Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas

«Wreck of the 'Birkenhead'»,de Lance Calkin. Óleo sobre lienzo. (c) The Black Watch Castle & Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation

«Wreck of the ‘Birkenhead’»,de Lance Calkin. Óleo sobre lienzo. (c) The Black Watch Castle & Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation

En el Boletín Oficial del Estado del día de ayer se publicaba la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas (Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, BOE. 28, de 2 de febrero) que dependerá orgánica y funcionalmente de la División del Servicio de Apoyo al Personal (Dirección General de Personal), que tiene como objetivo principal difundir y coordinar la política social para el personal militar, así como la prestación de apoyo continuado a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto de servicio.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas nace con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas aglutinando las políticas y líneas de acción necesarias en el ámbito de la discapacidad, canalizando las demandas y necesidades del personal discapacitado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y potenciar su integración y el desarrollo personal y profesional, eliminando cualquier tipo de discriminación o desventaja.

En este sentido, y en el marco del plan director apuntado, desde un punto de vista normativo basa su actuación en los principios inspiradores contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobados en la ONU, y ratificados por España el 23 de noviembre de 2007; el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas  con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; el mandato constitucional contenido en los artículos 9.2, 14 y 49 de la Constitución Española; y con carácter específico en los artículos 4 y 15 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y artículo 120 de la Ley  39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Expuesto lo anterior,  y examinada su fuente de inspiración y objetivos fijados, pasamos a analizar de forma sucinta su contenido, en particular, su ámbito de actuación, funciones y composición.

Así, y en cuanto al ámbito subjetivo de la norma, cabe significar que limita sus funciones de asesoramiento al personal militar que se encuentre, bien en situación de servicio activo o en la reserva, bien adscrito a unidades del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias o, en su caso, que haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas con motivo de su pase a la situación de retiro o que haya causando baja por resolución del compromiso, cuando ambas situaciones sean consecuencia de una insuficiencia de condiciones psicofísicas, siempre que tengan reconocida o acreditada por los organismos competentes un grado de discapacidad igual o superior al 33%, con independencia de que la discapacidad se haya adquirido, o no, en acto de servicio. En cualquier caso, se prevé el establecimiento de distintos canales de comunicación (teléfono, correo electrónico, etc) para atender las inquietudes, sugerencias o propuestas  del personal afectado por la norma.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas asume como funciones principales procurar, tanto a nivel individual como orgánico -Unidades, Centros y Organismos-, la información y asesoramiento necesarios en la materia, proponiendo medidas que favorezcan y aseguren la integración del personal militar con discapacidad, elaborando memorias, informes y estudios estadísticos que evalúen las medidas y actuaciones realizadas, así como el establecimiento de mecanismos de control y cooperación, bien a nivel corporativo —Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, Oficinas de Apoyo al Personal, Asociaciones de militares retirados y discapacitados, legalmente inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, etc—, bien a nivel institucional —Administración General del Estado—, para salvaguardar la viabilidad del Plan de Apoyo a la Discapacidad.

Asimismo, y para asegurar el cumplimiento de las funciones atribuidas, la norma prevé la designación de un Oficial al frente de la Oficina  de Atención a la Discapacidad, aunque no especifica su entidad a nivel orgánico, tan sólo una declaración de buenas intenciones cuando declara que “contará con los medios humanos y materiales adecuados para el cumplimiento de sus funciones”. Dicho argumento, a nuestro juicio, resulta poco creíble, y ello por cuanto para garantizar la viabilidad del Plan directriz se precisan inversiones tanto a nivel divulgativo —campañas de sensibilización (ámbito interno) y publicidad cara a la sociedad del modelo de integración de la discapacidad en las Fuerzas Armadas (ámbito externo)—, como a nivel formativo mediante planes de formación profesional en materia de discapacidad, que da al traste con la política de contención de gasto que predica el Ministerio al obligar a utilizar los medios personales y materiales propios de la División del Servicio de Apoyo al Personal.

Pese a todo ello, esperemos que la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas suponga un punto de inflexión en el trato que la Administración de Defensa está dispensando en los últimos años a los más fieles y esforzados servidores de la Nación que resultan lesionados durante su vida profesional y, especialmente, de los heridos en acto de servicio.

La puesta en funcionamiento de la Oficina está prevista para el próximo día 3 de abril de 2016, y goza del apoyo tanto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) que saludan esta iniciativa del Ministerio de Defensa y manifiestan su absoluta disposición para colaborar en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente, hemos de denunciar que dicha norma no ha sido informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, trámite que sin lugar a dudas podría haberla mejorado y perfeccionado, además de que la intervención de dicho órgano resulta preceptiva ex artículo 2.1.b.7ª del Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (R.D. 910/2012, de 8 de junio).

Anuncios
Publicado en Normativa y legislación | Etiquetado , , | 5 comentarios

Anulación de arresto e indemnización

El Tribunal Militar Territorial Primero ha dictado una sentencia en la que anula una sanción disciplinaria de seis días de arresto impuesta a un Soldado y condena a la Administración a indemnizarle por los daños y perjuicios sufridos

antiriot

«Una de las capacidades que se requieren de nuestras unidades en misiones en el exterior es “anti riot” (intervención antidisturbios) como se ha dado el caso en Kosovo y Afganistán entre otros escenarios. Para ello las unidades afectadas han de ser instruidas y adiestradas en este tipo de intervenciones antes de ser desplegadas.» (1) Fruto de ello, hace ya años que nuestras unidades reciben formación e instrucción, entre otras cuestiones, en materia de control de masas.

En octubre de 2014 se filtraron a través de las redes sociales algunas imágenes relativas a un ciclo de formación en dichas capacidades desarrollado en una unidad del Ejército de Tierra. Tales imágenes fueron utilizadas por dos medios de comunicación de carácter sensacionalista para afirmar -de forma totalmente infundada- que «El Ejército se prepara para actuar en revueltas ciudadanas», dando a entender -de forma mendaz- que su preparación iba dirigida a ser empleada en conflictos de carácter nacional.

Dicha noticia iba acompañada de diversas imágenes, entre las que se encontraba la de un Soldado equipado con el equipo de control de masas. La difusión de esa noticia motivó que a dicho Soldado le fuera impuesta una sanción disciplinaria de seis días de arresto, como autor de una falta leve, por entender sus superiores que había infringido las normas sobre seguridad militar en materias de obligada reserva, por no encontrarse autorizada la toma de ese tipo de imágenes.

Puesto en contacto el interesado con esta firma, que le defendió durante el expediente disciplinario y el posterior recurso contencioso-disciplinario, este ha finalizado mediante sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero de 15 de diciembre de 2015, en la que se anula dicha sanción de arresto, por vulnerar el principio de legalidad, ya que las normas internas que integraban el tipo disciplinario en blanco aplicado (2) se referían a la prohibición de uso de dispositivos móviles y aparatos de grabación en actividades de instrucción y adiestramiento, mientras que en absoluto se considera probado que nuestro cliente usara o empleara tales medios, por lo que no puede ser sancionado por dichos actos.

Eso sí, la sentencia contiene un aviso a navegantes: de haber encontrado vigente  en la fecha en que ocurrieron los hechos el actual régimen disciplinario, aprobado mediante Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, dicha conducta sí que podría haber sido castigada, pues en este nuevo texto legal se castiga no solo la autoría de las infracciones disciplinarias, sino también la cooperación necesaria y la inducción a ejecutar un ilícito disciplinario (art. 9).

163146_Graffiti_on_Mohamed_Mahmoud_Street_Cairo_No_to_Military_Trials_Indemnización. Además de la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la sanción de seis días de arresto, el Tribunal reconoce el derecho del Soldado a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos (pues el arresto ya había sido cumplido y, por lo tanto, la privación de libertad ya se había consumado) en la cuantía que fije en ejecución de sentencia.

(1) «UTILIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES MILITARES EN LA LUCHA ANTITERRORISTA», del General Coloma Contreras.
(2) Art. 7.3 de la L.O. 8/1998, vigente en el momento de los hechos: «La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre seguridad militar en materia de obligada reserva.»
Publicado en Jurisprudencia | Etiquetado , , | Deja un comentario

Entra en vigor el nuevo Código Penal Militar

Prisión militar de Alcalá Meco. Foto: Fernando Villar/EFE.

