Elecciones generales 20-D. Ciudadanos.

 

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Continuamos con la presentación de los programas electorales de los cuatro partidos con mayor expectativa de voto para el próximo 20-D, en relación a sus políticas de personal para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiéndole hoy el turno a Ciudadanos.

El programa de esta formación tiene dos epígrafes en los que se recogen las citadas materias. El primero de ellos es el denominado «Programa de interior», con las siguientes propuestas, comunes para miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía:

*Promoveremos un Acuerdo Marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno de los FFCCSS del Estado en base a marcos competenciales homologables entre ellos.

Se trata esta de una vieja aspiración: la igualdad salarial, ampliada ahora a la homologación en ambos cuerpos de las condiciones de trabajo y de conciliación. Pensamos que la primera de tales medidas no debe conformarse con igualar los salarios de las FFCCSS del Estado entre sí, sino que debe igualarlos (al menos) con las retribuciones que perciben los miembros de las policías autonómicas.

*Velaremos por el fomento y el cumplimiento estricto de los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las FFCCSS del Estado, con criterios de transparencia y participación.

Absolutamente necesaria esta medida y muy acertada su pretensión de que -además de someterse al cumplimiento de los principios de mérito y capacidad- los procesos de ascenso sean transparentes, única garantía del cumplimiento de tales requisitos.

*Promoveremos las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección y administrativos de las FFyCCSE, asegurando la formación de sus integrantes en aquellas materias normativas que les permitan exigir una correcta gobernanza en el seno de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Tienen un gran camino por recorrer en este sentido en el Cuerpo de la Guardia Civil, donde resulta imposible tener acceso, ni siquiera, a los baremos de los concursantes para ocupar una vacante de méritos, haciendo inútil el control de la actividad administrativa.

*Revisaremos la adecuación de los procesos de ascenso y promoción interna, evitando cualquier sombra de subjetividad, favoritismo o discrecionalidad.

Medida que debería resultar innecesaria en una Administración que se sometiera plenamente a la legalidad, como corresponde a un Estado de Derecho, pero en la que queda mucho camino por recorrer. Y habría que añadir también la lucha contra la subjetividad en la provisión de algunos puestos de trabajo, no sólo en cuestiones de promoción y/o ascenso.

*Actualizaremos los procedimientos de reconocimiento de los méritos profesionales y la concesión de condecoraciones, primando los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Los expedientes de concesión de recompensas estarán sometidos, en todo caso a la referida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Poco que añadir a lo que ya hemos indicado sobre la aplicación de estos principios respecto al sistema de ascensos y promoción.

*Potenciaremos una política efectiva de Prevención de Riesgos Laborales en el seno de las FFyCCSE.

Se trata de una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra joven democracia y en este programa se echa en falta alguna concreción más al respecto, qué concretas medidas pretenden adoptar para alcanzar dicho fin.

*Revisaremos el Régimen de Personal y el Régimen Disciplinario, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, teniendo en cuenta los parámetros regulados en el estatuto del empleado público.

Siendo apropiada la medida (pues toda mejora en las garantías al expedientado es positiva), la lucha debería centrarse en intentar evitar el abuso del empleo del régimen disciplinario: la amenaza constante. Cambiar la política del palo y la zanahoria por la estimulación de los subordinados. Debe inculcarse en todas las Academias un adecuado estilo de mando en el que el superior sirva de ejemplo a sus subordinados.

*Mejoraremos los mecanismos de participación y representación de los Consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en aras de una mayor transparencia e influencia en los procesos normativos y en la toma de decisiones que afecten al personal y a los recursos públicos afectados.

La experiencia de la legislatura que ahora acaba nos demuestra el ninguneo al que se ha sometido al Consejo de la Guardia Civil, por lo que no es suficiente con su mera existencia, sino que debe ser dotado de un reglamento de funcionamiento que garantice el cumplimiento de sus funciones.

*Proponemos la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil, dotándole de mayor conexión con las universidades y empresas.

Nada que comentar al respecto, pues se trata de una medida que ya debería estar en funcionamiento.

El programa de Ciudadanos incluye también algunas propuestas específicas para el Cuerpo de la Guardia Civil:

*Promoveremos la mejora de la Formación en el Cuerpo de la Guardia Civil como medio de mejora de la instrucción de los efectivos del Instituto Armado, actualizando el contenido de sus diferentes cursos y especializaciones, así como el acceso a los mismos.

Es imprescindible la formación continua de los agentes que prestan servicio a diario en la calle. La excesiva producción normativa hace difícil estar al día en legislación, herramienta fundamental en su quehacer diario.

*Velaremos por el desarrollo efectivo del derecho de asociación en el Cuerpo de la Guardia Civil, iniciando el procedimiento de readmisión de los agentes que han sido expedientados y expulsados por solicitar dicho derecho al amparo del Art. 22 de la Constitución.

