Elecciones generales 20-D. Partido Popular (PP)

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Finalizamos nuestro recorrido por los cuatro programas con mayor intención de voto en la última encuesta del CIS con el análisis de las propuestas del partido que actualmente desempeña las labores de Gobierno de la Nación.

En el epígrafe GARANTIZAR LA SEGURIDAD, el Partido Popular propone, en lo que se refiere a política de personal en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

4 Incrementaremos los recursos policiales destinados a seguir mejorando los niveles de seguridad en nuestras calles, mediante la reorganización de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y el aumento de sus efectivos. Destinaremos a este fin al menos en 3.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, actualmente ocupados en labores burocráticas y de custodia estática de edificios institucionales

Ya decíamos ayer que resulta necesaria la reorganización de la plantilla: primero, por la propia seguridad de los ciudadanos; y, segundo, porque la Administración está utilizando en ocasiones la escasez de personal para negar el disfrute de derechos a los guardias civiles, cuando esa falta de personal es responsabilidad, precisamente, de la propia Administración. Valoramos también positivamente que los efectivos empleados en la actualidad en tareas burocráticas y de custodia estática sean destinados a labores propias de la seguridad ciudadana.

5 Desarrollaremos un plan de modernización y adecuación de la red de infraestructuras de seguridad del Estado en los próximos cuatro años, para elevar la calidad de las instalaciones en donde Policías Nacionales y Guardias Civiles trabajan, cada día, al servicio de todos los españoles. En todas las actuaciones se pondrá especial atención a los criterios de eficiencia energética y de accesibilidad.

En algunos cuarteles esta medida es necesaria por razones de salud e higiene. Hay acuartelamientos en un estado de insalubridad total.

En lo que se refiere a la política de personal en Defensa, el programa electoral del PP apuesta por lo siguiente:

33 La política de Personal volverá a ocupar un lugar central en nuestra política de Defensa, ya que el mejor activo con el que contamos son los casi 120000 hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas. Así, en primer lugar aprobaremos una nueva Ley de Movilidad, para atender las especiales circunstancias y necesidades que se generan en el entorno del militar y de su familia a consecuencia de la permanente disponibilidad y los cambios de destino inherentes a la profesión.

La propuesta de aprobar una Ley de Movilidad para mitigar las consecuencias de la permanente disponibilidad y los cambios de destino durante la carrera militar resulta muy loable, pero no contiene ninguna medida concreta en la que se plasme como se va a llevar a cabo esa actuación de protección.

34 Continuaremos con la aplicación de las medidas de apoyo y protección a las familias, especialmente para permitir la conciliación, y reforzaremos los acuerdos y convenios con Comunidades Autónomas para simplificar la obtención de plazas en colegios, así como con los centros infantiles cuando no estén disponibles los propios de la Defensa.

Resulta curioso que se inicie ese párrafo con la expresión «continuaremos», pues precisamente ha sido con este partido en el Gobierno cuando más se han recortado algunas de las medidas de conciliación de la vida profesional y familiar, como la reducción de jornada para el cuidado de un hijo (lo que en su día expusimos aquí). Parece que nos encontramos ante una falta de coherencia entre lo que se propone y lo que se hace.

La segunda parte de la propuesta no sólo nos parece adecuada, sino que además debería ser obligatorio que los militares que cambian de destino tuvieran plaza en el centro educativo de su elección de entre los existentes en la localidad de destino, cuestión que podría llevarse a cabo si los sucesivos gobiernos centrales no se hubieran desprendido de todas sus competencias en educación.

35 Garantizaremos las posibilidades de acceso y formación que refuercen la calidad profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el progreso en una carrera plena y fructífera. Lo haremos asegurando la reposición necesaria de efectivos para dar cumplimiento a la planificación operativa del JEMAD con vistas al año 2025, mientras potenciamos el aprovechamiento de las capacidades militares en el sector público y privado mediante la implementación del plan SAPROMIL creado durante esta Legislatura

No se hace mención alguna a combatir la precariedad laboral de la Tropa y Marinería, cuestión que nos parece fundamental.

36 Analizaremos los planes de estudio, y su adecuación, permitiendo la convalidación de créditos en los procesos de promoción, desarrollaremos las segundas especialidades de carrera profesional, lo que permitirá el mejor diseño de trayectorias profesionales, perfeccionaremos los procesos de evaluación para el ascenso y fortaleceremos los mecanismos que faciliten la promoción interna entre cuerpos y escalas.

Se habla de perfeccionar los procesos de evaluación, pero no se concreta ninguna medida, como la de eliminar criterios de evaluación subjetivos (IPEC).

38 Aplicaremos con la mayor diligencia el Plan Integral de apoyo a la Discapacidad, completando así las posibilidades de inserción y recuperación de nuestro personal. 

Se trata de un Plan de reciente aprobación (septiembre de 2015) destinado a garantizar la igualdad de oportunidades e integración del personal militar con discapacidad dentro de las Fuerzas Armadas, siendo uno de sus objetivos el de promover el adecuado desarrollo de la actividad profesional, facilitando la reorientación de la carrera profesional en el caso del personal militar con discapacidad que permanece en las Fuerzas Armadas con limitación para ocupar determinados destinos o favoreciendo el acceso a la formación previa y a puestos de trabajo en el sector civil para aquellos militares que como consecuencia de su discapacidad han pasado a retiro o han causado baja en las Fuerzas Armadas.

Dado el escaso tiempo transcurrido desde la aprobación del plan, no podemos evaluar su cumplimiento hasta el momento, pero habremos de estar vigilantes al respecto.

39 Haremos del reservista voluntario un recurso altamente útil para las Fuerzas Armadas; para ello mejoraremos los perfiles profesionales y los destinos, así como su gestión y los procedimientos de activación.

La figura del reservista es necesaria para garantizar el derecho de de defender a España de todos los españoles que así lo deseen, pero ello no debe suplir una carencia de personal en las unidades, esto es, el reservista no debe ser empleado para cubrir plantilla. Ni debe servir de excusa para negar una carrera militar a los militares de complemento y a la Tropa y Marinería.

40 En materia de igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, seguiremos potenciando el acceso y las condiciones de trabajo de la mujer en las FAS e implementaremos el Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. De esta forma, seguiremos exportando, mediante la cooperación y el intercambio de “buenas prácticas”, el modelo español de incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas, pionero y ejemplo en las organizaciones internacionales, así como la cultura de tolerancia cero con respecto al acoso sexual y por razón de sexo.

Así debería ser sin necesidad de medida alguna: absoluta igualdad entre hombres y mujeres en las FAS.

41 Se desarrollará la Ley de Régimen Disciplinario de las FAS, así como se completará el de la Ley de carrera militar, modificando los Reglamentos de Especialidades Fundamentales; de Evaluaciones y sus normas subsiguientes; así como el de Destinos y de Ingreso y promoción para dar cumplimiento a las medidas para facilitar la promoción profesional

Nada que añadir hasta que no se conozcan las concretas medidas de desarrollo.

42 Desarrollaremos también el nuevo Código Penal Militar, entre otras medidas mediante las subsiguientes reformas de la Ley Orgánica Procesal Militar y de la LO de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, aplicando así las decisiones adoptadas de refuerzo de la independencia de los jueces y para el óptimo funcionamiento de la jurisdicción.