Prisión militar de Alcalá Meco. Foto: Fernando Villar/EFE.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, que viene a sustituir al promulgado mediante Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre. Como acertadamente señala Santiago Casajús en su interesante artículo «4 claves para comprender (algo) el nuevo Código Penal militar», los más de treinta años transcurridos desde la promulgación  de ese anterior Código obligaban a una profunda reforma del mismo, dada la transformación que tanto la sociedad como las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil han experimentado en ese período.

La necesidad de un nuevo Código Penal Militar también venía impuesta por el mandato del legislador contenido en la Disposición Final 8ª.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que instaba al Gobierno a remitir un proyecto de ley para adaptar el CPM a «la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar y su necesaria adaptación a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.»

El Código Penal Militar, dado su carácter de ley especial, y en atención al principio de complementariedad, ha de ponerse en relación con el Código Penal común, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, aplicándose de forma supletoria las normas contenidas en el mismo, razón que justificaría la drástica reducción en el número de sus artículos. De hecho, tal y como reza su Preámbulo, sólo «debe acoger en su articulado los preceptos que no tengan cabida en el texto común o, aún teniéndola, requieran una previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense…».

Sin ánimo de ser excesivamente prolijo en la descripción del nuevo texto legal, apuntaremos inicialmente que cuenta con 85 artículos (frente a los 197 del texto anterior), contenidos en dos Libros; el primero, dedicado a las disposiciones de carácter general y el segundo, relativo a tipificar los delitos y sus penas. Veamos, sucintamente, las principales novedades de la Ley Penal Militar.

En primer lugar, como ya hemos apuntado, resulta destacable la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal ordinario, como consecuencia del principio de complementariedad: el Código Penal Militar regula únicamente las disposiciones diferenciadas de aquel.

En segundo lugar, y en cuanto a su ámbito de aplicación, queda claro que el propósito de la norma es la protección de bienes jurídicos estrictamente castrenses; en este sentido, y desde esta perspectiva de naturaleza militar, limita su aplicación a la Guardia Civil y alumnos del Instituto armado en supuestos de conflicto armado, estado de sitio, misiones de carácter militar o mientras se encuentren integrados en unidades militares y delitos contra la disciplina; por otra parte, y recogiendo la doctrina de la Sala Quinta y  de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo que interpretó  de forma expansiva el artículo 7 bis del Código Penal Militar de 1985, proclama la exclusión del reproche penal militar a los miembros de la Guardia Civil respecto de «aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial», cuando vengan referidos a delitos contra la seguridad y defensa nacionales (Titulo I), relativos al ejercicio de derechos y libertades públicas (Titulo III) y delitos contra los deberes del servicio (Título IV).

La amplitud de situaciones en las que resulta aplicable el Código Penal Militar a los guardias civiles genera, a nuestro juicio, una evidente inseguridad jurídica a los agentes de dicho Cuerpo.

En tercer lugar, conviene señalar que el concepto de delito militar, no sólo abarca las conductas típicas descritas en su parte especial, sino que, además, incluye aquellas conductas cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal común, cuando se lesione un bien jurídico militar y sean cualificados por la condición militar de su autor y, además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense; resulta relevante, a este respecto, que cuando en la comisión del delito medie provocación u otra actuación injusta por parte del superior, y esta haya provocado en el subordinado arrebato, obcecación o estado similar, se reconocerá como circunstancia atenuante muy cualificada.

En cuarto lugar, asistimos a la simplificación del sistema penológico y su adecuación al del Código Penal, clasificando las penas en graves y menos graves; en este sentido, y aplicando el principio de complementariedad de la ley penal ordinaria, quedan establecidas las clases, efectos y reglas de aplicación y cumplimiento de las penas, incorporándose como principal novedad en el ámbito militar la inclusión de la pena de multa, la pena de localización permanente y la revocación de ascensos.

Asimismo, y en la medida que la sanción máxima prevista en el régimen disciplinario militar es de dos meses de arresto, se faculta a los Tribunales militares para reducir la pena mínima privativa de libertad de tres meses y un día, en uno o dos grados, conforme a las reglas del Código Penal, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos meses y un día.

Importante novedad supone la posibilidad de suspensión de las penas privativas de libertad, cuestión que hasta el momento se encontraba vedada a los condenados que conservaran su condición militar. La aplicación de las medidas sustitutivas, la suspensión de la pena y la libertad condicional se regirán por lo dispuesto en el Código Penal.

En quinto lugar, entre los delitos contra la disciplina, el delito de insulto a superior incluye, además del maltrato de obra, el atentado contra su libertad o indemnidad sexuales. Asimismo, y en cuanto al delito de desobediencia, de forma similar a lo establecido en el Código Penal, se exime de responsabilidad criminal por desobedecer órdenes que entrañen la ejecución de un delito contra la Constitución, la Ley o Derecho Internacional de los conflictos armados.

De igual forma, el delito de abuso de autoridad castiga el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los actos de agresión o abusos sexuales, acoso sexual y profesional, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.

Conviene advertir, en sexto lugar, que una de las novedades más relevantes del nuevo Código Penal Militar viene referida a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, abordándose en este caso, cuando no concurra relación jerárquica, aquellos delitos que, públicamente, en establecimientos militares o de la Guardia Civil o en acto de servicio, supongan maltrato de obra, trato degradante, inhumano o humillante, actos de agresión o abuso sexual o profesional, atentados contra la dignidad personal o en el trabajo, intimidad y, en general, cualquier acto de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Importante resulta la tipificación como delito de la acción de impedir o limitar arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los derechos fundamentales o libertades públicas (en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio).

En séptimo lugar, respecto a los delitos contra los deberes del servicio, la principal novedad la hallamos en los delitos contra la eficacia del servicio en el que resultan incluidas aquellas conductas que afectan directamente a cometidos estrictamente castrenses: daños en bienes afectos a las Fuerzas Armadas, pérdida de recursos en favor del enemigo o perjuicio a operaciones militares, mediando siempre imprudencia grave. Además se tipifica (según el grado de imprudencia, situación –conflicto armado, estado de sitio-,  y afectación al servicio),  el incumplimiento de una consigna general u orden recibida, salvo los supuestos de exclusión de responsabilidad criminal inicialmente apuntados.

No obstante lo anterior,  podríamos afirmar  que la novedad más relevante es la remisión realizada al Código Penal respecto a la incriminación de las conductas de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por un militar en establecimientos militares o de la Guardia Civil, campamentos,  ejercicios u operaciones, pudiéndose incluso agravar las penas hasta un quinto de su límite máximo, dada su afectación a la eficacia del servicio y el riesgo que comporta.

En octavo lugar, y refiriéndonos a los delitos contra el patrimonio militar, al margen de las conductas tipificadas de simulación de créditos para la atención supuesta de necesidades del servicio o derechos económicos para el personal y la figura del prevalimiento de la condición militar para obtener beneficios contractuales, resulta relevante la remisión al Código Penal para el enjuiciamiento de los delitos de hurto, robo, apropiación indebida, daños al equipo o material reglamentario y el delito de receptación.

En noveno lugar, aunque resulta más del ámbito procesal que del sustantivo propio de un código penal, se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, regulando el nombramiento de los jueces de los tribunales militares a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de recaer dicha potestad en el Ministro de Defensa, como sucedía hasta la fecha. Con ello se pretende asegurar, a través del mérito, la independencia de la jurisdicción militar en una institución tan jerarquizada.

En décimo y último lugar, en la medida que queda derogada la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar, se establece el régimen transitorio de que aquellos hechos punibles cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo Código serán castigados conforme a la ley penal derogada, salvo que sean más favorables al reo conforme a la nueva Ley Penal Militar. Además, y en relación con las sentencias definitivas pendiente de recurso previo a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se prevé la aplicación de los preceptos de éste último si son más favorable al reo, bien de oficio o a instancia de parte, y ello sin perjuicio de la revisión de oficio de aquellas sentencias firmes no ejecutadas total o parcialmente antes de la vigencia de la nueva Ley Penal Militar en las que conforme a ésta, correspondiera la absolución o una condena más beneficiosa.

Publicado en Normativa y legislación | Etiquetado , , | Deja un comentario

«Tolerancia Cero» frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas: difícil apuesta sin presupuesto

take_actionRecientemente, por Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa, fue publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (BOE 312, de 30 de diciembre de 2015), guía de actuación para evitar abusos ya en vigor que, lamentablemente, tiene como antecedente inmediato –y más visible-, la presión social derivada del cúmulo de vejaciones sufridas por la Comandante del Ejército de Tierra, ahora en situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas en acto de servicio, Zaida Cantera. Precisar, a este respecto, que resulta curioso y sorprendente la escasa trascendencia de supuestos de acoso similares – y sin duda más numerosos- cuando se trata de  víctimas sujetas a un relación profesional de carácter  temporal con las Fuerzas Armadas que, ante una denuncia, ven peligrar su relación laboral.

