La excepción a la regla del conducto reglamentario: la presentación de recursos de alzada en vía disciplinaria en la Guardia Civil

Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Foto: Manuel Delgado Tenorio (CC BY-NC-SA 2.0). flickr.com

Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Foto: Manuel Delgado Tenorio (CC BY-NC-SA 2.0). flickr.com

Sabido es que los militares y los guardias civiles tienen que presentar todas sus peticiones, solicitudes, recursos y demás escritos dirigidos a sus superiores mediante el llamado conducto reglamentario, es decir, deben presentarlo individualmente, por escrito y ante su superior inmediato, quien lo elevará a la autoridad competente para resolver a través de la estructura jerárquica.

Esta norma, de aplicación general, admite excepciones cuando así esté regulado en un procedimiento determinado, tal y como sucede en el recurso de alzada frente a sanciones disciplinarias en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, en cuyo artículo 76.1 se dispone: «Los recursos de alzada y de reposición se dirigirán a la autoridad competente para resolverlo, bien de manera directa o a través de la unidad en la que preste sus servicios o en la que esté encuadrado administrativamente el interesado.»

Ello viene a suponer una excepción a la obligación de presentar los recursos a través del conducto reglamentario, fundamentada -con buen criterio a mi entender- en que quien recurre frente a una sanción impuesta no tiene por qué hacer frente al trance de exponer sus objeciones a la sanción frente al propio mando dador del parte o sancionador.

Por la misma razón que consideramos acertada dicha regulación, no compartimos que la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas no contemple también esta posibilidad para los miembros de las Fuerzas Armadas.

La aplicación práctica del precepto citado supone que el recurso de alzada puede presentarse en la unidad de destino del sancionado (la forma tradicional), o bien de manera directa, esto es, presentándolo en el registro de entrada del órgano de la autoridad competente para resolverlo o haciéndolo en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

  • En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
  • En las oficinas de Correos.
  • En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

A los anteriores, debe añadirse -en el caso de sanciones por falta grave o muy grave- la posibilidad de presentar los recursos ante el instructor del expediente (art. 76.2 de la L.O. 12/2007).

La conclusión es sencilla: los guardias civiles pueden presentar recurso de alzada frente a sanciones disciplinarias bien en su Unidad de destino, bien ante el instructor del expediente o bien en cualquiera de los registros que señala la Ley 30/1992, como hemos visto.

Pese a la claridad del mandato legal, el General Jefe de la Zona de Valencia de la Guardia Civil inadmitió el recurso de alzada frente a una sanción disciplinaria que presentó un Guardia Civil en la Delegación de Defensa en Valencia, bajo el argumento de que la presentación en dicho registro no constituía una forma de presentación «directa».

Interpuesto recurso contencioso-disciplinario frente a tal inadmisión, el Tribunal Militar Territorial Primero, mediante sentencia de 29 de abril de 2014, estimó el recurso, por considerar que la interpretación de esta parte «es acertada en cuanto a que se facilita por la normativa disciplinaria de la Guardia Civil que el interesado-sancionado elija a quien dirige el escrito, con exención de la exigencia del deber de cumplimentar el conducto reglamentario -cuya observancia sí es imperativa en el ámbito de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas-.»

Indica, además, la sentencia que esta cuestión debe ser «así considerada, en aras del beneficio del principio “pro actione“, es decir, a facilitar al administrado el ejercicio de las acciones tendentes a la defensa de sus derechos».

El Tribunal, por lo tanto, anula la sanción impuesta por cuanto la inadmisión del recurso de alzada vulneró el derecho fundamental a la defensa del interesado, ordenando a la autoridad competente que admita y resuelva el recurso de alzada interpuesto.

 

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