La jurisdicción militar y la quiebra del derecho al juez natural

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En el Boletín Oficial de Defensa del pasado día 15 de junio se publicaba una orden de la Ministra de Defensa por la que se nombraba una comisión de servicio en el Tribunal Militar Central a un General Auditor, hecho que ha alcanzado notoriedad a raíz de la nota de prensa emitida al respecto por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), por cuanto consideraba dicho proceder como una injerencia del Ministerio en la Jurisdicción Militar.

La provisión de plazas en los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción militar se realiza mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde la reforma operada en la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, por virtud de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre. Puede consultarse un análisis de esta reforma en el blog «La Toga Castrense».

Por lo tanto, el nombramiento en comisión de servicio de un General Auditor para desempeñar funciones jurisdiccionales supone -como señala la AUME- una clara injerencia del Ministerio en la Jurisdicción Militar y, añadimos nosotros, un claro desprecio hacia el CGPJ y, en consecuencia, a la separación de poderes.

Más importante, si cabe, es la quiebra del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley que se producirá si el citado comisionado -como es de prever- ejerce funciones jurisdiccionales.

El derecho al juez ordinario predeterminado por ley se recoge ya en las primeras declaraciones de derechos surgidas en el siglo de las luces, con el despertar de la Ilustración. Así, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 reconoció el derecho de todo hombre «a un juicio rápido por un jurado imparcial de su vecindario» (art. VIII). Se entendía de este modo que la proximidad aseguraba un «Juez justo» y así se consagró en la Constitución de los Estados Unidos como «derecho a ser juzgado, rápidamente y en público,  por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley.» (enmienda VI, 1791) (1).

 

En idéntico sentido, los primeros textos constitucionales franceses y la ley de organización judicial de 1790, emanada de la Asamblea constituyente, recogen la figura del «Juez natural del lugar», en contraposición a los «jueces de atribución o de privilegio y de los comisarios» y las avocaciones no determinadas, manifestaciones todas ellas de las injerencias regias en las competencias de los órganos judiciales.

Este derecho a ser juzgado por un tribunal competente predeterminado por ley fue recibido en nuestro Derecho desde los orígenes del Constitucionalismo, en la Constitución de Cádiz de 1812 (art. 247).

En la actualidad, el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley está proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución y contiene una garantía procesal y orgánica al servicio de la independencia e imparcialidad judicial que asegura a los ciudadanos que su causa será conocida por un concreto tribunal preexistente y determinado de acuerdo con unas reglas previas al caso. Esta garantía jurisdiccional deriva de la ley, que establece normas de organización y procedimiento.(2)

Como señala Juan Manuel Goig (3), para el ciudadano de a pie, este derecho significa, nada más y nada menos, que el juez que vaya a resolver cualquier cuestión no será caprichosamente designado.

Consecuencia de esta garantía es la independencia e inamovilidad de los jueces.

La predeterminación no se refiere en exclusiva al órgano judicial en su conjunto, sino que alcanza también a los jueces que lo componen y, en especial, en supuestos conflictivos como suplencias, sustituciones, comisiones de servicio, etc. Así, siguiendo a García Roca (obra citada), una manipulación arbitraria de la composición de la Sala incidiría directamente en el derecho fundamental controvertido.

En definitiva, la provisión de un puesto en un órgano jurisdiccional mediante una comisión de servicio nombrada por la Ministra de Defensa resulta contraria al derecho al juez ordinario predeterminado por ley, pues en el nombramiento se ha esquivado la intervención del Consejo General del Poder Judicial y el comisionado no goza de las garantías de independencia y, sobre todo, de inamovilidad que deben revestir a los componentes de los órganos judiciales, dada la amplia discrecionalidad de la Administración en la remoción de las comisiones de servicio.

Cualquier ciudadano que sea enjuiciado por una Sala de la que forme parte el comisionado, podrá invocar su derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley. Y, a este respecto, no podemos olvidar que el ejercicio de los derechos fundamentales está cimentado en la dignidad de la persona que el artículo 10.1 de la Constitución declara fundamento del orden político y de la paz social y, si se trata de un militar, en la dignidad del mismo que, paralelamente, proclama el artículo 11 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas («La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.»)

  1. Javier García Roca, El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Revista Española de Derecho Constitucional. N° 34. Enero abril 1992.
  2. Enric Fossas Espadaler. Legislador y derecho fundamental al juez legal. Revista para el análisis del Derecho. www.indret.com. Universitat Autònoma de Barcelona. Abril 2016.
  3. Santiago Sánchez González, Pilar Mellado Prado, Juan Manuel Goig Martínez. La Democracia Constitucional Española. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. 1997.