    Pese a todo, no cabe duda que se trata de un importante avance en la cultura de la “tolerancia cero” en las Fuerzas Armadas que, desde el punto de vista normativo, tiene su “punto de inspiración”, entre otros, en el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y en el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, recogidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Especialmente relevante, a este respecto, resulta la incorporación de nuevas faltas disciplinarias  en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tipifican el acoso sexual y por razón de sexo y, además y por primera vez en el ámbito penal militar, la tipificación como conductas punibles en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, del acoso sexual, por razón de sexo y profesional, así como cualquier atentado contra la libertad o indemnidad sexual.

     El Protocolo establece para el cumplimiento de sus fines la adopción de medidas, a diferentes niveles, para alcanzar su objetivo primordial: erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas; su lema, “tolerancia cero”.

    Así, y en primer lugar, se establecen medidas de carácter preventivo con el propósito de proporcionar tanto a la víctima (Guía práctica) como al Mando (Manual de buenas prácticas) los instrumentos de información, formación  y sensibilización suficientes para prevenir y afrontar las posibles situaciones de acoso, incluyendo a estos efectos en los planes de estudio temas relacionados con la prevención del acoso.

    En segundo lugar, y como medidas de protección inmediata a la víctima, garantizando en todo caso el derecho a la intimidad, se establecen los procedimientos de denuncia, investigación y sanción oportunos asegurando la protección integral de la víctima (medidas de atención de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico, medidas de seguimiento y de acompañamiento de la víctima).

    En este sentido, el procedimiento de actuación se inicia con la interposición de la denuncia, bien directamente por el perjudicado, bien a través de una persona de confianza de éste, bien a través de un tercero que tenga conocimiento del hecho o que lo haya observado.

     Conviene precisar como dato relevante que, cuando se presente la denuncia por vía disciplinaria, no será necesario presentarla por conducto reglamentario, sino que se podrá tramitar directamente ante la Unidad de Protección frente al Acoso, órgano ajeno a la cadena orgánica de mando  que sirve de canal voluntario de transmisión de denuncias –único por cada  Ejército-, que además prestará asistencia integral de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico a la víctima, o ante la autoridad con competencia disciplinaria. En ambos supuestos, será necesario conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, informar al superior jerárquico (o al superior de éste si coincide en la persona del infractor) del hecho de haber presentado la denuncia sin necesidad de entregarle copia de la misma.

     En todo caso, las autoridades con potestad disciplinaria, una vez recibido el formulario, parte o escrito por acoso y según los indicios y la gravedad de los hechos podrán acordar: el inicio de una información previa para el esclarecimiento de los hechos, designando para su instrucción a un militar ajeno a la unidad de destino; la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave o, en su caso, la remisión de la denuncia al Juzgado Togado Militar o Fiscalía Jurídico Militar correspondiente.

    Por otra parte, cuando la denuncia se presente directamente en la vía penal, el denunciante podrá dirigirse dentro de la jurisdicción militar a los Juzgados Togados Militares o a las  Fiscalías Jurídico Militares, según su preferencia.

      El Protocolo de actuación prevé, en tercer lugar, un elenco de medidas cautelares en vía disciplinaria, antes de la instrucción del expediente por falta muy grave, adoptadas por el Jefe de Unidad del presunto infractor (arresto cautelar, por un periodo máximo de cuarenta y ocho horas; cese en sus funciones por un plazo máximo de dos días; además, en cualquier momento, el jefe de unidad podrá cambiar de puesto al presunto infractor, dentro de la unidad de destino), por la Autoridad disciplinaria (arresto preventivo, por un tiempo no superior a veinte días, cese de funciones, por tiempo que no exceda de veinte días o pase a la situación administrativa de suspensión de funciones, por un tiempo máximo de seis meses) o por el Jefe de Unidad de la víctima (a petición de ésta podrá asignarle un puesto distinto en la unidad de destino).

   Asimismo, y como medidas cautelares en los supuestos de apertura de vía penal, la autoridad militar podría adoptar, entre otras, cambiar al presunto acosador de puesto de trabajo dentro de la misma unidad, acordar el pase a la situación administrativa de suspenso de funciones del mismo o acceder, en su caso, a la comisión de servicio solicitada por la víctima.

   De igual forma, y en cuanto a los efectos derivados del enjuiciamiento o expediente en un procedimiento disciplinario por falta muy grave, por conductas constitutivas de acoso, se apunta que los órganos de evaluación tendrán esta circunstancia en consideración a los efectos de valorar las evaluaciones para el ascenso y los IPEC,s., precisando en este último caso que “cuando se haya interpuesto denuncia o parte por acoso sexual o por razón de sexo el presunto acosador no podrá ser único calificador, formar parte de la junta de calificación, ser superior jerárquico de la misma, ni formar parte de la junta de evaluación de la víctima”.

   Finalmente, y en cuanto a las medidas de control y seguimiento, corresponde a la Unidad de Protección frente al Acoso y al Observatorio Militar de Igualdad proporcionar la información necesaria a las víctimas, gestionando la atención médica y psicológica que pudieran precisar y realizando los seguimientos oportunos para asegurar la indemnidad integral de las mismas.

   En todo caso, y aunque resulta evidente el compromiso de la Administración de eliminar conductas tan deleznables como el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que atentan contra la dignidad personal y el principio de igualdad, no se entiende la contención del gasto para aplicar las medidas previstas en este Protocolo, cuando se afirma que, “se llevarán a cabo con los medios personales y materiales de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, sin aumento ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de persona”.

    En este sentido, no parece fácil, ni mucho menos creíble alcanzar la metas propuestas de “tolerancia cero” cuando no existe una previsión especifica de gasto en formación preventiva al respecto en los centros de enseñanza militares, ni las Unidades de Protección frente al Acoso se nutren de personal altamente cualificado, en especial de psicólogos y psiquiatras formados en este área. No cabe duda, por tanto, que la formación y la adquisición de habilidades y conocimientos en la materia y su difusión requieren inversión, máxime cuando está en juego el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, principios que, quizás, y siendo realistas, estarían mejor salvaguardados si las Unidades de Protección frente al Acoso estuvieran constituidas por personal civil cualificado y no militar, no vinculado a la jerarquía y directrices castrenses, opinión que compartimos en este punto con Noelia Landete, psicóloga experta en violencia de género, quien además afirma: “La estructura del Ejército está dañada. Debido a la jerarquía militar se propicia mucho más el acoso sexual que en otros ámbitos. Además, a esas unidades habría que dotarles de presupuesto porque sin apoyo económico hay muchas medidas que no se pueden desarrollar” (citada en este artículo de Laura Galaup en http://www.eldiario.es).

    La conclusión, a nuestro juicio es evidente: aún reconociendo los avances en la materia no es posible implementar una cultura de “Tolerancia Cero” frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas sin contar con la dotación económica suficiente.

Publicado en Normativa y legislación | Etiquetado , , | Deja un comentario

Compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad

size0Uno de los impedimentos que la normativa exige para que a los funcionarios les sea autorizado el desempeño de una segunda actividad es el de que no se podrá conceder la compatibilidad al personal que ocupe puestos de trabajo cuyo complemento específico o concepto equiparable resulte superior al 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, esto es, el 30 por 100 de su sueldo (art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas).

Este obstáculo vino a paliarse levemente mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el que se aprobaba un procedimiento para que los funcionarios de la Administración General  del Estado pertenecientes a los subgrupos C1, C2 y E que así lo desearan pudieran solicitar, voluntariamente, la reducción del complemento específico hasta la cuantía que se adaptara al porcentaje legalmente exigido.

Sin embargo, dicho acuerdo no resultaba de aplicación a los militares y guardias civiles, como tuvimos ocasión de denunciar en su día en este blog.

Esta situación ha sido paliada en la actualidad con la modificación operada en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, a través de la Ley 46/2015, de 24 de octubre, añadiendo una disposición adicional duodécima del siguiente tenor literal:

«Disposición adicional duodécima Posibilidad de que el personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 solicite la reducción, a petición propia, del complemento específico

1. El personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 y C2, incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, del régimen de incompatibilidades del personal militar, podrá solicitar ante los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos o ante la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa para los destinados en la estructura ajena a los mismos y, en el caso de la Guardia Civil ante la Subdirección General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2. Se excluye de esta posibilidad al personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1 y A2 que ocupen puestos en Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de destino de nivel 30 y 29.»