No se han atrevido a hablar abiertamente del derecho a la sindicación (reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pero al menos ha de valorarse positivamente su intención de desarrollar y proteger el derecho de asociación, aunque no señala qué medidas concretas propone adoptar para la salvaguardia de ese derecho. Por supuesto, cualquier democracia que se precie, debe reponer el honor de todos aquellos que fueron castigados por defender algo tan básico como el derecho de asociación.

*Velaremos por la aplicación efectiva del Régimen Disciplinario en el Cuerpo de la Guardia Civil, evitando la aplicación del Código Penal Militar o el ingreso en prisión por la comisión de faltas disciplinarias, salvo aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, exigen la sujeción al CPM, como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares.

Nada nuevo nos propone aquí Ciudadanos, pues todo lo recogido en este párrafo ya está actualmente en vigor. Si acaso, habría de velar por una aplicación del Régimen Disciplinario como última ratio y no como herramienta de acoso y atemorización del subordinado como está sucediendo en algunos casos.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, bajo el epígrafe «Una nueva política de Seguridad y defensa para España», Ciudadanos aborda los diferentes aspectos de la Defensa.

En el apartado «II. Unas Fuerzas Armadas en defensa de nuestra paz y seguridad» afirma lo siguiente:

*Garantizaremos a los miembros de las FFAA que participan en las misiones en el exterior los medios materiales necesarios para desarrollar su misión y proteger su seguridad. De igual manera se reconocerá públicamente su sacrificio y entrega a la Nación.

Esta propuesta no debería ir en el programa de ningún partido político, porque ya debería darse por hecha, pero -desgraciadamente- no es así. En todo caso, el programa vuelve a pecar de vaguedad al no señalar como se producirá ese reconocimiento del sacrificio y entrega de los militares.

Más adelante, en el apartado «VII. El militar, nuestro mejor activo» presenta las políticas en materia de personal:

*Para disponer de una auténtica reserva militar que permita incrementar si es necesario el número de efectivos, potenciaremos la figura del reservista voluntario diseñando un plan específico donde se prime el componente de formación, preparación y compatibilidad con la vida laboral de esta figura.

*Propondremos una reforma de la Ley de la Carrera Militar que garantice la promoción y progresión profesional de los integrantes de las FFAA subsanando las disfunciones que crean los mecanismos subjetivos de evaluación para el ascenso y los perjuicios causados en referencia a la integración de las escalas, los ascensos o la consolidación de las escalas de complemento. Estudiaremos los posibles agravios derivados de reformas anteriores de esta Ley, para restablecer la justicia profesional, compensar los perjuicios ocasionados y restablecer las legítimas expectativas de progresión en la carrera militar perdidas.

Tal y como señalábamos antes para la Guardia Civil, resulta positivo eliminar los elementos subjetivos en los procesos de evaluación (y no sólo para el ascenso, sino en todos los ámbitos).

Le falta valentía al programa al abordar el asunto de los agravios causados con las reformas anteriores de la carrera militar, pues no nombra el que resulta, en mi opinión, el mayor de todos: el de los suboficiales que ingresaron en la Escala Básica antes del 1 de enero de 1990, ni tampoco señala como va a restablecer en sus derechos a los perjudicados.

*Potenciaremos la promoción interna como forma [de acceso] a las escalas de suboficiales y oficiales, para aprovechar la experiencia y las capacidades de los militares en activo que aspiran a mejorar en su plan de carrera.

Siempre vamos a recibir de forma positiva cualquier medida dirigida a estimular la carrera profesional de los militares lo cual, a su vez, redunda en un beneficio de la Institución.

*Integraremos las actuales escalas de Tropa y Marinería en un sistema único de carrera militar, desapareciendo los compromisos temporales y dotando a sus componentes de las capacidades necesarias para el desempeño de sus cometidos profesionales en función de la antigüedad y de los conocimientos adquiridos. Los contratos temporales se limitarán a la fase inicial hasta la obtención de la capacitación necesaria para la integración en la escala.

No podemos más que mostrarnos de acuerdo con esta medida tendente a terminar con la precariedad laboral de los militares de Tropa y Marinería. Y lo mismo debería predicarse de los militares de Complemento, de los cuales aquí no se dice nada al respecto.

El siguiente epígrafe, titulado «VIII. Los deberes del militar y respeto de sus derechos», recoge las siguientes propuestas:

*Potenciaremos el Observatorio de la Vida Militar y el Consejo de Personal de las FFAA como instrumentos de análisis permanente e interlocución de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los derechos y libertades de los miembros de las FFAA. El Observatorio de la Vida Militar quedará plenamente adscrito a las Cortes Generales, revisando sus competencias y funciones, con la consiguiente dotación presupuestaria en ese ámbito y dotándole de un Reglamento específico aprobado por las Cortes. El Consejo de Personal de las FAS debe transformarse en un órgano de participación colegiado y sus informes deben considerarse vinculantes a todos los efectos.

Estableceremos protocolos de control y supervisión que persigan y sancionen ejemplarmente de aquellas conductas que atenten contra los derechos y libertades individuales de los miembros de las FFAA. En este sentido, promoveremos una reforma de la Ley de Derechos y Deberes de forma que los derechos de los profesionales de las FAS sólo estén limitados de forma concreta y proporcionada por su condición de servidores públicos y por la debida reserva exigible en el desempeño de sus funciones.

