo que durase su baja médica. Por ello y desde la perspectiva de la Orden General examinada, la conducta del recurrente, que en todo momento estuvo localizado y respondió a las llamadas telefónicas que se le hicieron, es absolutamente atípica».

En consecuencia, se estima el recurso, anulando la sanción impuesta.

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