De este modo, con las excepciones que se citan en la norma, quien ocupe un puesto de trabajo cuyo complemento específico sea superior al 30 por 100 de sus retribuciones básicas (excluidos los conceptos de antigüedad) podrá solicitar la reducción de ese complemento hasta el límite legal exigido para optar a la concesión compatibilidad.

El texto de esta reforma resulta demoledor para los argumentos que repetidamente emplea la Dirección General de la Guardia Civil para desestimar las peticiones de concesión de compatibilidad, puesto que aplica ese 30 por 100 sobre la cuantía total del Complemento Específico (General y Singular), en lugar de hacerlo únicamente sobre este último, que es el complemento vinculado al puesto de trabajo, haciendo una interpretación claramente fraudulenta de la normativa vigente hasta la fecha. Tuvimos ocasión de explicarlo aquí.

Ahora, con el tenor literal de la norma, resulta palmario que el complemento cuya cuantía no puede superar el 30 por 100 del sueldo es el complemento específico correspondiente al puesto que desempeña el funcionario y no el total del complemento específico (pues su componente general viene vinculado al empleo, no al puesto de trabajo).

Estaremos atentos a la aplicación de esta normativa a partir de ahora.

Publicado en Normativa y legislación, Sin categoría | Etiquetado , , , , , , , , | 20 comentarios

Inclusión del personal militar en el Régimen General de la Seguridad Social

Ejército del Aire. España. Foto: Coronel José Francisco Terol Albert (CC BY-NC 2.0)

Ejército del Aire. España. Foto: Coronel José Francisco Terol Albert (CC BY-NC 2.0)

El personal que ingresó al servicio de la Administración Pública a partir del 1 de enero de 2011 quedó incluido de forma obligatoria en el Régimen General de la Seguridad Social a los efectos de las prestaciones de Clases Pasivas, según se dispuso en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Esta medida rompía, es evidente, el principio de unidad en materia de Clases Pasivas, pasando los funcionarios a tener distintos regímenes de pensiones en función de su fecha de ingreso al servicio público.

En la propia norma ya se pretendía paliar en parte dicho despropósito y se preveía que el militar profesional no permanente debía conservar «las especificidades previstas respecto de las contingencias no contempladas por figuras equivalentes en la acción protectora» del Régimen de la S.S. Del mismo modo, también se preveía el respeto al régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del Estado.

En desarrollo de dicha norma, se ha dictado el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

En este Real Decreto se regulan principalmente las siguientes cuestiones:

♦El procedimiento para el reconocimiento de prestaciones por incapacidad permanente: para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, la evaluación de sus condiciones psicofísicas se llevará a cabo mediante el mismo procedimiento previsto en la actualidad, siendo competencia del Ministerio de Defensa, con intervención de sus órganos médico-periciales.

Si la resolución de Defensa declarase la existencia de lesiones determinantes de una incapacidad permanente total, vinculará al Instituto Nacional de la Seguridad Social para el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas, cuyo procedimiento deberá iniciarse a instancia del interesado.

En las resoluciones en las que se reconozca el derecho a prestaciones de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente total o absoluta, deberá constar el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría.

♦Prestaciones derivadas de acto de servicio: si la incapacidad o fallecimiento se producen en acto de servicio, según declaración del Ministerio de Defensa, el interesado o sus beneficiarios percibirán la misma pensión extraordinaria que hubieran percibido de continuar en el régimen de Clases Pasivas. A tal efecto, la pensión correrá a cargo de la Seguridad Social hasta la cuantía que corresponda conforme a sus normas, mientras que la diferencia hasta la que le hubiera correspondido en Clases Pasivas será a cargo del presupuesto del Estado.

♦El personal de las FAS y de la Guardia Civil queda excluido de la protección otorgada por el Régimen General de la Seguridad Social a la incapacidad permanente parcial, a las lesiones permanentes no invalidantes y al complemento de gran invalidez, para lo que se mantendrá la acción protectora prevista en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, ha de recordarse que la inclusión de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social lo es a los exclusivos efectos de Clases Pasivas, manteniéndose la acción protectora gestionada por la mutualidad correspondiente (en este caso, ISFAS).

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , | 1 Comentario

Elecciones generales 20-D. Partido Popular (PP)

650_1200

Finalizamos nuestro recorrido por los cuatro programas con mayor intención de voto en la última encuesta del CIS con el análisis de las propuestas del partido que actualmente desempeña las labores de Gobierno de la Nación.

En el epígrafe GARANTIZAR LA SEGURIDAD, el Partido Popular propone, en lo que se refiere a política de personal en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

4 Incrementaremos los recursos policiales destinados a seguir mejorando los niveles de seguridad en nuestras calles, mediante la reorganización de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y el aumento de sus efectivos. Destinaremos a este fin al menos en 3.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, actualmente ocupados en labores burocráticas y de custodia estática de edificios institucionales

Ya decíamos ayer que resulta necesaria la reorganización de la plantilla: primero, por la propia seguridad de los ciudadanos; y, segundo, porque la Administración está utilizando en ocasiones la escasez de personal para negar el disfrute de derechos a los guardias civiles, cuando esa falta de personal es responsabilidad, precisamente, de la propia Administración. Valoramos también positivamente que los efectivos empleados en la actualidad en tareas burocráticas y de custodia estática sean destinados a labores propias de la seguridad ciudadana.

5 Desarrollaremos un plan de modernización y adecuación de la red de infraestructuras de seguridad del Estado en los próximos cuatro años, para elevar la calidad de las instalaciones en donde Policías Nacionales y Guardias Civiles trabajan, cada día, al servicio de todos los españoles. En todas las actuaciones se pondrá especial atención a los criterios de eficiencia energética y de accesibilidad.

En algunos cuarteles esta medida es necesaria por razones de salud e higiene. Hay acuartelamientos en un estado de insalubridad total.

En lo que se refiere a la política de personal en Defensa, el programa electoral del PP apuesta por lo siguiente:

33 La política de Personal volverá a ocupar un lugar central en nuestra política de Defensa, ya que el mejor activo con el que contamos son los casi 120000 hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas. Así, en primer lugar aprobaremos una nueva Ley de Movilidad, para atender las especiales circunstancias y necesidades que se generan en el entorno del militar y de su familia a consecuencia de la permanente disponibilidad y los cambios de destino inherentes a la profesión.

La propuesta de aprobar una Ley de Movilidad para mitigar las consecuencias de la permanente disponibilidad y los cambios de destino durante la carrera militar resulta muy loable, pero no contiene ninguna medida concreta en la que se plasme como se va a llevar a cabo esa actuación de protección.

34 Continuaremos con la aplicación de las medidas de apoyo y protección a las familias, especialmente para permitir la conciliación, y reforzaremos los acuerdos y convenios con Comunidades Autónomas para simplificar la obtención de plazas en colegios, así como con los centros infantiles cuando no estén disponibles los propios de la Defensa.

Resulta curioso que se inicie ese párrafo con la expresión «continuaremos», pues precisamente ha sido con este partido en el Gobierno cuando más se han recortado algunas de las medidas de conciliación de la vida profesional y familiar, como la reducción de jornada para el cuidado de un hijo (lo que en su día expusimos aquí). Parece que nos encontramos ante una falta de coherencia entre lo que se propone y lo que se hace.

La segunda parte de la propuesta no sólo nos parece adecuada, sino que además debería ser obligatorio que los militares que cambian de destino tuvieran plaza en el centro educativo de su elección de entre los existentes en la localidad de destino, cuestión que podría llevarse a cabo si los sucesivos gobiernos centrales no se hubieran desprendido de todas sus competencias en educación.

35 Garantizaremos las posibilidades de acceso y formación que refuercen la calidad profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el progreso en una carrera plena y fructífera. Lo haremos asegurando la reposición necesaria de efectivos para dar cumplimiento a la planificación operativa del JEMAD con vistas al año 2025, mientras potenciamos el aprovechamiento de las capacidades militares en el sector público y privado mediante la implementación del plan SAPROMIL creado durante esta Legislatura

No se hace mención alguna a combatir la precariedad laboral de la Tropa y Marinería, cuestión que nos parece fundamental.