Hemos de remitirnos a lo expresado en el párrafo anterior: se trata de medidas de desarrollo de una Ley Orgánica recientemente aprobada, por lo que habremos de estar al contenido de las concretas propuestas.

45 Potenciaremos la Cultura de Defensa con objeto de que los ciudadanos estén informados de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional, así como para dar a conocer las actividades de las Fuerzas Armadas.

Avanzando en el programa, encontramos otro epígrafe con el título NUEVAS SOLUCIONES PARA NUEVOS RETOS: DEFENSA Y SEGURIDAD, en el que encontramos, entre otras, las siguientes medidas:

1 Seguiremos desarrollando una política en defensa y seguridad con especial atención a nuestros hombres y mujeres desplegados internacionalmente, apoyando en toda su dimensión esa labor en la que contribuyen a la seguridad, la estabilidad y la paz, para que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de las capacidades y recursos necesarios para que cumplan con eficacia las labores que se les encomienden.

Parecida redacción a una de las propuestas que ya hemos analizado, referida en esta ocasión a los militares que se encuentran desplegados internacionalmente, pero sin concretar en qué va a consistir esa concreta «especial atención».

3 Continuaremos la labor de fomento de la igualdad, la conciliación y las mejores condiciones de vida para nuestros militares en activo. Proseguiremos aplicando medidas que permitan reforzar la vinculación de los heridos con las Fuerzas Armadas. 

Es justo reconocer el sacrificio de aquellos que han resultado heridos en el cumplimiento del deber.

6 Fomentaremos la cultura de la defensa en el ámbito de la educación.

7 Agilizaremos los procesos de nacionalización de los extranjeros que sirvan en las Fuerzas Armadas.

Es de justicia que quien se consagra a la defensa de la Nación, goce de todos los derechos de pertenencia a la misma.

8 Impulsaremos la coordinación entre los ministerios de Educación y Defensa en materia de titulaciones universitarias para facilitar el acceso al desarrollo de una profesión dentro del Ejército español.

9 Estableceremos un programa para mejorar la atención a las familias de los miembros de las  Fuerzas Armadas, especialmente las de aquellos que están desplegados en misiones internacionales.

Acertada medida. Al esfuerzo y sacrificio del militar desplegado en el extranjero ha de unirse el callado ahínco, tesón y dedicación de la familia que se queda en casa, por lo que cualquier apoyo será, a buen seguro, bienvenido.

En definitiva, hay material suficiente para debatir acerca de este programa, por lo que invitamos humildemente a nuestros lectores a participar en el mismo a través de los comentarios de esta página.

Quien desee consultar el programa íntegro del Partido Popular puede hacerlo aquí.

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Elecciones generales 20-D. Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

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Toca el turno hoy para las propuestas del PSOE en materia de personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

En el apartado PAZ Y SEGURIDAD del programa se afirma que «Las Fuerzas Armadas están al servicio de la sociedad y desempeñan una extraordinaria misión en la defensa de la paz y la seguridad en el mundo» para, a continuación, indicar que desean «unas Fuerzas Armadas con los recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar sus operaciones y cooperar con nuestros socios y aliados», exponiendo sus concretas propuestas en materia de personal:

*Unas Fuerzas Armadas profesionales altamente formadas y cualificadas, cuyos componentes, sin excepción, puedan desarrollar sus carreras profesionales desde su entrada hasta su pase a retiro, basándose en los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y experiencia.

Con esta propuesta, el PSOE se alinea con quienes pretenden dotar de una carrera militar a los militares de Tropa y Marinería y a la escala de Complemento, poniendo fin, por lo tanto, a la precariedad laboral.

*Realizar la promoción interna de los y las militares de carrera, cualquiera que sea su procedencia o empleo, mediante procedimientos de evaluación públicos y transparentes.

Nada que objetar a esta medida que debe ser acompañada de la supresión de las evaluaciones de carácter subjetivo (como IPECs).

*Modificar el Régimen Disciplinario, de forma que sin la debida tutela judicial efectiva no se pueda privar de libertad por faltas administrativas.

En la actualidad, en tiempo de paz y fuera de zona de operaciones, se antoja desmedida cualquier sanción administrativa privativa de libertad (arresto).

Es más, debería llegarse más lejos en este aspecto y derogar la reserva que España mantiene en el Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder imponer sanciones privativas de libertad sin intervención judicial.

*Establecer un sistema integral para la reinserción laboral del personal de tropa y marinería que termine su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Al igual que indicábamos ayer, se nos antoja contradictorio el hecho de que en el mismo programa se pretenda dotar a los militares profesionales de tropa y marinería de una carrera profesional completa y, a la vez, se promueva un sistema integral para la «reinserción» laboral, salvo que se tenga poca esperanza en el desarrollo del programa, claro está.

*Potenciar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. Asegurar su promoción en las escalas de mando en condiciones de igualdad. Erradicar toda manifestación de acoso sexual y laboral en el seno de las Fuerzas Armadas y sancionar con ejemplaridad los supuestos en que se produzcan.

Por supuesto, nada que objetar al respecto, salvo interrogarnos acerca de cuales son las concretas medidas que pueden adoptarse para conseguir estos fines.

*Fomentar las acciones encaminadas a facilitar la conciliación de la vida familiar, adecuación de las jornadas laborales, así como la implementación real en la administración militar de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Es difícil conjugar la operatividad de las unidades con el respeto a la conciliación de la vida familiar pero, sin duda, es una de las asignaturas pendientes en nuestras Fuerzas Armadas y en ello deben implicarse los poderes públicos y toda la cadena de mando. Por lo tanto, no sólo apoyamos este punto programático, sino que lo consideramos necesario. Eso sí, nos hubiera gustado más que en el programa se indicaran qué concretas medidas van a adoptarse para facilitar esa conciliación laboral.

*Profundizar el proceso de homologación de la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales, incrementando las garantías de la independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares y el sometimiento al régimen sancionador establecido en la LOPJ.

*Reformar la jurisdicción militar con arreglo a los siguientes principios:

  • Homologar la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales.
  • Profundizar la plena garantía de independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares.
  • Atribuir al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de todos los órganos judiciales militares, unipersonales y colegiados.
  • Garantizar la inamovilidad de quienes desempeñen funciones judiciales en los órganos de la jurisdicción militar.
  • Someter en exclusiva a las personas que forman parte de la Jurisdicción militar al régimen sancionador previsto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Aquí si que ofrece el PSOE medidas concretas, tendentes a homologar la jurisdicción militar con los demás órdenes jurisdiccionales y a incrementar la garantía de independencia de los jueces y magistrados de la jurisdicción militar.

Sus propuestas no resultan tan ambiciosas en este sentido como las de los partidos que ya hemos tenido ocasión de analizar, pero suponen un indudable avance en la independencia de los jueces y magistrados y, en consecuencia, en una mayor garantía de los justiciables.

Aunque no guarda relación directa con cuestiones de personal, consideramos altamente positiva la propuesta de fomentar acuerdos «con el mundo de la educación, la cultura, la ciencia y, en definitiva, todo el ámbito social para aumentar la difusión de la Cultura de Defensa».