 

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Reforma del Reglamento de Provisión de Destinos

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Foto: El Norte de Castilla

 

En el BOE del pasado martes día 13 de junio se publicó el Real Decreto 577/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional, introduciendo nuevas medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

Entre tales medidas destacan, a nuestro juicio, las siguientes:

A.- La posibilidad de que los miembros de un matrimonio o pareja de hecho entre militares puedan condicionar sus peticiones de vacantes al hecho de que ambos obtengan destino en la misma provincia. Los requisitos para optar a esta condición es que las vacantes estén anunciadas por la misma autoridad, dentro de la misma provincia, se solapen los plazos de admisión de solicitudes y se haga constar previamente en las solicitudes de vacantes.

B.- Imposibilidad de destinar con carácter forzoso a una provincia diferente a los miembros de un matrimonio o pareja de hecho entre militares con hijos menores de doce años a su cargo destinados en la misma provincia.

Es muy importante, a estos efectos, que ambos componentes del matrimonio o pareja de hecho certifiquen su situación ante el Mando o Jefe de Personal de su Ejército y mantengan actualizada dicha información, pues esta exención únicamente es aplicable desde que la situación familiar se pone en conocimiento de dicho mando.

C.- Se exime del plazo de mínima permanencia al militar cuyo cónyuge o pareja de hecho militar hubiese sido destinado con carácter forzoso a otra provincia, para solicitar vacantes a la misma, siempre que se acceda desde otra distinta.

También se exime del plazo de mínima permanencia cuando el cónyuge o pareja de hecho militar es destinado con carácter voluntario a otra provincia, si bien en este supuesto la exención únicamente se podrá invocar en el plazo de un año desde la asignación del destino al cónyuge o pareja de hecho.

Es importante saber que en los tres supuestos que hemos visto hasta el momento se establecen excepciones para personal en distintos destinos o situaciones, como jefes de UCO, quienes se incorporen a una escala o superen determinados cursos de perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional o personal que se encuentre en situación de servicio activo pendiente de asignación de destino.

D.- Se amplían los plazos de incorporación al destino en determinados supuestos: quince días naturales cuando el destino se encuentre en distinto término municipal que el de origen y treinta días naturales cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados entre archipiélagos, entre éstos y las ciudades de Ceuta y Melilla, entre la península y los archipiélagos o las ciudades de Ceuta y Melilla y entre ambas.

El plazo de incorporación comienza a contabilizar a partir de la fecha de cese en el destino de origen, que se producirá -salvo que se disponga expresamente en la resolución- el décimo día hábil contado a partir del siguiente al de su publicación en el BOD.

E.- La militar víctima de violencia de género que se vea obligada a cambiar de destino, podrá solicitar la asignación de un puesto, a ser posible de análoga categoría, en el mismo término municipal o en otro distinto, sin sujeción al plazo de mínima permanencia en su destino.

F.- Asignación temporal de destinos por circunstancias excepcionales de conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Con esta medida se desarrolla el artículo 101.7 de la Ley 39/2007, cuestión largamente esperada y prevista legalmente para aquellas ocasiones en las que concurran motivos de salud, discapacidad o dependencia del militar o sus familiares.

Se podrá pedir esta asignación para un término municipal en el que existan vacantes en la relación de puestos militares (RPM) del Ejército o Cuerpo Común del interesado.

Únicamente se podrá solicitar una vez, salvo cambio sustancial en las causas que lo originaron o en el supuesto de cese en el destino por disolución, traslado o variación orgánica de su unidad.

La asignación se realizará con carácter voluntario por un tiempo de máxima permanencia de tres años, ampliables hasta cinco años en caso de persistir las circunstancias que determinaron su concesión.

 

G.- Asignación de destinos a las víctimas del terrorismo. El militar que sea considerado víctima del terrorismo o amenazado o coaccionado por organizaciones terroristas, de acuerdo con la Ley 29/2011, tendrá derecho a la asignación de un destino en el término municipal de su elección, si existen puestos vacantes en la RPM de su Ejército y reúne los requisitos necesarios para su ocupación.

También tienen este derecho los cónyuges o parejas de hecho militares y los hijos militares.