36 Analizaremos los planes de estudio, y su adecuación, permitiendo la convalidación de créditos en los procesos de promoción, desarrollaremos las segundas especialidades de carrera profesional, lo que permitirá el mejor diseño de trayectorias profesionales, perfeccionaremos los procesos de evaluación para el ascenso y fortaleceremos los mecanismos que faciliten la promoción interna entre cuerpos y escalas.

Se habla de perfeccionar los procesos de evaluación, pero no se concreta ninguna medida, como la de eliminar criterios de evaluación subjetivos (IPEC).

38 Aplicaremos con la mayor diligencia el Plan Integral de apoyo a la Discapacidad, completando así las posibilidades de inserción y recuperación de nuestro personal. 

Se trata de un Plan de reciente aprobación (septiembre de 2015) destinado a garantizar la igualdad de oportunidades e integración del personal militar con discapacidad dentro de las Fuerzas Armadas, siendo uno de sus objetivos el de promover el adecuado desarrollo de la actividad profesional, facilitando la reorientación de la carrera profesional en el caso del personal militar con discapacidad que permanece en las Fuerzas Armadas con limitación para ocupar determinados destinos o favoreciendo el acceso a la formación previa y a puestos de trabajo en el sector civil para aquellos militares que como consecuencia de su discapacidad han pasado a retiro o han causado baja en las Fuerzas Armadas.

Dado el escaso tiempo transcurrido desde la aprobación del plan, no podemos evaluar su cumplimiento hasta el momento, pero habremos de estar vigilantes al respecto.

39 Haremos del reservista voluntario un recurso altamente útil para las Fuerzas Armadas; para ello mejoraremos los perfiles profesionales y los destinos, así como su gestión y los procedimientos de activación.

La figura del reservista es necesaria para garantizar el derecho de de defender a España de todos los españoles que así lo deseen, pero ello no debe suplir una carencia de personal en las unidades, esto es, el reservista no debe ser empleado para cubrir plantilla. Ni debe servir de excusa para negar una carrera militar a los militares de complemento y a la Tropa y Marinería.

40 En materia de igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, seguiremos potenciando el acceso y las condiciones de trabajo de la mujer en las FAS e implementaremos el Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. De esta forma, seguiremos exportando, mediante la cooperación y el intercambio de “buenas prácticas”, el modelo español de incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas, pionero y ejemplo en las organizaciones internacionales, así como la cultura de tolerancia cero con respecto al acoso sexual y por razón de sexo.

Así debería ser sin necesidad de medida alguna: absoluta igualdad entre hombres y mujeres en las FAS.

41 Se desarrollará la Ley de Régimen Disciplinario de las FAS, así como se completará el de la Ley de carrera militar, modificando los Reglamentos de Especialidades Fundamentales; de Evaluaciones y sus normas subsiguientes; así como el de Destinos y de Ingreso y promoción para dar cumplimiento a las medidas para facilitar la promoción profesional

Nada que añadir hasta que no se conozcan las concretas medidas de desarrollo.

42 Desarrollaremos también el nuevo Código Penal Militar, entre otras medidas mediante las subsiguientes reformas de la Ley Orgánica Procesal Militar y de la LO de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, aplicando así las decisiones adoptadas de refuerzo de la independencia de los jueces y para el óptimo funcionamiento de la jurisdicción.

Hemos de remitirnos a lo expresado en el párrafo anterior: se trata de medidas de desarrollo de una Ley Orgánica recientemente aprobada, por lo que habremos de estar al contenido de las concretas propuestas.

45 Potenciaremos la Cultura de Defensa con objeto de que los ciudadanos estén informados de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional, así como para dar a conocer las actividades de las Fuerzas Armadas.

Avanzando en el programa, encontramos otro epígrafe con el título NUEVAS SOLUCIONES PARA NUEVOS RETOS: DEFENSA Y SEGURIDAD, en el que encontramos, entre otras, las siguientes medidas:

1 Seguiremos desarrollando una política en defensa y seguridad con especial atención a nuestros hombres y mujeres desplegados internacionalmente, apoyando en toda su dimensión esa labor en la que contribuyen a la seguridad, la estabilidad y la paz, para que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de las capacidades y recursos necesarios para que cumplan con eficacia las labores que se les encomienden.

Parecida redacción a una de las propuestas que ya hemos analizado, referida en esta ocasión a los militares que se encuentran desplegados internacionalmente, pero sin concretar en qué va a consistir esa concreta «especial atención».

3 Continuaremos la labor de fomento de la igualdad, la conciliación y las mejores condiciones de vida para nuestros militares en activo. Proseguiremos aplicando medidas que permitan reforzar la vinculación de los heridos con las Fuerzas Armadas. 

Es justo reconocer el sacrificio de aquellos que han resultado heridos en el cumplimiento del deber.

6 Fomentaremos la cultura de la defensa en el ámbito de la educación.

7 Agilizaremos los procesos de nacionalización de los extranjeros que sirvan en las Fuerzas Armadas.

Es de justicia que quien se consagra a la defensa de la Nación, goce de todos los derechos de pertenencia a la misma.

8 Impulsaremos la coordinación entre los ministerios de Educación y Defensa en materia de titulaciones universitarias para facilitar el acceso al desarrollo de una profesión dentro del Ejército español.

9 Estableceremos un programa para mejorar la atención a las familias de los miembros de las  Fuerzas Armadas, especialmente las de aquellos que están desplegados en misiones internacionales.

Acertada medida. Al esfuerzo y sacrificio del militar desplegado en el extranjero ha de unirse el callado ahínco, tesón y dedicación de la familia que se queda en casa, por lo que cualquier apoyo será, a buen seguro, bienvenido.

En definitiva, hay material suficiente para debatir acerca de este programa, por lo que invitamos humildemente a nuestros lectores a participar en el mismo a través de los comentarios de esta página.

Quien desee consultar el programa íntegro del Partido Popular puede hacerlo aquí.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Elecciones generales 20-D. Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

logo-psoe

Toca el turno hoy para las propuestas del PSOE en materia de personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

En el apartado PAZ Y SEGURIDAD del programa se afirma que «Las Fuerzas Armadas están al servicio de la sociedad y desempeñan una extraordinaria misión en la defensa de la paz y la seguridad en el mundo» para, a continuación, indicar que desean «unas Fuerzas Armadas con los recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar sus operaciones y cooperar con nuestros socios y aliados», exponiendo sus concretas propuestas en materia de personal:

*Unas Fuerzas Armadas profesionales altamente formadas y cualificadas, cuyos componentes, sin excepción, puedan desarrollar sus carreras profesionales desde su entrada hasta su pase a retiro, basándose en los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y experiencia.

Con esta propuesta, el PSOE se alinea con quienes pretenden dotar de una carrera militar a los militares de Tropa y Marinería y a la escala de Complemento, poniendo fin, por lo tanto, a la precariedad laboral.

*Realizar la promoción interna de los y las militares de carrera, cualquiera que sea su procedencia o empleo, mediante procedimientos de evaluación públicos y transparentes.

Nada que objetar a esta medida que debe ser acompañada de la supresión de las evaluaciones de carácter subjetivo (como IPECs).

*Modificar el Régimen Disciplinario, de forma que sin la debida tutela judicial efectiva no se pueda privar de libertad por faltas administrativas.

En la actualidad, en tiempo de paz y fuera de zona de operaciones, se antoja desmedida cualquier sanción administrativa privativa de libertad (arresto).

Es más, debería llegarse más lejos en este aspecto y derogar la reserva que España mantiene en el Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder imponer sanciones privativas de libertad sin intervención judicial.

*Establecer un sistema integral para la reinserción laboral del personal de tropa y marinería que termine su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Al igual que indicábamos ayer, se nos antoja contradictorio el hecho de que en el mismo programa se pretenda dotar a los militares profesionales de tropa y marinería de una carrera profesional completa y, a la vez, se promueva un sistema integral para la «reinserción» laboral, salvo que se tenga poca esperanza en el desarrollo del programa, claro está.

*Potenciar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. Asegurar su promoción en las escalas de mando en condiciones de igualdad. Erradicar toda manifestación de acoso sexual y laboral en el seno de las Fuerzas Armadas y sancionar con ejemplaridad los supuestos en que se produzcan.

Por supuesto, nada que objetar al respecto, salvo interrogarnos acerca de cuales son las concretas medidas que pueden adoptarse para conseguir estos fines.

