«Tolerancia Cero» frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas: difícil apuesta sin presupuesto

take_actionRecientemente, por Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa, fue publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (BOE 312, de 30 de diciembre de 2015), guía de actuación para evitar abusos ya en vigor que, lamentablemente, tiene como antecedente inmediato –y más visible-, la presión social derivada del cúmulo de vejaciones sufridas por la Comandante del Ejército de Tierra, ahora en situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas en acto de servicio, Zaida Cantera. Precisar, a este respecto, que resulta curioso y sorprendente la escasa trascendencia de supuestos de acoso similares – y sin duda más numerosos- cuando se trata de  víctimas sujetas a un relación profesional de carácter  temporal con las Fuerzas Armadas que, ante una denuncia, ven peligrar su relación laboral.

    Pese a todo, no cabe duda que se trata de un importante avance en la cultura de la “tolerancia cero” en las Fuerzas Armadas que, desde el punto de vista normativo, tiene su “punto de inspiración”, entre otros, en el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y en el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, recogidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Especialmente relevante, a este respecto, resulta la incorporación de nuevas faltas disciplinarias  en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tipifican el acoso sexual y por razón de sexo y, además y por primera vez en el ámbito penal militar, la tipificación como conductas punibles en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, del acoso sexual, por razón de sexo y profesional, así como cualquier atentado contra la libertad o indemnidad sexual.

     El Protocolo establece para el cumplimiento de sus fines la adopción de medidas, a diferentes niveles, para alcanzar su objetivo primordial: erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas; su lema, “tolerancia cero”.

    Así, y en primer lugar, se establecen medidas de carácter preventivo con el propósito de proporcionar tanto a la víctima (Guía práctica) como al Mando (Manual de buenas prácticas) los instrumentos de información, formación  y sensibilización suficientes para prevenir y afrontar las posibles situaciones de acoso, incluyendo a estos efectos en los planes de estudio temas relacionados con la prevención del acoso.

    En segundo lugar, y como medidas de protección inmediata a la víctima, garantizando en todo caso el derecho a la intimidad, se establecen los procedimientos de denuncia, investigación y sanción oportunos asegurando la protección integral de la víctima (medidas de atención de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico, medidas de seguimiento y de acompañamiento de la víctima).

    En este sentido, el procedimiento de actuación se inicia con la interposición de la denuncia, bien directamente por el perjudicado, bien a través de una persona de confianza de éste, bien a través de un tercero que tenga conocimiento del hecho o que lo haya observado.

     Conviene precisar como dato relevante que, cuando se presente la denuncia por vía disciplinaria, no será necesario presentarla por conducto reglamentario, sino que se podrá tramitar directamente ante la Unidad de Protección frente al Acoso, órgano ajeno a la cadena orgánica de mando  que sirve de canal voluntario de transmisión de denuncias –único por cada  Ejército-, que además prestará asistencia integral de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico a la víctima, o ante la autoridad con competencia disciplinaria. En ambos supuestos, será necesario conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, informar al superior jerárquico (o al superior de éste si coincide en la persona del infractor) del hecho de haber presentado la denuncia sin necesidad de entregarle copia de la misma.

     En todo caso, las autoridades con potestad disciplinaria, una vez recibido el formulario, parte o escrito por acoso y según los indicios y la gravedad de los hechos podrán acordar: el inicio de una información previa para el esclarecimiento de los hechos, designando para su instrucción a un militar ajeno a la unidad de destino; la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave o, en su caso, la remisión de la denuncia al Juzgado Togado Militar o Fiscalía Jurídico Militar correspondiente.

    Por otra parte, cuando la denuncia se presente directamente en la vía penal, el denunciante podrá dirigirse dentro de la jurisdicción militar a los Juzgados Togados Militares o a las  Fiscalías Jurídico Militares, según su preferencia.

      El Protocolo de actuación prevé, en tercer lugar, un elenco de medidas cautelares en vía disciplinaria, antes de la instrucción del expediente por falta muy grave, adoptadas por el Jefe de Unidad del presunto infractor (arresto cautelar, por un periodo máximo de cuarenta y ocho horas; cese en sus funciones por un plazo máximo de dos días; además, en cualquier momento, el jefe de unidad podrá cambiar de puesto al presunto infractor, dentro de la unidad de destino), por la Autoridad disciplinaria (arresto preventivo, por un tiempo no superior a veinte días, cese de funciones, por tiempo que no exceda de veinte días o pase a la situación administrativa de suspensión de funciones, por un tiempo máximo de seis meses) o por el Jefe de Unidad de la víctima (a petición de ésta podrá asignarle un puesto distinto en la unidad de destino).

   Asimismo, y como medidas cautelares en los supuestos de apertura de vía penal, la autoridad militar podría adoptar, entre otras, cambiar al presunto acosador de puesto de trabajo dentro de la misma unidad, acordar el pase a la situación administrativa de suspenso de funciones del mismo o acceder, en su caso, a la comisión de servicio solicitada por la víctima.

   De igual forma, y en cuanto a los efectos derivados del enjuiciamiento o expediente en un procedimiento disciplinario por falta muy grave, por conductas constitutivas de acoso, se apunta que los órganos de evaluación tendrán esta circunstancia en consideración a los efectos de valorar las evaluaciones para el ascenso y los IPEC,s., precisando en este último caso que “cuando se haya interpuesto denuncia o parte por acoso sexual o por razón de sexo el presunto acosador no podrá ser único calificador, formar parte de la junta de calificación, ser superior jerárquico de la misma, ni formar parte de la junta de evaluación de la víctima”.

   Finalmente, y en cuanto a las medidas de control y seguimiento, corresponde a la Unidad de Protección frente al Acoso y al Observatorio Militar de Igualdad proporcionar la información necesaria a las víctimas, gestionando la atención médica y psicológica que pudieran precisar y realizando los seguimientos oportunos para asegurar la indemnidad integral de las mismas.

   En todo caso, y aunque resulta evidente el compromiso de la Administración de eliminar conductas tan deleznables como el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que atentan contra la dignidad personal y el principio de igualdad, no se entiende la contención del gasto para aplicar las medidas previstas en este Protocolo, cuando se afirma que, “se llevarán a cabo con los medios personales y materiales de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, sin aumento ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de persona”.

    En este sentido, no parece fácil, ni mucho menos creíble alcanzar la metas propuestas de “tolerancia cero” cuando no existe una previsión especifica de gasto en formación preventiva al respecto en los centros de enseñanza militares, ni las Unidades de Protección frente al Acoso se nutren de personal altamente cualificado, en especial de psicólogos y psiquiatras formados en este área. No cabe duda, por tanto, que la formación y la adquisición de habilidades y conocimientos en la materia y su difusión requieren inversión, máxime cuando está en juego el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, principios que, quizás, y siendo realistas, estarían mejor salvaguardados si las Unidades de Protección frente al Acoso estuvieran constituidas por personal civil cualificado y no militar, no vinculado a la jerarquía y directrices castrenses, opinión que compartimos en este punto con Noelia Landete, psicóloga experta en violencia de género, quien además afirma: “La estructura del Ejército está dañada. Debido a la jerarquía militar se propicia mucho más el acoso sexual que en otros ámbitos. Además, a esas unidades habría que dotarles de presupuesto porque sin apoyo económico hay muchas medidas que no se pueden desarrollar” (citada en este artículo de Laura Galaup en http://www.eldiario.es).

    La conclusión, a nuestro juicio es evidente: aún reconociendo los avances en la materia no es posible implementar una cultura de “Tolerancia Cero” frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas sin contar con la dotación económica suficiente.

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