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el título MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS, nos propone lo siguiente:

*Reformar las leyes de personal de guardia civil y policía para establecer claramente los derechos y obligaciones de sus miembros.

Se trata de un brindis al sol carente de la más mínima referencia concreta acerca de cuales son los derechos y obligaciones que quiere delimitar. Y que proviene de uno de los partidos que perpetraron la  L.O. 11/2011, de 1 de agosto, tramitada por la puerta de atrás, con carácter de urgencia y con el único interés de intentar privar a los guardias civiles del derecho de manifestación (como decíamos aquí). Por ello, se comprenderá que acojamos con las debidas reservas esta propuesta.

*Reponer de forma proporcional y graduada las vacantes de las dotaciones de Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

*Implantar un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos técnicos y jurídicos de todas las personas que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que puedan realizar sus funciones con eficacia y seguridad jurídica.

Aquí sí: incondicionalmente a favor de esta propuesta, pues nunca es suficiente la formación jurídica para quienes deben lidiar constantemente en su servicio diario con la legislación.

El programa íntegro del PSOE está aquí.

Quedan ustedes invitados al debate.

 

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Elecciones generales 20-D. Ciudadanos.

 

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Continuamos con la presentación de los programas electorales de los cuatro partidos con mayor expectativa de voto para el próximo 20-D, en relación a sus políticas de personal para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiéndole hoy el turno a Ciudadanos.

El programa de esta formación tiene dos epígrafes en los que se recogen las citadas materias. El primero de ellos es el denominado «Programa de interior», con las siguientes propuestas, comunes para miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía:

*Promoveremos un Acuerdo Marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno de los FFCCSS del Estado en base a marcos competenciales homologables entre ellos.

Se trata esta de una vieja aspiración: la igualdad salarial, ampliada ahora a la homologación en ambos cuerpos de las condiciones de trabajo y de conciliación. Pensamos que la primera de tales medidas no debe conformarse con igualar los salarios de las FFCCSS del Estado entre sí, sino que debe igualarlos (al menos) con las retribuciones que perciben los miembros de las policías autonómicas.

*Velaremos por el fomento y el cumplimiento estricto de los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las FFCCSS del Estado, con criterios de transparencia y participación.

Absolutamente necesaria esta medida y muy acertada su pretensión de que -además de someterse al cumplimiento de los principios de mérito y capacidad- los procesos de ascenso sean transparentes, única garantía del cumplimiento de tales requisitos.

*Promoveremos las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección y administrativos de las FFyCCSE, asegurando la formación de sus integrantes en aquellas materias normativas que les permitan exigir una correcta gobernanza en el seno de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Tienen un gran camino por recorrer en este sentido en el Cuerpo de la Guardia Civil, donde resulta imposible tener acceso, ni siquiera, a los baremos de los concursantes para ocupar una vacante de méritos, haciendo inútil el control de la actividad administrativa.

*Revisaremos la adecuación de los procesos de ascenso y promoción interna, evitando cualquier sombra de subjetividad, favoritismo o discrecionalidad.

Medida que debería resultar innecesaria en una Administración que se sometiera plenamente a la legalidad, como corresponde a un Estado de Derecho, pero en la que queda mucho camino por recorrer. Y habría que añadir también la lucha contra la subjetividad en la provisión de algunos puestos de trabajo, no sólo en cuestiones de promoción y/o ascenso.

*Actualizaremos los procedimientos de reconocimiento de los méritos profesionales y la concesión de condecoraciones, primando los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Los expedientes de concesión de recompensas estarán sometidos, en todo caso a la referida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Poco que añadir a lo que ya hemos indicado sobre la aplicación de estos principios respecto al sistema de ascensos y promoción.

*Potenciaremos una política efectiva de Prevención de Riesgos Laborales en el seno de las FFyCCSE.

Se trata de una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra joven democracia y en este programa se echa en falta alguna concreción más al respecto, qué concretas medidas pretenden adoptar para alcanzar dicho fin.

*Revisaremos el Régimen de Personal y el Régimen Disciplinario, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, teniendo en cuenta los parámetros regulados en el estatuto del empleado público.

Siendo apropiada la medida (pues toda mejora en las garantías al expedientado es positiva), la lucha debería centrarse en intentar evitar el abuso del empleo del régimen disciplinario: la amenaza constante. Cambiar la política del palo y la zanahoria por la estimulación de los subordinados. Debe inculcarse en todas las Academias un adecuado estilo de mando en el que el superior sirva de ejemplo a sus subordinados.

*Mejoraremos los mecanismos de participación y representación de los Consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en aras de una mayor transparencia e influencia en los procesos normativos y en la toma de decisiones que afecten al personal y a los recursos públicos afectados.

La experiencia de la legislatura que ahora acaba nos demuestra el ninguneo al que se ha sometido al Consejo de la Guardia Civil, por lo que no es suficiente con su mera existencia, sino que debe ser dotado de un reglamento de funcionamiento que garantice el cumplimiento de sus funciones.

*Proponemos la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil, dotándole de mayor conexión con las universidades y empresas.

Nada que comentar al respecto, pues se trata de una medida que ya debería estar en funcionamiento.

El programa de Ciudadanos incluye también algunas propuestas específicas para el Cuerpo de la Guardia Civil:

*Promoveremos la mejora de la Formación en el Cuerpo de la Guardia Civil como medio de mejora de la instrucción de los efectivos del Instituto Armado, actualizando el contenido de sus diferentes cursos y especializaciones, así como el acceso a los mismos.

Es imprescindible la formación continua de los agentes que prestan servicio a diario en la calle. La excesiva producción normativa hace difícil estar al día en legislación, herramienta fundamental en su quehacer diario.

*Velaremos por el desarrollo efectivo del derecho de asociación en el Cuerpo de la Guardia Civil, iniciando el procedimiento de readmisión de los agentes que han sido expedientados y expulsados por solicitar dicho derecho al amparo del Art. 22 de la Constitución.

No se han atrevido a hablar abiertamente del derecho a la sindicación (reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pero al menos ha de valorarse positivamente su intención de desarrollar y proteger el derecho de asociación, aunque no señala qué medidas concretas propone adoptar para la salvaguardia de ese derecho. Por supuesto, cualquier democracia que se precie, debe reponer el honor de todos aquellos que fueron castigados por defender algo tan básico como el derecho de asociación.

*Velaremos por la aplicación efectiva del Régimen Disciplinario en el Cuerpo de la Guardia Civil, evitando la aplicación del Código Penal Militar o el ingreso en prisión por la comisión de faltas disciplinarias, salvo aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, exigen la sujeción al CPM, como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares.

Nada nuevo nos propone aquí Ciudadanos, pues todo lo recogido en este párrafo ya está actualmente en vigor. Si acaso, habría de velar por una aplicación del Régimen Disciplinario como última ratio y no como herramienta de acoso y atemorización del subordinado como está sucediendo en algunos casos.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, bajo el epígrafe «Una nueva política de Seguridad y defensa para España», Ciudadanos aborda los diferentes aspectos de la Defensa.

