La jurisdicción militar y la quiebra del derecho al juez natural

ddv

En el Boletín Oficial de Defensa del pasado día 15 de junio se publicaba una orden de la Ministra de Defensa por la que se nombraba una comisión de servicio en el Tribunal Militar Central a un General Auditor, hecho que ha alcanzado notoriedad a raíz de la nota de prensa emitida al respecto por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), por cuanto consideraba dicho proceder como una injerencia del Ministerio en la Jurisdicción Militar.

La provisión de plazas en los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción militar se realiza mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde la reforma operada en la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, por virtud de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre. Puede consultarse un análisis de esta reforma en el blog «La Toga Castrense».

Por lo tanto, el nombramiento en comisión de servicio de un General Auditor para desempeñar funciones jurisdiccionales supone -como señala la AUME- una clara injerencia del Ministerio en la Jurisdicción Militar y, añadimos nosotros, un claro desprecio hacia el CGPJ y, en consecuencia, a la separación de poderes.

Más importante, si cabe, es la quiebra del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley que se producirá si el citado comisionado -como es de prever- ejerce funciones jurisdiccionales.

El derecho al juez ordinario predeterminado por ley se recoge ya en las primeras declaraciones de derechos surgidas en el siglo de las luces, con el despertar de la Ilustración. Así, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 reconoció el derecho de todo hombre «a un juicio rápido por un jurado imparcial de su vecindario» (art. VIII). Se entendía de este modo que la proximidad aseguraba un «Juez justo» y así se consagró en la Constitución de los Estados Unidos como «derecho a ser juzgado, rápidamente y en público,  por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley.» (enmienda VI, 1791) (1).

 

En idéntico sentido, los primeros textos constitucionales franceses y la ley de organización judicial de 1790, emanada de la Asamblea constituyente, recogen la figura del «Juez natural del lugar», en contraposición a los «jueces de atribución o de privilegio y de los comisarios» y las avocaciones no determinadas, manifestaciones todas ellas de las injerencias regias en las competencias de los órganos judiciales.

Este derecho a ser juzgado por un tribunal competente predeterminado por ley fue recibido en nuestro Derecho desde los orígenes del Constitucionalismo, en la Constitución de Cádiz de 1812 (art. 247).

En la actualidad, el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley está proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución y contiene una garantía procesal y orgánica al servicio de la independencia e imparcialidad judicial que asegura a los ciudadanos que su causa será conocida por un concreto tribunal preexistente y determinado de acuerdo con unas reglas previas al caso. Esta garantía jurisdiccional deriva de la ley, que establece normas de organización y procedimiento.(2)

Como señala Juan Manuel Goig (3), para el ciudadano de a pie, este derecho significa, nada más y nada menos, que el juez que vaya a resolver cualquier cuestión no será caprichosamente designado.

Consecuencia de esta garantía es la independencia e inamovilidad de los jueces.

La predeterminación no se refiere en exclusiva al órgano judicial en su conjunto, sino que alcanza también a los jueces que lo componen y, en especial, en supuestos conflictivos como suplencias, sustituciones, comisiones de servicio, etc. Así, siguiendo a García Roca (obra citada), una manipulación arbitraria de la composición de la Sala incidiría directamente en el derecho fundamental controvertido.

En definitiva, la provisión de un puesto en un órgano jurisdiccional mediante una comisión de servicio nombrada por la Ministra de Defensa resulta contraria al derecho al juez ordinario predeterminado por ley, pues en el nombramiento se ha esquivado la intervención del Consejo General del Poder Judicial y el comisionado no goza de las garantías de independencia y, sobre todo, de inamovilidad que deben revestir a los componentes de los órganos judiciales, dada la amplia discrecionalidad de la Administración en la remoción de las comisiones de servicio.

Cualquier ciudadano que sea enjuiciado por una Sala de la que forme parte el comisionado, podrá invocar su derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley. Y, a este respecto, no podemos olvidar que el ejercicio de los derechos fundamentales está cimentado en la dignidad de la persona que el artículo 10.1 de la Constitución declara fundamento del orden político y de la paz social y, si se trata de un militar, en la dignidad del mismo que, paralelamente, proclama el artículo 11 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas («La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.»)

  1. Javier García Roca, El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Revista Española de Derecho Constitucional. N° 34. Enero abril 1992.
  2. Enric Fossas Espadaler. Legislador y derecho fundamental al juez legal. Revista para el análisis del Derecho. www.indret.com. Universitat Autònoma de Barcelona. Abril 2016.
  3. Santiago Sánchez González, Pilar Mellado Prado, Juan Manuel Goig Martínez. La Democracia Constitucional Española. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. 1997.

 

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2 respuestas a La jurisdicción militar y la quiebra del derecho al juez natural

  1. @scasagu dijo:

    Me parece un comentario muy acertado. Lo que desconozco es si el general en cuestión será designado para constituir “Sala” en cualquier asunto judicial. Confío que impere la cordura y la Ley y que esto no ocurra. Un saludo.

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