Las víctimas del terrorismo podrán ejercer este derecho una sola vez en el plazo de cinco años desde el reconocimiento de su situación de víctima (si en la fecha de entrada en vigor de este RD ya la tienen reconocida, el plazo de cinco años comienza en dicha fecha). El personal amenazado o coaccionado podrá solicitarlo sin limitación alguna cuando las condiciones de seguridad lo requieran y sin sujeción a plazo de mínima permanencia.

Consideramos que todavía quedan cuestiones que deben resolverse para mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional de los miembros de las FAS, como -a título de ejemplo- los tramos por edad para la exención de servicios en la reducción de jornada y la no consideración de familia monoparental cuando se recibe pensión de alimentos para el menor por el otro progenitor, pero todo avance es bienvenido.

Esperemos que las previsiones de este Reglamento se lleven a la práctica de forma real y efectiva.

Esta reforma entrará en vigor el 11 de julio de 2017.

 

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Absolución de un Sargento acusado de delito de abandono de destino o residencia

Foto: Adolfobrigido en Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0

Carro de combate T-26-B1 en el patio de mando de la Base General Menacho-Botoa-Badajoz. Foto: Adolfobrigido en Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0

El pasado mes de noviembre de 2015, un Sargento del Ejército de Tierra con destino en la Base Militar de Bótoa (Badajoz) sufrió un accidente de tráfico grave en el trayecto a dicha Base, fruto del cual causó baja para el servicio por diversos traumatismos, solicitando residir durante el período de incapacidad en su domicilio familiar, sito en Valencia, lo que inicialmente le fue concedido.

En marzo de 2016, amparándose en un informe de la Sanidad Militar en el que se indicaba que el citado suboficial podía pasar la baja en su unidad -y desoyendo los informes de los propios médicos que le trataban, que se manifestaban en sentido contrario- el Jefe de Unidad revocó la autorización para residir en domicilio distinto al de destino.

Frente a ello, el interesado interpuso recurso de alzada en el que, además, solicitó la suspensión de la ejecución de ese acto administrativo hasta que se resolviera el recurso. La Administración no se pronunció al respecto en el plazo de 30 días que fijaba el artículo 111.3 de la entonces vigente Ley 30/1992, por lo que la ejecución del auto impugnado (la revocación de la autorización de residencia en Valencia) quedó suspendida hasta la resolución del recurso.

En ese estado de la cuestión, tras intentar notificar, con resultado negativo, diversas resoluciones al Sargento en su residencia en Bótoa, el Jefe de Unidad elevó parte a la autoridad judicial competente por un presunto delito de abandono de destino o residencia.

Instruidas diligencias preparatorias ante el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12 (Madrid) y practicadas diversas diligencias de investigación, el 13 de septiembre de 2016 se dictó auto de sobreseimiento definitivo por cuanto los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna.

En efecto, el Código Penal Militar, en su artículo 56.1, tipifica como delito de abandono de destino o residencia -entre otras conductas- la de que el militar no se presente en su destino o residencia «pudiendo hacerlo». Pero en el presente supuesto, como hemos dicho, no ha quedado acreditado que el Sargento pudiera realizar el traslado, tal y como sostuvo desde el primer momento con informes de sus médicos, por lo que no concurren los requisitos del tipo para castigar la conducta.

El Tribunal Militar Territorial Primero, mediante auto de 17 de octubre de 2016, ha ratificado el sobreseimiento libre y total. Las cuestiones jurídicas quedan plenamente resueltas con las dos resoluciones judiciales, pero a nosotros nos queda una duda de mayor calado, pues todavía no sabemos en qué beneficia al servicio el hecho de que se obligue al militar a permanecer en su unidad durante la baja médica, a más de 650 kilómetros de su núcleo familiar.

Por nuestra parte, conseguimos cumplir uno de los principales objetivos de nuestra firma en la defensa en procedimientos penales: evitar la pena de banquillo, volcando todo nuestro empeño durante la fase de instrucción para obtener una resolución absolutoria sin que el cliente se vea ante la aflicción de llegar a ser juzgado ante un Tribunal.

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Unidades de Protección frente al Acoso

Corporal J.M. Robins (1941). Laura Knight. © Imperial War Museum, London

Corporal J.M. Robins (1941). Laura Knight. © Imperial War Museum, London

 El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 7 de abril de 2016 (BOE. 84) la Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA,s), en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (BOE 312, de 30 de diciembre de 2015), guía de actuación que, como señalábamos en un artículo precedente («Tolerancia Cero» frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas: difícil apuesta sin presupuesto), venía a implementar medidas de distinta naturaleza (preventivas, de protección inmediata a la víctima, medidas cautelares en vía disciplinaria y penal, medidas de control y seguimiento) con el propósito de promocionar la tolerancia cero frente a conductas tan deleznables que, recordemos, ya encuentran su reproche disciplinario y penal, respectivamente, en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y, además y por primera vez, en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Miliar.