En el apartado «II. Unas Fuerzas Armadas en defensa de nuestra paz y seguridad» afirma lo siguiente:

*Garantizaremos a los miembros de las FFAA que participan en las misiones en el exterior los medios materiales necesarios para desarrollar su misión y proteger su seguridad. De igual manera se reconocerá públicamente su sacrificio y entrega a la Nación.

Esta propuesta no debería ir en el programa de ningún partido político, porque ya debería darse por hecha, pero -desgraciadamente- no es así. En todo caso, el programa vuelve a pecar de vaguedad al no señalar como se producirá ese reconocimiento del sacrificio y entrega de los militares.

Más adelante, en el apartado «VII. El militar, nuestro mejor activo» presenta las políticas en materia de personal:

*Para disponer de una auténtica reserva militar que permita incrementar si es necesario el número de efectivos, potenciaremos la figura del reservista voluntario diseñando un plan específico donde se prime el componente de formación, preparación y compatibilidad con la vida laboral de esta figura.

*Propondremos una reforma de la Ley de la Carrera Militar que garantice la promoción y progresión profesional de los integrantes de las FFAA subsanando las disfunciones que crean los mecanismos subjetivos de evaluación para el ascenso y los perjuicios causados en referencia a la integración de las escalas, los ascensos o la consolidación de las escalas de complemento. Estudiaremos los posibles agravios derivados de reformas anteriores de esta Ley, para restablecer la justicia profesional, compensar los perjuicios ocasionados y restablecer las legítimas expectativas de progresión en la carrera militar perdidas.

Tal y como señalábamos antes para la Guardia Civil, resulta positivo eliminar los elementos subjetivos en los procesos de evaluación (y no sólo para el ascenso, sino en todos los ámbitos).

Le falta valentía al programa al abordar el asunto de los agravios causados con las reformas anteriores de la carrera militar, pues no nombra el que resulta, en mi opinión, el mayor de todos: el de los suboficiales que ingresaron en la Escala Básica antes del 1 de enero de 1990, ni tampoco señala como va a restablecer en sus derechos a los perjudicados.

*Potenciaremos la promoción interna como forma [de acceso] a las escalas de suboficiales y oficiales, para aprovechar la experiencia y las capacidades de los militares en activo que aspiran a mejorar en su plan de carrera.

Siempre vamos a recibir de forma positiva cualquier medida dirigida a estimular la carrera profesional de los militares lo cual, a su vez, redunda en un beneficio de la Institución.

*Integraremos las actuales escalas de Tropa y Marinería en un sistema único de carrera militar, desapareciendo los compromisos temporales y dotando a sus componentes de las capacidades necesarias para el desempeño de sus cometidos profesionales en función de la antigüedad y de los conocimientos adquiridos. Los contratos temporales se limitarán a la fase inicial hasta la obtención de la capacitación necesaria para la integración en la escala.

No podemos más que mostrarnos de acuerdo con esta medida tendente a terminar con la precariedad laboral de los militares de Tropa y Marinería. Y lo mismo debería predicarse de los militares de Complemento, de los cuales aquí no se dice nada al respecto.

El siguiente epígrafe, titulado «VIII. Los deberes del militar y respeto de sus derechos», recoge las siguientes propuestas:

*Potenciaremos el Observatorio de la Vida Militar y el Consejo de Personal de las FFAA como instrumentos de análisis permanente e interlocución de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los derechos y libertades de los miembros de las FFAA. El Observatorio de la Vida Militar quedará plenamente adscrito a las Cortes Generales, revisando sus competencias y funciones, con la consiguiente dotación presupuestaria en ese ámbito y dotándole de un Reglamento específico aprobado por las Cortes. El Consejo de Personal de las FAS debe transformarse en un órgano de participación colegiado y sus informes deben considerarse vinculantes a todos los efectos.

Estableceremos protocolos de control y supervisión que persigan y sancionen ejemplarmente de aquellas conductas que atenten contra los derechos y libertades individuales de los miembros de las FFAA. En este sentido, promoveremos una reforma de la Ley de Derechos y Deberes de forma que los derechos de los profesionales de las FAS sólo estén limitados de forma concreta y proporcionada por su condición de servidores públicos y por la debida reserva exigible en el desempeño de sus funciones.

Compartimos la idea de que tanto el  Observatorio de la Vida Militar como el Consejo de Personal de las FAS constituyan órganos con funciones reales y efectivas, al contrario de lo que sucede en la actualidad. Nos sorprende, sin embargo, que se otorgue fuerza vinculante a los informes del Consejo de Personal. Estaremos atentos a este aspecto.

En cuanto a los protocolos de control y supervisión, deben establecerse dos premisas sin las cuales no gozarán de efectividad: a) la denuncia o queja de los militares agraviados ante los órganos encargados del cumplimiento de los protocolos, debe poder presesentarse directamente, sin sujeción al conducto reglamentario; y b) los órganos de control deben estar constituidos por personal especializado, independiente y ajeno a las FAS.

*Para compensar los excesos de jornada y horarios derivados de la disponibilidad permanente, las misiones, los ejercicios y maniobras, así como los diferentes servicios que van más allá de la simple jornada laboral, estableceremos una regulación específica que facilite en lo posible la conciliación de la vida personal y familiar.

Constituye este, a nuestro juicio, de uno de los principales obstáculos en la actualidad para los militares, siendo conscientes de que es difícil conjugar la operatividad de las unidades con el derecho a conciliar la vida personal y familiar, pero deben agotarse todos los recursos disponibles antes de recortar este derecho.

Siendo loable el fin, tampoco propone el programa ninguna medida concreta para llevar a efecto esta propuesta.

*Potenciaremos los servicios de Acción Social de las FAS, con la finalidad de promover políticas activas de protección y apoyo social a los militares y sus familias que permitan mitigar las disfunciones y deficiencias que se producen en sus entornos familiares y sociales, como consecuencia de la disociación familiar temporal, la movilidad geográfica, las misiones, las maniobras y ejercicios, que dificultan la conciliación.

*Velaremos especialmente por la estricta aplicación de las políticas de igualdad y del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las FAS.

Como hemos señalado con anterioridad, el problema actual no deriva del protocolo (o, al menos, no sólo de él), sino de la dificultad para denunciar por parte de la víctima, al estar obligada a acudir al «conducto reglamentario», esto es, a denunciar a través de la cadena de mando, en la que puede integrarse su acosador.

El siguiente epígrafe se dedica a la «IX. Integración del militar en la vida civil».

*Diseñaremos e impulsaremos estrategias específicas de formación y capacitación profesional reglada de los miembros de las FFAA durante su etapa militar como garantía de su inserción laboral en el ámbito civil una vez finalizado su servicio. Crearemos una oficina de inserción laboral potenciando la firma [de] convenios específicos con las empresas. Concienciaremos a la sociedad de que los valores constitutivos de las FFAA, disciplina, responsabilidad y sacrificio, son un valor positivo añadido en la responsabilidad laboral y, a semejanza de lo que ocurre en los países más avanzados, la licencia será considerada como una garantía y aval de capacidad profesional en la vida laboral.

No comprendemos muy bien que en el mismo programa se proponga dotar de carrera militar a la Tropa y Marinería y, a la vez, diseñar «estrategias de formación» para garantizar su inserción laboral una vez finalizado el servicio. Si el militar de Tropa y Marinería va a ser un militar de carrera, ¿por qué motivo ha de ser licenciado en edad laboral?