*Fomentar las acciones encaminadas a facilitar la conciliación de la vida familiar, adecuación de las jornadas laborales, así como la implementación real en la administración militar de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Es difícil conjugar la operatividad de las unidades con el respeto a la conciliación de la vida familiar pero, sin duda, es una de las asignaturas pendientes en nuestras Fuerzas Armadas y en ello deben implicarse los poderes públicos y toda la cadena de mando. Por lo tanto, no sólo apoyamos este punto programático, sino que lo consideramos necesario. Eso sí, nos hubiera gustado más que en el programa se indicaran qué concretas medidas van a adoptarse para facilitar esa conciliación laboral.

*Profundizar el proceso de homologación de la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales, incrementando las garantías de la independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares y el sometimiento al régimen sancionador establecido en la LOPJ.

*Reformar la jurisdicción militar con arreglo a los siguientes principios:

  • Homologar la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales.
  • Profundizar la plena garantía de independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares.
  • Atribuir al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de todos los órganos judiciales militares, unipersonales y colegiados.
  • Garantizar la inamovilidad de quienes desempeñen funciones judiciales en los órganos de la jurisdicción militar.
  • Someter en exclusiva a las personas que forman parte de la Jurisdicción militar al régimen sancionador previsto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Aquí si que ofrece el PSOE medidas concretas, tendentes a homologar la jurisdicción militar con los demás órdenes jurisdiccionales y a incrementar la garantía de independencia de los jueces y magistrados de la jurisdicción militar.

Sus propuestas no resultan tan ambiciosas en este sentido como las de los partidos que ya hemos tenido ocasión de analizar, pero suponen un indudable avance en la independencia de los jueces y magistrados y, en consecuencia, en una mayor garantía de los justiciables.

Aunque no guarda relación directa con cuestiones de personal, consideramos altamente positiva la propuesta de fomentar acuerdos «con el mundo de la educación, la cultura, la ciencia y, en definitiva, todo el ámbito social para aumentar la difusión de la Cultura de Defensa».

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el título MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS, nos propone lo siguiente:

*Reformar las leyes de personal de guardia civil y policía para establecer claramente los derechos y obligaciones de sus miembros.

Se trata de un brindis al sol carente de la más mínima referencia concreta acerca de cuales son los derechos y obligaciones que quiere delimitar. Y que proviene de uno de los partidos que perpetraron la  L.O. 11/2011, de 1 de agosto, tramitada por la puerta de atrás, con carácter de urgencia y con el único interés de intentar privar a los guardias civiles del derecho de manifestación (como decíamos aquí). Por ello, se comprenderá que acojamos con las debidas reservas esta propuesta.

*Reponer de forma proporcional y graduada las vacantes de las dotaciones de Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

*Implantar un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos técnicos y jurídicos de todas las personas que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que puedan realizar sus funciones con eficacia y seguridad jurídica.

Aquí sí: incondicionalmente a favor de esta propuesta, pues nunca es suficiente la formación jurídica para quienes deben lidiar constantemente en su servicio diario con la legislación.

El programa íntegro del PSOE está aquí.

Quedan ustedes invitados al debate.

 

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , , , , , , , , , | 1 Comentario

Elecciones generales 20-D. Ciudadanos.

 

logo-ciudadanos

Continuamos con la presentación de los programas electorales de los cuatro partidos con mayor expectativa de voto para el próximo 20-D, en relación a sus políticas de personal para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiéndole hoy el turno a Ciudadanos.

El programa de esta formación tiene dos epígrafes en los que se recogen las citadas materias. El primero de ellos es el denominado «Programa de interior», con las siguientes propuestas, comunes para miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía:

*Promoveremos un Acuerdo Marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno de los FFCCSS del Estado en base a marcos competenciales homologables entre ellos.

Se trata esta de una vieja aspiración: la igualdad salarial, ampliada ahora a la homologación en ambos cuerpos de las condiciones de trabajo y de conciliación. Pensamos que la primera de tales medidas no debe conformarse con igualar los salarios de las FFCCSS del Estado entre sí, sino que debe igualarlos (al menos) con las retribuciones que perciben los miembros de las policías autonómicas.

*Velaremos por el fomento y el cumplimiento estricto de los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las FFCCSS del Estado, con criterios de transparencia y participación.

Absolutamente necesaria esta medida y muy acertada su pretensión de que -además de someterse al cumplimiento de los principios de mérito y capacidad- los procesos de ascenso sean transparentes, única garantía del cumplimiento de tales requisitos.

*Promoveremos las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección y administrativos de las FFyCCSE, asegurando la formación de sus integrantes en aquellas materias normativas que les permitan exigir una correcta gobernanza en el seno de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Tienen un gran camino por recorrer en este sentido en el Cuerpo de la Guardia Civil, donde resulta imposible tener acceso, ni siquiera, a los baremos de los concursantes para ocupar una vacante de méritos, haciendo inútil el control de la actividad administrativa.

*Revisaremos la adecuación de los procesos de ascenso y promoción interna, evitando cualquier sombra de subjetividad, favoritismo o discrecionalidad.

Medida que debería resultar innecesaria en una Administración que se sometiera plenamente a la legalidad, como corresponde a un Estado de Derecho, pero en la que queda mucho camino por recorrer. Y habría que añadir también la lucha contra la subjetividad en la provisión de algunos puestos de trabajo, no sólo en cuestiones de promoción y/o ascenso.

*Actualizaremos los procedimientos de reconocimiento de los méritos profesionales y la concesión de condecoraciones, primando los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Los expedientes de concesión de recompensas estarán sometidos, en todo caso a la referida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Poco que añadir a lo que ya hemos indicado sobre la aplicación de estos principios respecto al sistema de ascensos y promoción.

*Potenciaremos una política efectiva de Prevención de Riesgos Laborales en el seno de las FFyCCSE.

Se trata de una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra joven democracia y en este programa se echa en falta alguna concreción más al respecto, qué concretas medidas pretenden adoptar para alcanzar dicho fin.

*Revisaremos el Régimen de Personal y el Régimen Disciplinario, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, teniendo en cuenta los parámetros regulados en el estatuto del empleado público.

Siendo apropiada la medida (pues toda mejora en las garantías al expedientado es positiva), la lucha debería centrarse en intentar evitar el abuso del empleo del régimen disciplinario: la amenaza constante. Cambiar la política del palo y la zanahoria por la estimulación de los subordinados. Debe inculcarse en todas las Academias un adecuado estilo de mando en el que el superior sirva de ejemplo a sus subordinados.

*Mejoraremos los mecanismos de participación y representación de los Consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en aras de una mayor transparencia e influencia en los procesos normativos y en la toma de decisiones que afecten al personal y a los recursos públicos afectados.

La experiencia de la legislatura que ahora acaba nos demuestra el ninguneo al que se ha sometido al Consejo de la Guardia Civil, por lo que no es suficiente con su mera existencia, sino que debe ser dotado de un reglamento de funcionamiento que garantice el cumplimiento de sus funciones.

*Proponemos la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil, dotándole de mayor conexión con las universidades y empresas.

Nada que comentar al respecto, pues se trata de una medida que ya debería estar en funcionamiento.

El programa de Ciudadanos incluye también algunas propuestas específicas para el Cuerpo de la Guardia Civil:

*Promoveremos la mejora de la Formación en el Cuerpo de la Guardia Civil como medio de mejora de la instrucción de los efectivos del Instituto Armado, actualizando el contenido de sus diferentes cursos y especializaciones, así como el acceso a los mismos.

Es imprescindible la formación continua de los agentes que prestan servicio a diario en la calle. La excesiva producción normativa hace difícil estar al día en legislación, herramienta fundamental en su quehacer diario.

*Velaremos por el desarrollo efectivo del derecho de asociación en el Cuerpo de la Guardia Civil, iniciando el procedimiento de readmisión de los agentes que han sido expedientados y expulsados por solicitar dicho derecho al amparo del Art. 22 de la Constitución.

No se han atrevido a hablar abiertamente del derecho a la sindicación (reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pero al menos ha de valorarse positivamente su intención de desarrollar y proteger el derecho de asociación, aunque no señala qué medidas concretas propone adoptar para la salvaguardia de ese derecho. Por supuesto, cualquier democracia que se precie, debe reponer el honor de todos aquellos que fueron castigados por defender algo tan básico como el derecho de asociación.