Precisamente, y en el marco de las medidas apuntadas, las Unidades de Protección frente al Acoso –UPA,s-, vendrían a proporcionar la información y sensibilización necesarias a las víctimas y la protección necesaria canalizando, en su caso, la tramitación de denuncias y gestionando la atención médica y psicológica que pudieran precisar, y todo ello acompañado de un control y seguimiento adecuados para asegurar la indemnidad integral de las mismas.

En este sentido, las UPA,s que deberán estar constituidas en el plazo de dos meses, nacen como una unidad externa a la cadena orgánica de mando, cuyo ámbito de aplicación subjetivo comprende, con independencia de la naturaleza civil o militar del presunto acosador, el personal militar profesional -salvo que tengan la condición de militar en suspenso-, los reservistas activados o en periodo de formación y los alumnos de los centros militares de formación. Asimismo, y para el desarrollo de sus cometidos, las UPA,s contarán, según se señala, con “personal militar cualificado” –psicólogos, médicos y juristas- que se relacionarían con las distintas Unidades, Centros y Organismos para el cumplimiento de sus fines, y todo ello, recordemos, bajo el “mantra” de la contención del gasto.

Llegados a este punto, y aún reconociendo los avances normativos en la cultura de la “tolerancia cero”, no obstante quedan a menudo desdibujados cuando, desde el punto de vista organizativo, la asunción de las medidas de prevención, protección y control y seguimiento del acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se supedita a estructuras estrictamente de índole castrense y, además, sujetas a un control estrictamente militar. Resulta curioso, a este respecto, que la creación de las UPA,s no haya contado, como sería preceptivo ex artículo 2.1.b.7ª del RD. 910/2012, de 8 de junio, con la interlocución del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que, con sus aportaciones y la experiencia acumulada de sus asociados, podría haber contribuido a mejorar y/o perfeccionar el texto, tal y como han venido denunciando las asociaciones militares profesionales.

Por otra parte, y así lo expusimos en el artículo precedente, considerando los bienes jurídicos protegidos se impone una previsión específica de gasto más generosa, ahondando en campañas formativas y de sensibilización;  además, y con carácter urgente, se precisa deslindar las UPA,s de la estructura militar, nutrirla de personal civil altamente cualificado, que de forma independiente y ajeno a la cadena de mando, atienda sus cometidos sin reparar en el empleo o “status” de la víctima. Sucede, a menudo, que gozan de notoriedad determinados casos de acoso cuando se trata de militares de carrera y, sin embargo, pese a ser más numerosos, pasan desapercibidos los supuestos de acoso de quienes sujetos a un relación profesional de carácter temporal ven peligrar, en caso de denuncia, su relación laboral con las Fuerzas Armadas.

 Finalmente, y ante la aparente próxima publicación de las instrucciones y disposiciones de desarrollo de las UPA,s, denunciar que resulta, cuanto menos inaudito, que existan distintas Autoridades facultadas para el desarrollo de la orden ministerial, según el destino del personal militar afectado, cuando debería imponerse de forma unívoca directrices comunes, habida cuenta que la víctima de acoso no se distingue por el ejército de procedencia; a menudo, y ante supuestos idénticos, es frecuente que cada Ejército o Mando de Personal, según sus características funcionales, exija trámites o documentación distintas, haciendo factible la máxima muy extendida entre los militares de que “cada Ejército hace la guerra por libre”. Confiemos que, ante la relevancia de la materia regulada, se imponga la cordura.

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La conciliación en supuestos de enfermedad grave y/o dependencia

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Los lectores asiduos de este blog sabrán de nuestra constante reivindicación para la mejora de la conciliación profesional, personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Uno de los objetivos de la conciliación en la profesión militar debe ir dirigido, ineludiblemente, a minorar los perniciosos efectos de la movilidad geográfica y la disponibilidad permanente para el servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, la implementación del sistema de concurso de méritos en la provisión de  puestos de trabajo ha venido a paliar, aunque de forma insuficiente, determinados supuestos de conciliación familiar atendiendo a circunstancias tasadas –destino previo del cónyuge militar o funcionario en el municipio donde radique la vacante solicitada, el cuidado de hijos y el cuidado de un familiar-, adjudicando el destino solicitado en función de la puntuación obtenida aplicando un baremo previamente establecido (artículo 10 del RD. 456/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Destinos del Personal Militar, y en especial, la Directiva 04/11, de 20 de junio).