Además, la segunda parte de la propuesta (concienciar a la sociedad) se nos antoja harto difícil mediante la acción del Gobierno. No pasará de ser una declaración de buenas intenciones.

A muestro juicio, la solución pasa porque a partir de cierta edad o de cierto nivel de condiciones psicofísicas, los militares de Tropa y Marinería pasen a desempeñar destinos de carácter más técnico, burocrático o de apoyo o incluso en otros cuerpos de la Administración.

*Potenciaremos las medidas dirigidas al apoyo personal y familiar de los miembros de las FFAA. Entre otras medidas, elaboraremos una ley de movilidad geográfica para ayudar y resolver las carencias que tiene el sistema actual de cambio de destino forzoso de los profesionales de las FFAA con el objeto de mejorar la conciliación laboral y familiar compatibilizándolo con las necesidades estratégicas y operativas de las FAS.

Otra declaración de buenas intenciones, pero que no concreta mediante qué medidas van a mejorar esa conciliación laboral y familiar de los militares.

Finalmente, en lo que aquí interesa, el epígrafe «X. Una Justicia Militar independiente» contiene una única propuesta:

*Homologaremos la jurisdicción militar a los demás órdenes jurisdiccionales, garantizando la plena independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares. Por ello, adecuaremos la ubicación de la Sala V de lo Militar bajo competencia del Ministerio de Justicia y sus magistrados serán nombrados conforme al procedimiento en que se provisionan en el resto [de] salas del Tribunal Supremo.

Medida adecuada que puede contribuir a garantizar la independencia de los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El programa completo de Ciudadanos puede consultarse aquí.

Se agradecen comentarios, sugerencias, opiniones y cuantos materiales sirvan para enriquecer el debate acerca de esta materia.

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Elecciones generales 20-D. Podemos.

Iniciada la campaña electoral para las elecciones a Cortes Generales, en este blog no hemos querido ser ajenos a la misma, dada la importancia que estos comicios tienen para todos los españoles en general y para los ciudadanos de uniforme en particular.

De este modo, expondremos en este sitio las propuestas que en materia de personal para Fuerzas Armadas y para la Guardia Civil han sido plasmadas en los programas de los cuatro partidos de ámbito nacional a los que la última encuesta del CIS otorgaba mayor estimación de escaños y en orden inverso a dicha estimación, por lo que abriremos esta información con la presente entrada, relativa a Podemos. Continuaremos con Ciudadanos, PSOE y cerraremos con el PP.

Invitamos a comentar y participar en el debate acerca de estas propuestas a través de los comentarios de esta misma entrada.

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En primer lugar, entre sus políticas de igualdad, incluye lo siguiente:

187 Mujeres en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Desarrollaremos un plan específico por la igualdad de mujeres y hombres y por la no discriminación por motivos de identidad u orientación sexual.

Llevaremos a cabo un abordaje de las lagunas legales existentes en el Código Penal Militar en materia de acoso sexual, para conocer su alcance real en el ámbito militar.

Crearemos protocolos sobre violencias machistas para el personal femenino, con el fin de evitar daños añadidos en su carrera ante una posible denuncia.

Realizaremos una regulación jurídica del abuso de poder y la discriminación en el ámbito laboral por razón de género en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Crearemos campañas de concienciación sobre el acoso sexual en dichos colectivos.

Adaptaremos los instrumentos de trabajo y el material de seguridad al personal femenino.

Generaremos medidas efectivas sobre la conciliación y la corresponsabilidad familiar, tanto en los puestos de servicio del territorio nacional como en las misiones en el extranjero.

Revisaremos los criterios de promoción en el escalafón militar, con objeto de garantizar una mayor presencia de mujeres en los altos mandos.

Más adelante, en el apartado de seguridad encontramos las siguientes propuestas:

269 Homologación de las jornadas de trabajo de las Fuerzas Armadas a las del resto de la Administración Pública

Proponemos una regulación reglamentaria del horario y de las jornadas laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas para que sean similares a las de la Administración General del Estado, teniendo en cuenta las necesidades específicas derivadas de las misiones, maniobras, guardias y servicios, que serán retribuidos de manera justa.

Nos parece esta una forma realista de abordar la materia, al tener en cuenta -lógicamente- las necesidades específicas de las unidades y la retribución justa de los sobreesfuerzos en la jornada laboral.

270 Redefinición de la carrera militar de todos los militares profesionales

Reformaremos de manera integral la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, e incluiremos en ella al personal de tropa y marinería y a oficiales temporales; y suprimiremos también los actuales compromisos temporales.

Estableceremos, con carácter prioritario, un sistema de promoción con criterios exclusivamente objetivos y basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Así, se valorará como mérito la experiencia profesional, se suprimirán los actuales criterios subjetivos de valoración (como los informes personales de calificación) y se eliminarán los actuales límites de edad.

Tras la experiencia obtenida de las primeras promociones con el nuevo sistema de enseñanza militar, realizaremos un estudio para terminar de adaptarlo al sistema general de enseñanza.

Llevaremos a cabo un plan integral de acción social basado en la igualdad, que preste especial atención a las familias y suprima privilegios.

Se nos antoja fundamental acabar con la precariedad laboral de los militares temporales, así como consideramos positivo que la promoción se realice de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad, para la cual es requisito indispensable la anulación de los informes personales de calificación (IPEC’s).

271 Militares: ciudadanos y trabajadores

Reformaremos la Ley Orgánica 9 / 2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para propiciar una nueva regulación de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos.

Igualmente, suprimiremos la privación de libertad sin tutela judicial efectiva, y renovaremos los órganos de participación con criterios democráticos y vinculantes para los procesos normativos en los ámbitos profesionales, sociales y económicos.

En este paquete de medidas, coincidimos con algunas, pero consideramos que algunos derechos como el de afiliación a partidos políticos no caben en los militares, pues la alta misión que la Constitución les asigna les obliga a mantener su neutralidad política.

Absolutamente de acuerdo en la supresión de sanciones privativas de libertad sin tutela judicial. En nuestra opinión, en tiempo de paz o fuera de zona de operaciones, no tienen razón de ser. Además, la experiencia adquirida con el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que en 2007 abandonó este tipo de sanciones sin que se haya resentido la disciplina, avala esta propuesta.

273 Personal civil a cargo de las tareas administrativas en las Fuerzas Armadas

Reorganizaremos la plantilla para que sea personal civil administrativo quien desempeñe servicios burocráticos en las Fuerzas Armadas. Pondremos fin a los servicios que no son propios del cuerpo: carpinteros, albañiles, jardineros, mecánicos, etcétera.

Es una cuestión que personalmente hemos venido defendiendo desde hace muchos años. Un caso paradigmático es el de la Guardia Civil: no puede formarse a miembros de un cuerpo policial durante dos años y dotarles de uniforme y armamento para que estos ejerzan funciones burocráticas.

Sin embargo, no necesariamente cubriría esos puestos con funcionarios civiles, podrían aprovecharse para que ocuparan destino aquellos militares con limitaciones psicofísicas o con aquellos miembros de Tropa que alcanzasen los 45 años de edad.