*Velaremos por la aplicación efectiva del Régimen Disciplinario en el Cuerpo de la Guardia Civil, evitando la aplicación del Código Penal Militar o el ingreso en prisión por la comisión de faltas disciplinarias, salvo aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, exigen la sujeción al CPM, como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares.

Nada nuevo nos propone aquí Ciudadanos, pues todo lo recogido en este párrafo ya está actualmente en vigor. Si acaso, habría de velar por una aplicación del Régimen Disciplinario como última ratio y no como herramienta de acoso y atemorización del subordinado como está sucediendo en algunos casos.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, bajo el epígrafe «Una nueva política de Seguridad y defensa para España», Ciudadanos aborda los diferentes aspectos de la Defensa.

En el apartado «II. Unas Fuerzas Armadas en defensa de nuestra paz y seguridad» afirma lo siguiente:

*Garantizaremos a los miembros de las FFAA que participan en las misiones en el exterior los medios materiales necesarios para desarrollar su misión y proteger su seguridad. De igual manera se reconocerá públicamente su sacrificio y entrega a la Nación.

Esta propuesta no debería ir en el programa de ningún partido político, porque ya debería darse por hecha, pero -desgraciadamente- no es así. En todo caso, el programa vuelve a pecar de vaguedad al no señalar como se producirá ese reconocimiento del sacrificio y entrega de los militares.

Más adelante, en el apartado «VII. El militar, nuestro mejor activo» presenta las políticas en materia de personal:

*Para disponer de una auténtica reserva militar que permita incrementar si es necesario el número de efectivos, potenciaremos la figura del reservista voluntario diseñando un plan específico donde se prime el componente de formación, preparación y compatibilidad con la vida laboral de esta figura.

*Propondremos una reforma de la Ley de la Carrera Militar que garantice la promoción y progresión profesional de los integrantes de las FFAA subsanando las disfunciones que crean los mecanismos subjetivos de evaluación para el ascenso y los perjuicios causados en referencia a la integración de las escalas, los ascensos o la consolidación de las escalas de complemento. Estudiaremos los posibles agravios derivados de reformas anteriores de esta Ley, para restablecer la justicia profesional, compensar los perjuicios ocasionados y restablecer las legítimas expectativas de progresión en la carrera militar perdidas.

Tal y como señalábamos antes para la Guardia Civil, resulta positivo eliminar los elementos subjetivos en los procesos de evaluación (y no sólo para el ascenso, sino en todos los ámbitos).

Le falta valentía al programa al abordar el asunto de los agravios causados con las reformas anteriores de la carrera militar, pues no nombra el que resulta, en mi opinión, el mayor de todos: el de los suboficiales que ingresaron en la Escala Básica antes del 1 de enero de 1990, ni tampoco señala como va a restablecer en sus derechos a los perjudicados.

*Potenciaremos la promoción interna como forma [de acceso] a las escalas de suboficiales y oficiales, para aprovechar la experiencia y las capacidades de los militares en activo que aspiran a mejorar en su plan de carrera.

Siempre vamos a recibir de forma positiva cualquier medida dirigida a estimular la carrera profesional de los militares lo cual, a su vez, redunda en un beneficio de la Institución.

*Integraremos las actuales escalas de Tropa y Marinería en un sistema único de carrera militar, desapareciendo los compromisos temporales y dotando a sus componentes de las capacidades necesarias para el desempeño de sus cometidos profesionales en función de la antigüedad y de los conocimientos adquiridos. Los contratos temporales se limitarán a la fase inicial hasta la obtención de la capacitación necesaria para la integración en la escala.

No podemos más que mostrarnos de acuerdo con esta medida tendente a terminar con la precariedad laboral de los militares de Tropa y Marinería. Y lo mismo debería predicarse de los militares de Complemento, de los cuales aquí no se dice nada al respecto.

El siguiente epígrafe, titulado «VIII. Los deberes del militar y respeto de sus derechos», recoge las siguientes propuestas:

*Potenciaremos el Observatorio de la Vida Militar y el Consejo de Personal de las FFAA como instrumentos de análisis permanente e interlocución de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los derechos y libertades de los miembros de las FFAA. El Observatorio de la Vida Militar quedará plenamente adscrito a las Cortes Generales, revisando sus competencias y funciones, con la consiguiente dotación presupuestaria en ese ámbito y dotándole de un Reglamento específico aprobado por las Cortes. El Consejo de Personal de las FAS debe transformarse en un órgano de participación colegiado y sus informes deben considerarse vinculantes a todos los efectos.

Estableceremos protocolos de control y supervisión que persigan y sancionen ejemplarmente de aquellas conductas que atenten contra los derechos y libertades individuales de los miembros de las FFAA. En este sentido, promoveremos una reforma de la Ley de Derechos y Deberes de forma que los derechos de los profesionales de las FAS sólo estén limitados de forma concreta y proporcionada por su condición de servidores públicos y por la debida reserva exigible en el desempeño de sus funciones.

Compartimos la idea de que tanto el  Observatorio de la Vida Militar como el Consejo de Personal de las FAS constituyan órganos con funciones reales y efectivas, al contrario de lo que sucede en la actualidad. Nos sorprende, sin embargo, que se otorgue fuerza vinculante a los informes del Consejo de Personal. Estaremos atentos a este aspecto.

En cuanto a los protocolos de control y supervisión, deben establecerse dos premisas sin las cuales no gozarán de efectividad: a) la denuncia o queja de los militares agraviados ante los órganos encargados del cumplimiento de los protocolos, debe poder presesentarse directamente, sin sujeción al conducto reglamentario; y b) los órganos de control deben estar constituidos por personal especializado, independiente y ajeno a las FAS.

*Para compensar los excesos de jornada y horarios derivados de la disponibilidad permanente, las misiones, los ejercicios y maniobras, así como los diferentes servicios que van más allá de la simple jornada laboral, estableceremos una regulación específica que facilite en lo posible la conciliación de la vida personal y familiar.

Constituye este, a nuestro juicio, de uno de los principales obstáculos en la actualidad para los militares, siendo conscientes de que es difícil conjugar la operatividad de las unidades con el derecho a conciliar la vida personal y familiar, pero deben agotarse todos los recursos disponibles antes de recortar este derecho.

Siendo loable el fin, tampoco propone el programa ninguna medida concreta para llevar a efecto esta propuesta.

*Potenciaremos los servicios de Acción Social de las FAS, con la finalidad de promover políticas activas de protección y apoyo social a los militares y sus familias que permitan mitigar las disfunciones y deficiencias que se producen en sus entornos familiares y sociales, como consecuencia de la disociación familiar temporal, la movilidad geográfica, las misiones, las maniobras y ejercicios, que dificultan la conciliación.

*Velaremos especialmente por la estricta aplicación de las políticas de igualdad y del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las FAS.

Como hemos señalado con anterioridad, el problema actual no deriva del protocolo (o, al menos, no sólo de él), sino de la dificultad para denunciar por parte de la víctima, al estar obligada a acudir al «conducto reglamentario», esto es, a denunciar a través de la cadena de mando, en la que puede integrarse su acosador.

El siguiente epígrafe se dedica a la «IX. Integración del militar en la vida civil».

*Diseñaremos e impulsaremos estrategias específicas de formación y capacitación profesional reglada de los miembros de las FFAA durante su etapa militar como garantía de su inserción laboral en el ámbito civil una vez finalizado su servicio. Crearemos una oficina de inserción laboral potenciando la firma [de] convenios específicos con las empresas. Concienciaremos a la sociedad de que los valores constitutivos de las FFAA, disciplina, responsabilidad y sacrificio, son un valor positivo añadido en la responsabilidad laboral y, a semejanza de lo que ocurre en los países más avanzados, la licencia será considerada como una garantía y aval de capacidad profesional en la vida laboral.

No comprendemos muy bien que en el mismo programa se proponga dotar de carrera militar a la Tropa y Marinería y, a la vez, diseñar «estrategias de formación» para garantizar su inserción laboral una vez finalizado el servicio. Si el militar de Tropa y Marinería va a ser un militar de carrera, ¿por qué motivo ha de ser licenciado en edad laboral?

Además, la segunda parte de la propuesta (concienciar a la sociedad) se nos antoja harto difícil mediante la acción del Gobierno. No pasará de ser una declaración de buenas intenciones.

A muestro juicio, la solución pasa porque a partir de cierta edad o de cierto nivel de condiciones psicofísicas, los militares de Tropa y Marinería pasen a desempeñar destinos de carácter más técnico, burocrático o de apoyo o incluso en otros cuerpos de la Administración.