Sin embargo, y así se reconoce por la Institución militar, “existen situaciones familiares y personales muy graves que en la reglamentación actual no tienen cabida” y, a tal efecto, estima la necesidad de articular un procedimiento que, valorando las circunstancias excepcionales denunciadas, permita dar una respuesta rápida y eficaz, aunque sea de forma temporal, a la situación de emergencia denunciada adoptando, en su caso, las medidas necesarias para paliarla. Precisamente y, fruto de ello,  en el ámbito del Ejército de Tierra  se aprobó  la Directiva 06/14, de 25 de agosto de 2014, “Actuación ante circunstancias excepcionales del Personal del ET”, desarrollada a posteriori por la Instrucción Técnica 19/14, de 3 de diciembre de 2014 “Conciliación Familiar y Laboral del personal militar del ET, ante circunstancias excepcionales” normas que, lamentablemente, no han contado con la difusión deseada entre el personal militar de base –Tropa y Cuadros de Mando destinados en Unidades de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza-, que ensimismados en su actividad diaria, normalmente resultan ajenos al alcance y contenido de la norma.

Expuesto lo anterior, y en cuanto al procedimiento para apreciar las circunstancias a evaluar respecto de las situaciones familiares graves y excepcionales alegadas por los peticionarios -generalmente referidas a enfermedades graves, cuidado de personas dependientes o menores del núcleo familiar del solicitante-, se inicia mediante instancia dirigida al General Jefe del Mando de Personal, acompañada de la documentación acreditativa de las circunstancias que motivan la solicitud y, en todo caso, de un informe-propuesta, no vinculante, del Jefe de UCO que, apreciando la gravedad de la situación valore la ineficacia de otras soluciones –medidas genéricas de conciliación familiar- y su repercusión en las actividades de la Unidad.

A tal efecto, y a fin de ponderar la gravedad de la enfermedad, la norma toma como referencia el listado de enfermedades graves referidas en el RD 1148/2011 de 29 de julio “para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”, u otras de gravedad equivalente para personas adultas que, en todo caso deberán incapacitar temporalmente a la persona afectada en su actividad habitual durante un periodo continuado mínimo de tres meses o bien precisar cirugía mayor en un hospital o tratamiento en el mismo o, en su caso, deberá  tratarse de secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan de forma total la actividad cotidiana de la persona afectada.

Asimismo, y para valorar el grado de dependencia acreditada, se establece que ésta vendrá clasificada de acuerdo con la Ley 39/2006 “de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”.

Finalmente, y en caso de  fallecimiento de progenitor  con hijos a cargo menores de 16 años, la norma  advierte que solo será causa excepcional cuando el fallecimiento se haya producido en plazo inferior a un año.

Aclarado cuanto antecede y, admitida y estudiada la solicitud por la Dirección de Personal, se iniciará un expediente comprensivo de la siguiente documentación: instancia del interesado, informe del Jefe de UCO, Ficha Resumen de la Hoja de Servicios y documentación acreditativa de la circunstancia excepcional, antecedentes que vendrán acompañados del acta, con la propuesta de resolución, emitida por la Comisión de Asesoramiento para Casos Excepcionales (CACEX), como órgano encargado de evaluar las circunstancias y medidas paliativas a adoptar. En este sentido, y entre las medidas de gestión paliativas, el CACEX podría proponer:

  • El nombramiento de una comisión de servicio no indemnizable (CSNI) a una UCO del ET ubicada en la localidad solicitada o, en su defecto, en el área geográfica próxima, inicialmente, por el plazo máximo de 6 meses, prorrogable como máximo hasta un año, a petición del interesado, conforme a lo previsto en el artículo 29.1 del RD.456/2011, de 1 de abril.
  • Activación temporal de un puesto adecuado al empleo, cuerpo, escala y especialidad fundamental del interesado en la relación de puestos militares (RPM) de una UCO ubicada en la localidad solicitada o, en su defecto, en el área geográfica próxima, que se publicará y asignará por el procedimiento de libre designación por un tiempo máximo de tres años. Asimismo, y en supuesto de que el plazo previsto para asignación de destino se dilatara en el tiempo, podrá proponer a la Dirección de Personal el nombramiento de una CSNI previa al destino. En todo caso, el solicitante vendrá obligado a pedir todas las vacantes que se publiquen en la plaza donde radique el puesto activado.
  • Finalmente, y no siendo posible aplicar las medidas precedentes, dirigiría propuesta al General Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) para que solicite al Ministro de Defensa la asignación de un destino sin publicación previa, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Destinos, atendiendo a las especiales circunstancias del familiar del militar.