274 Libertad de sindicación para los miembros de la Guardia Civil

Reconoceremos la libertad de sindicación dentro de la Guardia Civil y defenderemos que no se aplique el Código Penal Militar a los miembros de este cuerpo, para garantizar así sus derechos fundamentales y sus libertades públicas.

Poco comentario requiere. Y, además, se trata de dos supuestos absolutamente necesarios.

276 Nuevo sistema de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado

Modificaremos los actuales procesos de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado para que se basen exclusivamente en pruebas objetivas y mensurables.

Al igual que hemos analizado con anterioridad la propuesta referida a la promoción en las Fuerzas Armadas, no podemos sino mostrarnos de acuerdo con esta intención, pues los puestos públicos deben ser provistos a través de los criterios de igualdad, mérito y capacidad, desterrando toda suerte de criterios objetivos que intervengan en la promoción profesional.

393 Justicia independiente para los militares

Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces y magistrados con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal. Y suprimiremos la Sala V del Tribunal Supremo de lo Militar por razones de economía, independencia y transparencia. La actual configuración de la justicia militar no garantiza su plena independencia del mando militar.

Evidentemente, resulta absolutamente necesario garantizar la independencia de la jurisdicción militar. Los componentes del Cuerpo Jurídico Militar son profesionales altamente capaces en sus funciones, pero su carrera militar sigue dependiendo del Ministerio de Defensa.

La creación de órganos especializados en las  jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal podría ser una solución, pero se trata de una cuestión muy delicada dada la idiosincrasia de la cuestión disciplinaria y penal militar.

Como hemos anticipado, invitamos al debate, a través de los comentarios a esta entrada.

El programa completo de Podemos puede verse aquí.

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Reforma de la Ley de la Carrera Militar

Entrenamiento de Tiro personal equipo EOS. Despliegue fragata Méndez Núñez en Operación Atalanta. (Foto: Armada Española en Flickr. CC BY-NC-SA 2.0)

Entrenamiento de Tiro personal equipo EOS.
Despliegue fragata Méndez Núñez en Operación Atalanta. (Foto: Armada Española en Flickr. CC BY-NC-SA 2.0)

El final de legislatura está siendo especialmente fructífero en cuanto a la publicación de normas en el BOE. En lo que afecta a nuestro ámbito, principalmente son dos las leyes que se han publicado recientemente y que analizaremos en este blog. La primera, es la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y que constituye una reforma parcial de dicha norma reguladora del régimen de personal de las Fuerzas Armadas.

La segunda es la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, que regula los delitos que se cometen en el ámbito castrense.

Nos ocuparemos hoy de la primera de estas normas, en la que se modifican diversos aspectos de la Ley de la Carrera Militar, algunas de ellas, ampliamente demandadas prácticamente desde su publicación, como ocurre en las siguientes materias:

1.- Empleos con carácter honorífico.

La reforma amplía el abanico de posibles beneficiarios del ascenso honorífico al empleo inmediato superior, pues hasta la fecha únicamente se preveía el ascenso de los militares que hubieran pasado a retiro (lo que abarcaba a militares de carrera en todo caso, pero a militares de complemento y a los militares de tropa y marinería profesionales únicamente en circunstancias excepcionales), mientras que en la actualidad también se prevé el ascenso honorífico de los militares que hubieran resuelto su compromiso, lo que incluye a estos últimos.

2.- Vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas.

Se establece la posibilidad de que el militar que -en atención a especiales circunstancias- haya pasado a retiro o le haya sido resuelto el compromiso por incapacidad permanente para el servicio, producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, pueda quedar vinculado con carácter honorífico con las Fuerzas Armadas.

Tales «especiales circunstancias» deberán ser determinadas mediante orden del Ministro de Defensa.

La vinculación con las Fuerzas Armadas comprende la adscripción del interesado a la unidad que se determine y comprende, en su caso, la concesión de sucesivos empleos con carácter honorífico que no tendrán efecto económico alguno ni supondrá modificación de la pensión que perciba el interesado.

3.- Provisión de destinos.

Incluye tres novedades:

Se establece el derecho de la víctima de acoso, abuso o agresión sexuales (una vez incoado procedimiento disciplinario por falta muy grave o admitida a trámite la denuncia) a solicitar una comisión de servicio en unidad o localidad distinta a aquella en la que ocurrieron los hechos.

Se prevé que las normas generales de provisión de destinos puedan incluir la asignación temporal de destinos al militar en el que concurran circunstancias excepcionales de conciliación de la vida profesional, personal y familiar, por motivos de salud, discapacidad o dependencia del militar o sus familiares.

Se reconoce el derecho de los militares considerados víctimas del terrorismo a la asignación de un nuevo destino.

4.- Ascenso de los suboficiales en retiro.

Los suboficiales procedentes de los Cuerpos de Suboficiales en retiro por incapacidad permanente podrán solicitar el empleo y antigüedad asignados al que le siguiera en el curso de aptitud para el acceso a dichas escalas o en el escalafón y que figure en la reordenación prevista en la D.A.10ª de la Ley 39/2007, siempre con el límite de que no suponga un empleo y antigüedad posteriores a la fecha en que el afectado cumplió 61 años de edad.

5.- Posibilidad de reducción, a petición propia, del complemento específico.

La normativa sobre incompatibilidades impide que pueda reconocerse la compatibilidad a aquellos funcionarios que ocupen puestos de trabajo que comporten «la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad» (art. 16.4 del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero).

Esta circunstancia vino a paliarse con un acuerdo del Consejo de Ministros  de 16 de diciembre de 2011 que tuvimos ocasión de analizar en este mismo blog, si bien el mismo dejaba fuera de su ámbito de aplicación a los militares y a los guardias civiles.

La reforma que ahora tratamos resuelve dicha situación al permitir al personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, la posibilidad de solicitar la reducción del importe del complemento específico del puesto de trabajo que desempeñan para adecuarlo al 30% exigido en el precepto citado.

6.- Ascenso de suboficiales al empleo de teniente (D.T. 7ª).

Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento entre el 1 de enero de 1977 y el 20 de mayo de 1999 y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente, que se les concederá con la fecha de pase a la situación de reserva, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso.

A los suboficiales que asciendan al empleo de teniente con más de 58 años, en virtud de dicha disposición transitoria, se les concederá tal empleo con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron dicha edad.

Los suboficiales mayores que hubieran pasado a la situación de reserva por seis años de permanencia en el empleo antes del 1 de agosto de 2013, se les concederá el empleo de teniente con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron 56 años.

***

Si te encuentras en alguna de tales situaciones -o consideras que pudieras estarlo- tenemos a tu disposición nuestra firma de abogados, despacho de referencia en Derecho Militar y de personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

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Nuevas normas sobre lugar de residencia y desplazamientos al extranjero del personal militar

Foto: Armada Española (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Armada Española (CC BY-NC-SA 2.0)

El Boletín Oficial del Estado no descansa en el Día de la Fiesta Nacional y hoy publica dos órdenes relativas al lugar de residencia del personal militar y a los desplazamientos no oficiales al extranjero.