*Potenciaremos las medidas dirigidas al apoyo personal y familiar de los miembros de las FFAA. Entre otras medidas, elaboraremos una ley de movilidad geográfica para ayudar y resolver las carencias que tiene el sistema actual de cambio de destino forzoso de los profesionales de las FFAA con el objeto de mejorar la conciliación laboral y familiar compatibilizándolo con las necesidades estratégicas y operativas de las FAS.

Otra declaración de buenas intenciones, pero que no concreta mediante qué medidas van a mejorar esa conciliación laboral y familiar de los militares.

Finalmente, en lo que aquí interesa, el epígrafe «X. Una Justicia Militar independiente» contiene una única propuesta:

*Homologaremos la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales, garantizando la plena independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares. Por ello, adecuaremos la ubicación de la Sala V de lo Militar bajo competencia del Ministerio de Justicia y sus magistrados serán nombrados conforme al procedimiento en que se provisionan en el resto [de] salas del Tribunal Supremo.

Medida adecuada que puede contribuir a garantizar la independencia de los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El programa completo de Ciudadanos puede consultarse aquí.

Se agradecen comentarios, sugerencias, opiniones y cuantos materiales sirvan para enriquecer el debate acerca de esta materia.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Elecciones generales 20-D. Podemos.

Iniciada la campaña electoral para las elecciones a Cortes Generales, en este blog no hemos querido ser ajenos a la misma, dada la importancia que estos comicios tienen para todos los españoles en general y para los ciudadanos de uniforme en particular.

De este modo, expondremos en este sitio las propuestas que en materia de personal para Fuerzas Armadas y para la Guardia Civil han sido plasmadas en los programas de los cuatro partidos de ámbito nacional a los que la última encuesta del CIS otorgaba mayor estimación de escaños y en orden inverso a dicha estimación, por lo que abriremos esta información con la presente entrada, relativa a Podemos. Continuaremos con Ciudadanos, PSOE y cerraremos con el PP.

Invitamos a comentar y participar en el debate acerca de estas propuestas a través de los comentarios de esta misma entrada.

logo-del-partido-politico-podemos_175173

En primer lugar, entre sus políticas de igualdad, incluye lo siguiente:

187 Mujeres en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Desarrollaremos un plan específico por la igualdad de mujeres y hombres y por la no discriminación por motivos de identidad u orientación sexual.

Llevaremos a cabo un abordaje de las lagunas legales existentes en el Código Penal Militar en materia de acoso sexual, para conocer su alcance real en el ámbito militar.

Crearemos protocolos sobre violencias machistas para el personal femenino, con el fin de evitar daños añadidos en su carrera ante una posible denuncia.

Realizaremos una regulación jurídica del abuso de poder y la discriminación en el ámbito laboral por razón de género en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Crearemos campañas de concienciación sobre el acoso sexual en dichos colectivos.

Adaptaremos los instrumentos de trabajo y el material de seguridad al personal femenino.

Generaremos medidas efectivas sobre la conciliación y la corresponsabilidad familiar, tanto en los puestos de servicio del territorio nacional como en las misiones en el extranjero.

Revisaremos los criterios de promoción en el escalafón militar, con objeto de garantizar una mayor presencia de mujeres en los altos mandos.

Más adelante, en el apartado de seguridad encontramos las siguientes propuestas:

269 Homologación de las jornadas de trabajo de las Fuerzas Armadas a las del resto de la Administración Pública

Proponemos una regulación reglamentaria del horario y de las jornadas laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas para que sean similares a las de la Administración General del Estado, teniendo en cuenta las necesidades específicas derivadas de las misiones, maniobras, guardias y servicios, que serán retribuidos de manera justa.

Nos parece esta una forma realista de abordar la materia, al tener en cuenta -lógicamente- las necesidades específicas de las unidades y la retribución justa de los sobreesfuerzos en la jornada laboral.

270 Redefinición de la carrera militar de todos los militares profesionales

Reformaremos de manera integral la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, e incluiremos en ella al personal de tropa y marinería y a oficiales temporales; y suprimiremos también los actuales compromisos temporales.

Estableceremos, con carácter prioritario, un sistema de promoción con criterios exclusivamente objetivos y basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Así, se valorará como mérito la experiencia profesional, se suprimirán los actuales criterios subjetivos de valoración (como los informes personales de calificación) y se eliminarán los actuales límites de edad.

Tras la experiencia obtenida de las primeras promociones con el nuevo sistema de enseñanza militar, realizaremos un estudio para terminar de adaptarlo al sistema general de enseñanza.

Llevaremos a cabo un plan integral de acción social basado en la igualdad, que preste especial atención a las familias y suprima privilegios.

Se nos antoja fundamental acabar con la precariedad laboral de los militares temporales, así como consideramos positivo que la promoción se realice de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad, para la cual es requisito indispensable la anulación de los informes personales de calificación (IPEC’s).

271 Militares: ciudadanos y trabajadores

Reformaremos la Ley Orgánica 9 / 2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para propiciar una nueva regulación de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos.

Igualmente, suprimiremos la privación de libertad sin tutela judicial efectiva, y renovaremos los órganos de participación con criterios democráticos y vinculantes para los procesos normativos en los ámbitos profesionales, sociales y económicos.

En este paquete de medidas, coincidimos con algunas, pero consideramos que algunos derechos como el de afiliación a partidos políticos no caben en los militares, pues la alta misión que la Constitución les asigna les obliga a mantener su neutralidad política.

Absolutamente de acuerdo en la supresión de sanciones privativas de libertad sin tutela judicial. En nuestra opinión, en tiempo de paz o fuera de zona de operaciones, no tienen razón de ser. Además, la experiencia adquirida con el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que en 2007 abandonó este tipo de sanciones sin que se haya resentido la disciplina, avala esta propuesta.

273 Personal civil a cargo de las tareas administrativas en las Fuerzas Armadas

Reorganizaremos la plantilla para que sea personal civil administrativo quien desempeñe servicios burocráticos en las Fuerzas Armadas. Pondremos fin a los servicios que no son propios del cuerpo: carpinteros, albañiles, jardineros, mecánicos, etcétera.

Es una cuestión que personalmente hemos venido defendiendo desde hace muchos años. Un caso paradigmático es el de la Guardia Civil: no puede formarse a miembros de un cuerpo policial durante dos años y dotarles de uniforme y armamento para que estos ejerzan funciones burocráticas.

Sin embargo, no necesariamente cubriría esos puestos con funcionarios civiles, podrían aprovecharse para que ocuparan destino aquellos militares con limitaciones psicofísicas o con aquellos miembros de Tropa que alcanzasen los 45 años de edad.

274 Libertad de sindicación para los miembros de la Guardia Civil

Reconoceremos la libertad de sindicación dentro de la Guardia Civil y defenderemos que no se aplique el Código Penal Militar a los miembros de este cuerpo, para garantizar así sus derechos fundamentales y sus libertades públicas.

Poco comentario requiere. Y, además, se trata de dos supuestos absolutamente necesarios.

276 Nuevo sistema de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado

Modificaremos los actuales procesos de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado para que se basen exclusivamente en pruebas objetivas y mensurables.

Al igual que hemos analizado con anterioridad la propuesta referida a la promoción en las Fuerzas Armadas, no podemos sino mostrarnos de acuerdo con esta intención, pues los puestos públicos deben ser provistos a través de los criterios de igualdad, mérito y capacidad, desterrando toda suerte de criterios objetivos que intervengan en la promoción profesional.

393 Justicia independiente para los militares

Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces y magistrados con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal. Y suprimiremos la Sala V del Tribunal Supremo de lo Militar por razones de economía, independencia y transparencia. La actual configuración de la justicia militar no garantiza su plena independencia del mando militar.

Evidentemente, resulta absolutamente necesario garantizar la independencia de la jurisdicción militar. Los componentes del Cuerpo Jurídico Militar son profesionales altamente capaces en sus funciones, pero su carrera militar sigue dependiendo del Ministerio de Defensa.

La creación de órganos especializados en las  jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal podría ser una solución, pero se trata de una cuestión muy delicada dada la idiosincrasia de la cuestión disciplinaria y penal militar.

Como hemos anticipado, invitamos al debate, a través de los comentarios a esta entrada.

El programa completo de Podemos puede verse aquí.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , | 3 comentarios