En todo caso, y resuelta la petición del interesado en sentido favorable,  éste vendrá obligado a informar al Jefe de UCO sobre cualquier variación en su situación quien, a su vez, mantendrá un seguimiento específico acerca de la persistencia de la situación excepcional alegada informando a la Dirección de Personal de cualquier contingencia al respecto. Además, conviene advertir que, al decaer las circunstancias excepcionales que motivaron su destino a la localidad elegida o, en su caso, al finalizar el plazo máximo de permanencia en el destino, cesará en el mismo, quedando en situación de pendiente de asignación de destino, sin que pueda volver a solicitar la activación temporal de puesto o comisión de servicio por el mismo motivo. De igual forma, aquellos que hubieran sido comisionados, al finalizar la circunstancia excepcional que motivó su nombramiento, regresarán a su UCO de destino.

A nadie escapa pensar, que la aprobación de la Instrucción Técnica 19/14, de 3 de diciembre de 2014 “Conciliación Familiar y Laboral del personal militar del ET, ante circunstancias excepcionales”, como norma de referencia, viene a paliar situaciones excepcionales de difícil encaje en la normativa sobre de la vida profesional, personal y familiar en el ámbito de las Fuerzas Armadas; tan sólo un reproche, su nula difusión entre el personal militar, máxime cuando se trata de categorías normativas poco accesibles y carentes de publicación oficial. Por todo ello, y a nuestro juicio, se impone la necesidad de impartir charlas o sesiones formativas para orientar y clarificar la oportunidad de solicitar las medidas paliativas a adoptar en las circunstancias excepcionales apuntadas y, además, fomentar la participación activa del Jefe de UCO que, teniendo conocimiento de una situación familiar de excepcionalidad, y por iniciativa propia, informe al interesado de la posibilidad de acogerse a los beneficios que prevé la norma.

En el Cuerpo de la Guardia Civil, el artículo 81 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, ha previsto para estas situaciones la adscripción temporal a un puesto de trabajo de distinta localidad por períodos renovables de un año y con un máximo de cuatro años. Este artículo no ha sido desarrollado reglamentariamente y por el momento se está aplicando un protocolo provisional dimanante de la Subdirección General de Personal. En breve se analizará en este blog esta regulación para los miembros del Benemérito Instituto.

Por supuesto, si eres militar o guardia civil y te encuentras en una situación familiar que te permita solicitar las medidas de conciliación que se han detallado en este artículo, puedes contar con esta firma profesional para asesorarte en la petición.

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Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas

«Wreck of the 'Birkenhead'»,de Lance Calkin. Óleo sobre lienzo. (c) The Black Watch Castle & Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation

«Wreck of the ‘Birkenhead’»,de Lance Calkin. Óleo sobre lienzo. (c) The Black Watch Castle & Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation

En el Boletín Oficial del Estado del día de ayer se publicaba la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas (Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, BOE. 28, de 2 de febrero) que dependerá orgánica y funcionalmente de la División del Servicio de Apoyo al Personal (Dirección General de Personal), que tiene como objetivo principal difundir y coordinar la política social para el personal militar, así como la prestación de apoyo continuado a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto de servicio.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas nace con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas aglutinando las políticas y líneas de acción necesarias en el ámbito de la discapacidad, canalizando las demandas y necesidades del personal discapacitado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y potenciar su integración y el desarrollo personal y profesional, eliminando cualquier tipo de discriminación o desventaja.

En este sentido, y en el marco del plan director apuntado, desde un punto de vista normativo basa su actuación en los principios inspiradores contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobados en la ONU, y ratificados por España el 23 de noviembre de 2007; el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas  con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; el mandato constitucional contenido en los artículos 9.2, 14 y 49 de la Constitución Española; y con carácter específico en los artículos 4 y 15 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y artículo 120 de la Ley  39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Expuesto lo anterior,  y examinada su fuente de inspiración y objetivos fijados, pasamos a analizar de forma sucinta su contenido, en particular, su ámbito de actuación, funciones y composición.