La primera de ellas, la Orden DEF/2096/2015, de 29 de septiembre, por la que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un municipio distinto al de destino, dictada en desarrollo del artículo 23.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece las condiciones para que los militares puedan residir en lugar distinto al de su destino y la obligación de comunicar en su unidad de destino (o aquella en la que se halle en comisión de servicio) -a efectos de localización-, su domicilio habitual o temporal, su número de teléfono y su correo electrónico, con la debida salvaguarda, por tratarse de datos de carácter personal.

La Orden incluye un modelo normalizado de solicitud de autorización para fijar la residencia habitual en municipio distinto al de destino.

La segunda norma es la Orden DEF/2097/2015, de 29 de septiembre, por la que se regula la autorización previa para desplazamientos al extranjero del personal militar. Con carácter general el militar podrá desplazarse libremente al extranjero, con la única obligación de comunicar en su unidad su residencia temporal y los datos de carácter personal que hagan posible su localización.

Como excepción a dicho carácter general, «el Secretario General de Política de Defensa establecerá, en función de la situación internacional, los países o territorios para los que el militar requiere de autorización previa a su desplazamiento». Dicha solicitud de autorización deberá tener entrada en el órgano competente para resolver (Dirección General de Personal o Mandos o Jefes de Personal respectivos) con una antelación mínima de quince días al inicio del viaje y mediante el modelo normalizado que incluye la propia Orden.

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Derechos pasivos de los militares con compromiso temporal

«L'Oublié!», de Emile Bestsellere (1782)

«L’Oublié!», de Emile Bestsellere (1872)

Leía ayer una noticia en el blog de Luis Gonzalo Segura, en la que reproducía un mensaje publicado en facebook por el usuario «Galerna Tropa»¹, acerca de la discriminación que sufren los militares con compromiso temporal con respecto a los permanentes en el caso de padecer una lesión o enfermedad que les suponga una incapacidad para la profesión militar.

Así, se afirmaba en dicho artículo -de forma fundada- que los oficiales de complemento y la tropa y marinería no permanente, en caso de inutilidad para el servicio, perciben un porcentaje de la pensión en función de la discapacidad que sufren (en oposición a la regulación para los militares permanentes o «de carrera», que perciben la pensión íntegra con independencia de la discapacidad que la enfermedad o lesión les genere).

Compartimos también la opinión del autor acerca de la injustificada distinción en derechos a quienes gozan del mismo empleo y realizan idénticas tareas.

Sin embargo, ha de llamarse la atención sobre un aspecto que no se cita en el indicado artículo y que -en mi opinión- resulta más grave y discriminatorio que el señalamiento de la cuantía de la pensión en función del porcentaje de discapacidad. Me refiero al contenido del artículo 1.2 del Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, cuyo primer párrafo dice así:

«Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación cuando el accidente, lesión o enfermedad determinantes de la insuficiencia de condiciones psicofísicas o el fallecimiento se hayan producido a consecuencia de un hecho ocurrido durante el período que comienza con la adquisición de la condición de militar de complemento o de militar profesional de tropa y marinería, por nombramiento de la autoridad competente, hasta la finalización o resolución del compromiso por las causas previstas en la normativa vigente.»

La interpretación literal que el Ministerio de Defensa (y los Juzgados y Tribunales en su función revisora) está efectuando de la expresión «a consecuencia de un hecho» está suponiendo, en la práctica, que todas las incapacidades causadas por enfermedades de origen endógeno queden fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto y, por lo tanto, al militar afectado le es rescindido el compromiso sin derecho a pensión o indemnización alguna.

Puede verse aquí, entre otras muchas sentencias, un claro ejemplo de esta doctrina.

Esta circunstancia es, evidentemente, también discriminatoria para los militares de carácter temporal (los militares de carrera que se vean incapacitados para su profesión tienen derecho a pensión con independencia del origen de la enfermedad o lesión) y más lesiva, pues supone, de plano, su exclusión del sistema de clases pasivas.  Y lo que es más grave: se está excluyendo del sistema de clases pasivas a quienes están cotizando de forma obligatoria a su sostenimiento (las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado, al señalar las cotizaciones a derechos pasivos del personal militar no diferencian entre militares de carrera y no permanentes).

Para hacernos una idea de lo injusto de la situación, veamos un ejemplo: un militar temporal que sufra una enfermedad psiquiátrica, un tumor o una cardiopatía isquémica (infarto, angina), etc., puede ser incapacitado para su profesión sin derecho a pensión ni indemnización, por no tener tales dolencias su origen en un «hecho». Sin embargo, si ese mismo militar, con una elevada ingesta etílica, hace uso de un vehículo y provoca un siniestro en el que resulta con lesiones que le producen la incapacidad, sí que tendría derecho a pensión, al haber tenido su origen «a consecuencia de un hecho».

Sólo existe una excepción a esta sinrazón: cuando la discapacidad del interesado sea igual o superior al 50%. En ese caso, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 52 bis de la Ley de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril), en relación con el artículo 5.2 del R.D. 1186/2001, se considera que existe incapacidad absoluta para cualquier profesión u oficio y se tiene derecho a pensión, con independencia de su origen.

***

En otro orden de cosas, considero relevante citar dos cuestiones, para completar la exposición de la situación de los derechos en materia de clases pasivas de los militares con carácter temporal.

La primera: ¿qué sucede con los militares de complemento o de tropa y marinería no permanentes que sufren incapacidad «a consecuencia de un hecho» pero su discapacidad no alcanza el 25%? En este caso tienen derecho a una indemnización (un pago por una sola vez) en función de la discapacidad reconocida. El modo de calcular la indemnización se recoge en el artículo 7.3 del R.D. 1186/2001 y, en la práctica y con los presupuestos vigentes, asciende a unos mil euros por cada punto de discapacidad.

La segunda: tanto si se trata de indemnización como de pensión -independientemente de su porcentaje- cuando la incapacidad sea consecuencia del servicio, la pensión o indemnización será extraordinaria y su cuantía será el doble de la que le hubiera correspondido en circunstancias ordinarias.

***

Para finalizar, como hemos visto, coincidimos en el diagnóstico con «Galerna Tropa» y, como no podía ser de otro modo, también lo hacemos en la solución: la derogación del R.D. 1186/2001 y la equiparación en derechos de todos los militares.

Y esa solución pasa por el compromiso en los programas electorales de las distintas formaciones que concurrirán a las Cortes Generales el próximo otoño. A ver quien alza la bandera en favor de un régimen de personal digno para los miembros de las Fuerzas Armadas.

¹Pueden seguir a «Galerna Tropa» en facebook y en twitter.
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Cambios en la jurisdicción militar

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En el BOE de hoy, 22 de julio de 2015, se ha publicado la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En lo que en el ámbito del Derecho Militar respecta, esta reforma suprime el privilegio de presentación de ternas del que el Ministerio de Defensa disponía hasta la fecha para la designación de Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar.

Hasta el momento, los Magistrados de la Sala de lo Militar procedentes del Cuerpo Jurídico Militar eran nombrados por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial de entre una terna de Generales Consejeros Togados y/o Generales Auditores con aptitud para el ascenso presentada por el Ministro de Defensa.

A partir de ahora, el nombramiento se efectuará también  por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, pero desaparece la facultad del Ministerio de Defensa de presentar una terna por cada vacante que se producía, por lo que podrán aspirar a cada vacante todos los Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situación de servicio activo.

