Con la Constitución 

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Portada del diario ‘El País’ del día 24 de febrero de 1981

«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.» (art. 1.2 CE)

En las ocasiones en que he visitado la sede de la redacción de El País en la Comunidad Valenciana siempre me ha llamado la atención la portada de dicho diario correspondiente al 24 de febrero de 1981, que luce allí enmarcada. La sencillez en la imagen, la composición y la contundencia del mensaje me evocaban el periodismo de principios del siglo XX, cuando la prensa escrita era el principal medio de comunicación.

Hoy, en este blog por primera vez desde que inició su andadura no vamos a tratar temas de Derecho militar (teníamos prevista una entrada sobre ascensos honoríficos), porque hay ocasiones en que la situación requiere cerrar filas.

Tampoco vamos a realizar un profundo análisis de la cuestión, pues desde hace ya varios días  (meses, más bien) abundan muy buenos estudios al respecto por reputados juristas de todas las ramas del Derecho, desde la judicatura hasta la abogacía,  pasando por la Fiscalía, la Universidad, etc., que podemos consultar en medios de comunicación impresos y digitales, así como en numerosos blogs.

Pero menos aún queremos permanecer ajenos a este intento de ruptura de nuestra Nación y de la norma básica de convivencia que los españoles nos dimos hace casi cuarenta años y que fue el resultado de un ímprobo esfuerzo de todas las fuerzas políticas del momento por superar aquella catastrófica guerra fratricida.

Todo es mejorable y la Constitución no es una excepción.  Ni es perfecta ni en su nacimiento pudo prever cuestiones futuras. Pero su reforma tiene unos cauces, previstos en la propia norma. Todos los españoles tenemos derecho a modificar la Constitución en aquello que no nos guste, únicamente se requiere para ello algo básico en democracia: alcanzar una mayoría política en las urnas capaz de llevar adelante los cambios deseados. Pero nadie tiene derecho a desobedecer ni la Constitución ni el resto de normas legítimamente emanadas de nuestras instituciones, pues entonces no estaremos hablando de democracia, sino de la quiebra de la misma.

El propio preámbulo de nuestra Carta Magna nos indica claramente que es característico en el Estado de Derecho «el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular». Es el imperio de la ley lo que garantiza que somos democracia.

Y su artículo 1.2 lo expone con total nitidez: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.» En todo el pueblo español, por lo que ninguna parte del mismo puede arrogarse de la voluntad de la totalidad del pueblo.

Al igual que aquella portada de El País, la propia ley fundamental también lo expresa de modo firme, claro y contundente. Por lo tanto, no tenemos nada más que añadir: nosotros, con la Constitución.

 

 

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