Libertad de expresión y derecho de defensa

El Tribunal Supremo anula la sanción disciplinaria impuesta a un Guardia Civil por el contenido de un escrito de alegaciones formulado frente a un IPECGUCI

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EL IPECGUCI

Un Guardia Civil con destino en el Puesto Principal de Requena (Valencia) y afiliado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) fue calificado en enero de 2013 a través del correspondiente Informe Personal de Calificación (IPECGUCI), siendo valorado de forma negativa en los conceptos de «actitud ante el servicio», «disciplina» y cualidad personal «física».

Tales calificaciones negativas resultaban —en opinión del calificado— contrarias a la realidad, dado que no podía ser calificado negativamente en «actitud ante el servicio» quien había percibido durante todo el año (salvo en un período en el que permaneció de baja) el complemento de productividad funcional, destinado, precisamente, a gratificar la «actividad y dedicación extraordinarias en el desempeño de los cometidos propios de los puestos de trabajo», según dispone la Orden General 10/2006.

La negativa calificación en «disciplina» resultaba igualmente injustificada, pues el interesado no había sido sancionado ni amonestado durante el período que abarcaba la calificación (de hecho, jamás le había sido impuesta hasta ese momento una sanción disciplinaria).

Finalmente, tampoco podía compartir el reproche que se le hacía en cuanto a sus cualidades «físicas», pues durante el año objeto de evaluación no había sido llamado a participar en pruebas físicas para evaluar su condición ni había sido sometido a reconocimiento médico por el Servicio de Asistencia Sanitaria del Cuerpo ni por la Sanidad Militar.

LAS ALEGACIONES

El lógico y fundado descontento con las calificaciones negativas que le habían sido dadas, motivó que el interesado ejerciera su derecho a formular alegaciones contra ese IPECGUCI.

En las alegaciones afirmaba, entre otras cosas, lo siguiente:

“Es parecer de esta parte que la actitud del calificador responde a intereses alejados del objetivo de la evaluación que le ha sido encomendada, en clara infracción de lo dispuesto en el artículo 36 de las citadas Reales Ordenanzas: Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración de los informes personales, así como en los procesos de evaluación en los que participe, así como contraviniendo los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, ejemplaridad, eficacia y honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental que el artículo 5 de la misma norma impone a todo militar en su actuación, como servidor público que es”.

LA SANCIÓN

El Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia consideró que tales afirmaciones resultaban constitutivas de una falta leve de la «desconsideración o incorrección con los superiores» (art. 9.1 LORDGC), por lo que ordenó la incoación del oportuno expediente disciplinario, el cual finalizó con la imposición de una sanción de pérdida de dos días de haberes con suspensión de funciones.

Interpuesto recurso de alzada ante el General Jefe de la Zona, el mismo desestimó el recurso, confirmando la sanción impuesta.

EL TRIBUNAL MILITAR Y EL RECURSO DE CASACIÓN

Igual suerte desestimatoria corrió el recurso contencioso-disciplinario interpuesto ante el Tribunal Militar Territorial Primero frente a dicha sanción disciplinaria.

No conforme con ello, con la dirección técnica de este despacho profesional, el afectado interpuso, frente a la sentencia de instancia, Recurso de Casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Transcurrida la tramitación procedente, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de 31 de octubre de 2014, mediante la que estima el recurso de casación y anula la sanción impuesta, porque considera que con su imposición se vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión del afectado.

La Sala afirma que «el derecho fundamental a la libertad de expresión también se predica de los militares, y de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil (…), con las limitaciones generales afectantes al ejercicio del reiterado derecho (art. 20.4 CE) más las específicas propias de las funciones castrenses contenidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en el Código Penal Militar y en la legislación reguladora del propio régimen disciplinario, necesarias para preservar los principios y valores esenciales de la organización militar».

Pero también resalta que tales limitaciones no pueden reducir «al puro y simple silencio» a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Continúa la Sala analizando las concretas expresiones objeto de sanción y concluye que, aún pudiendo ser dichas afirmaciones constitutivas de una infracción disciplinaria, el Tribunal de instancia no tuvo en cuenta que tales expresiones se produjeron en el ejercicio del derecho a formular alegaciones frente a la calificación.

Así, entiende la Sala de lo Militar del Alto Tribunal que «En estos casos, el ejercicio del expresado derecho fundamental por los militares se refuerza cuando aparece vinculado al derecho de defensa» y que «las limitaciones al ejercicio del tan mencionado derecho fundamental a la libertad de expresión, debe[n] entenderse y aplicarse con carácter restrictivo, como consecuencia de la propia fuerza expansiva de los derechos fundamentales».

Es decir, el ejercicio del derecho de defensa legitima al interesado para criticar la actuación que se impugna, para mostrar su desacuerdo con el contenido del IPECGUCI, resultando así atípicas las expresiones vertidas originariamente en el escrito de alegaciones.

En consecuencia, la Sala estima el Recurso de Casación, anulando la sentencia de instancia y la sanción impuesta.

EPÍLOGO

Tras todo este periplo de casi dos años desde que al afectado le fue puesto de manifiesto el IPECGUCI, queda una cuestión que no ha sido resuelta: el Guardia Civil es calificado de una  forma arbitrariamente baja —como hemos visto más arriba—, lo que puede causarle perjuicios reales y efectivos para la realización de cursos, petición de vacantes de concurso de méritos, etc.

Y, sin embargo, no se conoce ninguna actuación dirigida a depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de tales afirmaciones vertidas por el calificador que resultan contrarias a la verdad y que no resisten la más mínima actividad probatoria.

Todos los esfuerzos se consumieron en el animo sancionador.

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