Reforma de la Ley Procesal Militar

En la Ley que nos ocupa también se modifican otras normas, entre ellas, la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, incluyendo una nueva causa de revisión de sentencias firmes, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya declarado que la resolución recurrida ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, «siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión» (art. 328.2 LPM).

Con esta medida se incrementa la seguridad jurídica en la protección de los derechos fundamentales, dada la falta de eficacia directa de las sentencias del TEDH.

Esta reforma legal entrará en vigor el 1 de octubre de 2015.

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Un guardia civil candidato al Congreso

Juan Antonio Delgado (Foto: AUGC Madrid)

Juan Antonio Delgado (Foto: AUGC Madrid)

«Cuando asumimos ser soldados, no dejamos de ser ciudadanos»

(George Washington)

En las últimas horas del pasado martes 7 de julio se publicó la lista de candidatos a las primarias de Podemos que proponía Pablo Iglesias. Entre los integrantes de dicha lista se encontraba, entre otros, Juan Antonio Delgado, guardia civil y, hasta ese momento, responsable de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (A.U.G.C.).

La reacción de la Dirección General de la Guardia Civil no se hizo esperar y el día 9 publicó una nota de prensa en la que daba cuenta de la apertura de una información reservada (nótese el retruécano) para determinar si dicho agente pudiera haber vulnerado su «deber de neutralidad política e imparcialidad que la ley exige a los miembros de la Guardia Civil».

Ciertamente, el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece la prohibición a los guardias civiles de afiliarse a partidos políticos y de realizar actividades políticas («Los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales.»)

Dicha prohibición tiene su consecuencia en la tipificación de dos infracciones muy graves en el régimen disciplinario de la Guardia Civil (L.O. 12/2007, de 22 de octubre), a saber: «La violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional.» (art. 7.2) y «La promoción o pertenencia a partidos políticos o a sindicatos, así como el desarrollo de actividades políticas o sindicales.» (art. 7.3).

Ello, no obstante, no supone una prohibición absoluta y definitiva de los guardias civiles a participar en la vida política de la Nación, pues el artículo 89.1.i) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil prevé el pase a la situación de servicios especiales de los guardias civiles que «Sean designados como candidatos a elecciones para órganos representativos públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o resulten elegidos en las mismas.»

En dicha situación de servicios especiales queda en suspenso la condición de guardia civil y deja de estar «sujeto al régimen general de derechos y obligaciones de los miembros del Cuerpo, a las leyes penales militares cuando sean de aplicación y a la disciplinaria del Instituto».

La designación como candidato de Delgado todavía no se ha producido (lógicamente, pues ni siquiera se ha convocado el proceso electoral), por lo que el ya ex portavoz de la A.U.G.C. no ha podido interesar su pase a la situación de servicios especiales.

Veamos por lo tanto, si la Dirección General de la Guardia Civil tiene base legal para imponer sanción disciplinaria a Juan Antonio Delgado Ramos por el contenido de la noticia que se enlaza más arriba.

En dicha noticia se indica que Delgado forma parte de la lista de Pablo Iglesias para las primarias de un partido político.

Estos son los únicos hechos respecto al miembro de la Guardia Civil que aparecen en la noticia y, por lo tanto, los únicos hechos en los que debemos centrarnos acerca de su tipicidad como infracción disciplinaria, aunque en la nota de prensa de la Guardia Civil se afirme que la apertura de la información reservada se debe a la «supuesta participación de un agente en la elaboración del programa electoral de un partido político», cuestión que desconocemos si se ha producido pero que no consta en dicha noticia que enlazamos.

Por lo tanto, con los mimbres de los que disponemos, estamos en condiciones de afirmar lo siguiente:

Es evidente que no se ha cometido la infracción de «La violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional», dado que la presencia en las listas nada tiene que ver con la actuación profesional del interesado.

En cuanto al segundo precepto que nos interesa («La promoción o pertenencia a partidos políticos o a sindicatos, así como el desarrollo de actividades políticas o sindicales.»), contiene dos conductas ilícitas: la promoción o pertenencia a partidos y el desarrollo de actividades políticas. Ha de descartarse de plano la primera de tales previsiones, pues en la noticia no consta la afiliación al partido de Delgado, pudiendo participar en el proceso como independiente. Y en cuanto al «desarrollo de actividades políticas», la mera presencia en una lista no puede considerarse como «actividad».

Resulta evidente que si los guardias civiles tienen permitida -a través de la situación de servicios especiales- la concurrencia a los procesos electorales, debe serles permitido igualmente desarrollar los actos (reuniones, negociaciones, conversaciones, etc.) de carácter interno que les permitan instrumentalizar dicha candidatura, siempre que ello no suponga, claro está, actividad de promoción política. La designación como candidato no surge por arte de birlibirloque, sino que requiere una mínima actividad previa que, en los términos indicados, debe estar consentida.

Como hemos anticipado, en la nota de prensa se reprocha también la supuesta participación de Delgado en el programa político de Podemos, cuestión que no recoge la noticia. Pero, aún en el caso de ser cierta, tampoco nos encontraríamos ante una actividad política stricto sensu, pues en ese caso resultarían sancionables todas las actividades de miembros del Cuerpo que se reúnen con representantes de formaciones políticas para trasladarles las inquietudes y necesidades propias de su colectivo y con la intención de que sean recogidas en sus programas.

En definitiva, entendemos que la presencia del guardia civil Juan Antonio Delgado en una lista de candidatos a primarias de un partido político no resulta ilícita por cuanto no ha vulnerado su neutralidad política en el ejercicio de su profesión, no consta como afiliado a partido alguno ni ha desarrollado actividades políticas.

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Sentencia que reconoce la incapacidad permanente para el servicio de un Guardia Civil

motogct El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 ha dictado sentencia en fecha 28 de abril de 2015 -que ya ha alcanzado firmeza- en la que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, defendido por este despacho, frente a la resolución que le había declarado apto para el servicio con limitaciones para ocupar determinados destinos, por padecer diversas lesiones causadas tras ser atropellado mientras prestaba servicios propios de su especialidad.

Estas graves lesiones le exigen el uso de bastón para desplazarse; su marcha debe ser asistida evitando escaleras y rampas y sin que pueda mantener la misma postura durante periodos prolongados, tanto sentado como en bipedestación.

Además, con motivo del padecimiento físico descrito, sufrió un trastorno de estrés postraumático.

Pese a las importantes limitaciones que la propia Sanidad Militar le dictaminó (nótese la necesidad de uso de bastón y la deambulación asistida) y pese a que en el juicio de faltas donde se enjuició el siniestro de tráfico se señaló que el interesado resultaba impedido de manera total para sus ocupaciones habituales (en base a informe médico-forense), el Ministerio de Defensa declaró su aptitud para el servicio con limitaciones.

La sentencia, a la vista de la indicada resolución recaída en el juicio de faltas y de las periciales practicadas a petición del recurrente, considera que ha quedado desvirtuado el informe médico de la Administración, procediendo la declaración de inutilidad para el servicio del interesado y, en consecuencia, su pase a retiro con ocasión del servicio.

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