Compartimos la idea de que tanto el  Observatorio de la Vida Militar como el Consejo de Personal de las FAS constituyan órganos con funciones reales y efectivas, al contrario de lo que sucede en la actualidad. Nos sorprende, sin embargo, que se otorgue fuerza vinculante a los informes del Consejo de Personal. Estaremos atentos a este aspecto.

En cuanto a los protocolos de control y supervisión, deben establecerse dos premisas sin las cuales no gozarán de efectividad: a) la denuncia o queja de los militares agraviados ante los órganos encargados del cumplimiento de los protocolos, debe poder presesentarse directamente, sin sujeción al conducto reglamentario; y b) los órganos de control deben estar constituidos por personal especializado, independiente y ajeno a las FAS.

*Para compensar los excesos de jornada y horarios derivados de la disponibilidad permanente, las misiones, los ejercicios y maniobras, así como los diferentes servicios que van más allá de la simple jornada laboral, estableceremos una regulación específica que facilite en lo posible la conciliación de la vida personal y familiar.

Constituye este, a nuestro juicio, de uno de los principales obstáculos en la actualidad para los militares, siendo conscientes de que es difícil conjugar la operatividad de las unidades con el derecho a conciliar la vida personal y familiar, pero deben agotarse todos los recursos disponibles antes de recortar este derecho.

Siendo loable el fin, tampoco propone el programa ninguna medida concreta para llevar a efecto esta propuesta.

*Potenciaremos los servicios de Acción Social de las FAS, con la finalidad de promover políticas activas de protección y apoyo social a los militares y sus familias que permitan mitigar las disfunciones y deficiencias que se producen en sus entornos familiares y sociales, como consecuencia de la disociación familiar temporal, la movilidad geográfica, las misiones, las maniobras y ejercicios, que dificultan la conciliación.

*Velaremos especialmente por la estricta aplicación de las políticas de igualdad y del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las FAS.

Como hemos señalado con anterioridad, el problema actual no deriva del protocolo (o, al menos, no sólo de él), sino de la dificultad para denunciar por parte de la víctima, al estar obligada a acudir al «conducto reglamentario», esto es, a denunciar a través de la cadena de mando, en la que puede integrarse su acosador.

El siguiente epígrafe se dedica a la «IX. Integración del militar en la vida civil».

*Diseñaremos e impulsaremos estrategias específicas de formación y capacitación profesional reglada de los miembros de las FFAA durante su etapa militar como garantía de su inserción laboral en el ámbito civil una vez finalizado su servicio. Crearemos una oficina de inserción laboral potenciando la firma [de] convenios específicos con las empresas. Concienciaremos a la sociedad de que los valores constitutivos de las FFAA, disciplina, responsabilidad y sacrificio, son un valor positivo añadido en la responsabilidad laboral y, a semejanza de lo que ocurre en los países más avanzados, la licencia será considerada como una garantía y aval de capacidad profesional en la vida laboral.

No comprendemos muy bien que en el mismo programa se proponga dotar de carrera militar a la Tropa y Marinería y, a la vez, diseñar «estrategias de formación» para garantizar su inserción laboral una vez finalizado el servicio. Si el militar de Tropa y Marinería va a ser un militar de carrera, ¿por qué motivo ha de ser licenciado en edad laboral?

Además, la segunda parte de la propuesta (concienciar a la sociedad) se nos antoja harto difícil mediante la acción del Gobierno. No pasará de ser una declaración de buenas intenciones.

A muestro juicio, la solución pasa porque a partir de cierta edad o de cierto nivel de condiciones psicofísicas, los militares de Tropa y Marinería pasen a desempeñar destinos de carácter más técnico, burocrático o de apoyo o incluso en otros cuerpos de la Administración.

*Potenciaremos las medidas dirigidas al apoyo personal y familiar de los miembros de las FFAA. Entre otras medidas, elaboraremos una ley de movilidad geográfica para ayudar y resolver las carencias que tiene el sistema actual de cambio de destino forzoso de los profesionales de las FFAA con el objeto de mejorar la conciliación laboral y familiar compatibilizándolo con las necesidades estratégicas y operativas de las FAS.

Otra declaración de buenas intenciones, pero que no concreta mediante qué medidas van a mejorar esa conciliación laboral y familiar de los militares.

Finalmente, en lo que aquí interesa, el epígrafe «X. Una Justicia Militar independiente» contiene una única propuesta:

*Homologaremos la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales, garantizando la plena independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares. Por ello, adecuaremos la ubicación de la Sala V de lo Militar bajo competencia del Ministerio de Justicia y sus magistrados serán nombrados conforme al procedimiento en que se provisionan en el resto [de] salas del Tribunal Supremo.

Medida adecuada que puede contribuir a garantizar la independencia de los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El programa completo de Ciudadanos puede consultarse aquí.

Se agradecen comentarios, sugerencias, opiniones y cuantos materiales sirvan para enriquecer el debate acerca de esta materia.

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