Así, y en cuanto al ámbito subjetivo de la norma, cabe significar que limita sus funciones de asesoramiento al personal militar que se encuentre, bien en situación de servicio activo o en la reserva, bien adscrito a unidades del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias o, en su caso, que haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas con motivo de su pase a la situación de retiro o que haya causando baja por resolución del compromiso, cuando ambas situaciones sean consecuencia de una insuficiencia de condiciones psicofísicas, siempre que tengan reconocida o acreditada por los organismos competentes un grado de discapacidad igual o superior al 33%, con independencia de que la discapacidad se haya adquirido, o no, en acto de servicio. En cualquier caso, se prevé el establecimiento de distintos canales de comunicación (teléfono, correo electrónico, etc) para atender las inquietudes, sugerencias o propuestas  del personal afectado por la norma.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas asume como funciones principales procurar, tanto a nivel individual como orgánico -Unidades, Centros y Organismos-, la información y asesoramiento necesarios en la materia, proponiendo medidas que favorezcan y aseguren la integración del personal militar con discapacidad, elaborando memorias, informes y estudios estadísticos que evalúen las medidas y actuaciones realizadas, así como el establecimiento de mecanismos de control y cooperación, bien a nivel corporativo —Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, Oficinas de Apoyo al Personal, Asociaciones de militares retirados y discapacitados, legalmente inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, etc—, bien a nivel institucional —Administración General del Estado—, para salvaguardar la viabilidad del Plan de Apoyo a la Discapacidad.

Asimismo, y para asegurar el cumplimiento de las funciones atribuidas, la norma prevé la designación de un Oficial al frente de la Oficina  de Atención a la Discapacidad, aunque no especifica su entidad a nivel orgánico, tan sólo una declaración de buenas intenciones cuando declara que “contará con los medios humanos y materiales adecuados para el cumplimiento de sus funciones”. Dicho argumento, a nuestro juicio, resulta poco creíble, y ello por cuanto para garantizar la viabilidad del Plan directriz se precisan inversiones tanto a nivel divulgativo —campañas de sensibilización (ámbito interno) y publicidad cara a la sociedad del modelo de integración de la discapacidad en las Fuerzas Armadas (ámbito externo)—, como a nivel formativo mediante planes de formación profesional en materia de discapacidad, que da al traste con la política de contención de gasto que predica el Ministerio al obligar a utilizar los medios personales y materiales propios de la División del Servicio de Apoyo al Personal.

Pese a todo ello, esperemos que la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas suponga un punto de inflexión en el trato que la Administración de Defensa está dispensando en los últimos años a los más fieles y esforzados servidores de la Nación que resultan lesionados durante su vida profesional y, especialmente, de los heridos en acto de servicio.

La puesta en funcionamiento de la Oficina está prevista para el próximo día 3 de abril de 2016, y goza del apoyo tanto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) que saludan esta iniciativa del Ministerio de Defensa y manifiestan su absoluta disposición para colaborar en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente, hemos de denunciar que dicha norma no ha sido informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, trámite que sin lugar a dudas podría haberla mejorado y perfeccionado, además de que la intervención de dicho órgano resulta preceptiva ex artículo 2.1.b.7ª del Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (R.D. 910/2012, de 8 de junio).

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Anulación de arresto e indemnización

El Tribunal Militar Territorial Primero ha dictado una sentencia en la que anula una sanción disciplinaria de seis días de arresto impuesta a un Soldado y condena a la Administración a indemnizarle por los daños y perjuicios sufridos

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«Una de las capacidades que se requieren de nuestras unidades en misiones en el exterior es “anti riot” (intervención antidisturbios) como se ha dado el caso en Kosovo y Afganistán entre otros escenarios. Para ello las unidades afectadas han de ser instruidas y adiestradas en este tipo de intervenciones antes de ser desplegadas.» (1) Fruto de ello, hace ya años que nuestras unidades reciben formación e instrucción, entre otras cuestiones, en materia de control de masas.

En octubre de 2014 se filtraron a través de las redes sociales algunas imágenes relativas a un ciclo de formación en dichas capacidades desarrollado en una unidad del Ejército de Tierra. Tales imágenes fueron utilizadas por dos medios de comunicación de carácter sensacionalista para afirmar -de forma totalmente infundada- que «El Ejército se prepara para actuar en revueltas ciudadanas», dando a entender -de forma mendaz- que su preparación iba dirigida a ser empleada en conflictos de carácter nacional.

