Unidades de Protección frente al Acoso

Corporal J.M. Robins (1941). Laura Knight. © Imperial War Museum, London

Corporal J.M. Robins (1941). Laura Knight. © Imperial War Museum, London

 El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 7 de abril de 2016 (BOE. 84) la Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA,s), en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (BOE 312, de 30 de diciembre de 2015), guía de actuación que, como señalábamos en un artículo precedente («Tolerancia Cero» frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas: difícil apuesta sin presupuesto), venía a implementar medidas de distinta naturaleza (preventivas, de protección inmediata a la víctima, medidas cautelares en vía disciplinaria y penal, medidas de control y seguimiento) con el propósito de promocionar la tolerancia cero frente a conductas tan deleznables que, recordemos, ya encuentran su reproche disciplinario y penal, respectivamente, en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y, además y por primera vez, en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Miliar.

Precisamente, y en el marco de las medidas apuntadas, las Unidades de Protección frente al Acoso –UPA,s-, vendrían a proporcionar la información y sensibilización necesarias a las víctimas y la protección necesaria canalizando, en su caso, la tramitación de denuncias y gestionando la atención médica y psicológica que pudieran precisar, y todo ello acompañado de un control y seguimiento adecuados para asegurar la indemnidad integral de las mismas.

En este sentido, las UPA,s que deberán estar constituidas en el plazo de dos meses, nacen como una unidad externa a la cadena orgánica de mando, cuyo ámbito de aplicación subjetivo comprende, con independencia de la naturaleza civil o militar del presunto acosador, el personal militar profesional -salvo que tengan la condición de militar en suspenso-, los reservistas activados o en periodo de formación y los alumnos de los centros militares de formación. Asimismo, y para el desarrollo de sus cometidos, las UPA,s contarán, según se señala, con “personal militar cualificado” –psicólogos, médicos y juristas- que se relacionarían con las distintas Unidades, Centros y Organismos para el cumplimiento de sus fines, y todo ello, recordemos, bajo el “mantra” de la contención del gasto.

Llegados a este punto, y aún reconociendo los avances normativos en la cultura de la “tolerancia cero”, no obstante quedan a menudo desdibujados cuando, desde el punto de vista organizativo, la asunción de las medidas de prevención, protección y control y seguimiento del acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se supedita a estructuras estrictamente de índole castrense y, además, sujetas a un control estrictamente militar. Resulta curioso, a este respecto, que la creación de las UPA,s no haya contado, como sería preceptivo ex artículo 2.1.b.7ª del RD. 910/2012, de 8 de junio, con la interlocución del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que, con sus aportaciones y la experiencia acumulada de sus asociados, podría haber contribuido a mejorar y/o perfeccionar el texto, tal y como han venido denunciando las asociaciones militares profesionales.

Por otra parte, y así lo expusimos en el artículo precedente, considerando los bienes jurídicos protegidos se impone una previsión específica de gasto más generosa, ahondando en campañas formativas y de sensibilización;  además, y con carácter urgente, se precisa deslindar las UPA,s de la estructura militar, nutrirla de personal civil altamente cualificado, que de forma independiente y ajeno a la cadena de mando, atienda sus cometidos sin reparar en el empleo o “status” de la víctima. Sucede, a menudo, que gozan de notoriedad determinados casos de acoso cuando se trata de militares de carrera y, sin embargo, pese a ser más numerosos, pasan desapercibidos los supuestos de acoso de quienes sujetos a un relación profesional de carácter temporal ven peligrar, en caso de denuncia, su relación laboral con las Fuerzas Armadas.

 Finalmente, y ante la aparente próxima publicación de las instrucciones y disposiciones de desarrollo de las UPA,s, denunciar que resulta, cuanto menos inaudito, que existan distintas Autoridades facultadas para el desarrollo de la orden ministerial, según el destino del personal militar afectado, cuando debería imponerse de forma unívoca directrices comunes, habida cuenta que la víctima de acoso no se distingue por el ejército de procedencia; a menudo, y ante supuestos idénticos, es frecuente que cada Ejército o Mando de Personal, según sus características funcionales, exija trámites o documentación distintas, haciendo factible la máxima muy extendida entre los militares de que “cada Ejército hace la guerra por libre”. Confiemos que, ante la relevancia de la materia regulada, se imponga la cordura.

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