Dicha noticia iba acompañada de diversas imágenes, entre las que se encontraba la de un Soldado equipado con el equipo de control de masas. La difusión de esa noticia motivó que a dicho Soldado le fuera impuesta una sanción disciplinaria de seis días de arresto, como autor de una falta leve, por entender sus superiores que había infringido las normas sobre seguridad militar en materias de obligada reserva, por no encontrarse autorizada la toma de ese tipo de imágenes.

Puesto en contacto el interesado con esta firma, que le defendió durante el expediente disciplinario y el posterior recurso contencioso-disciplinario, este ha finalizado mediante sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero de 15 de diciembre de 2015, en la que se anula dicha sanción de arresto, por vulnerar el principio de legalidad, ya que las normas internas que integraban el tipo disciplinario en blanco aplicado (2) se referían a la prohibición de uso de dispositivos móviles y aparatos de grabación en actividades de instrucción y adiestramiento, mientras que en absoluto se considera probado que nuestro cliente usara o empleara tales medios, por lo que no puede ser sancionado por dichos actos.

Eso sí, la sentencia contiene un aviso a navegantes: de haber encontrado vigente  en la fecha en que ocurrieron los hechos el actual régimen disciplinario, aprobado mediante Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, dicha conducta sí que podría haber sido castigada, pues en este nuevo texto legal se castiga no solo la autoría de las infracciones disciplinarias, sino también la cooperación necesaria y la inducción a ejecutar un ilícito disciplinario (art. 9).

163146_Graffiti_on_Mohamed_Mahmoud_Street_Cairo_No_to_Military_Trials_Indemnización. Además de la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la sanción de seis días de arresto, el Tribunal reconoce el derecho del Soldado a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos (pues el arresto ya había sido cumplido y, por lo tanto, la privación de libertad ya se había consumado) en la cuantía que fije en ejecución de sentencia.

(1) «UTILIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES MILITARES EN LA LUCHA ANTITERRORISTA», del General Coloma Contreras.
(2) Art. 7.3 de la L.O. 8/1998, vigente en el momento de los hechos: «La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre seguridad militar en materia de obligada reserva.»
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Entra en vigor el nuevo Código Penal Militar

Prisión militar de Alcalá Meco. Foto: Fernando Villar/EFE.

Prisión militar de Alcalá Meco. Foto: Fernando Villar/EFE.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, que viene a sustituir al promulgado mediante Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre. Como acertadamente señala Santiago Casajús en su interesante artículo «4 claves para comprender (algo) el nuevo Código Penal militar», los más de treinta años transcurridos desde la promulgación  de ese anterior Código obligaban a una profunda reforma del mismo, dada la transformación que tanto la sociedad como las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil han experimentado en ese período.

La necesidad de un nuevo Código Penal Militar también venía impuesta por el mandato del legislador contenido en la Disposición Final 8ª.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que instaba al Gobierno a remitir un proyecto de ley para adaptar el CPM a «la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar y su necesaria adaptación a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.»

El Código Penal Militar, dado su carácter de ley especial, y en atención al principio de complementariedad, ha de ponerse en relación con el Código Penal común, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, aplicándose de forma supletoria las normas contenidas en el mismo, razón que justificaría la drástica reducción en el número de sus artículos. De hecho, tal y como reza su Preámbulo, sólo «debe acoger en su articulado los preceptos que no tengan cabida en el texto común o, aún teniéndola, requieran una previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense…».

Sin ánimo de ser excesivamente prolijo en la descripción del nuevo texto legal, apuntaremos inicialmente que cuenta con 85 artículos (frente a los 197 del texto anterior), contenidos en dos Libros; el primero, dedicado a las disposiciones de carácter general y el segundo, relativo a tipificar los delitos y sus penas. Veamos, sucintamente, las principales novedades de la Ley Penal Militar.

En primer lugar, como ya hemos apuntado, resulta destacable la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal ordinario, como consecuencia del principio de complementariedad: el Código Penal Militar regula únicamente las disposiciones diferenciadas de aquel.

En segundo lugar, y en cuanto a su ámbito de aplicación, queda claro que el propósito de la norma es la protección de bienes jurídicos estrictamente castrenses; en este sentido, y desde esta perspectiva de naturaleza militar, limita su aplicación a la Guardia Civil y alumnos del Instituto armado en supuestos de conflicto armado, estado de sitio, misiones de carácter militar o mientras se encuentren integrados en unidades militares y delitos contra la disciplina; por otra parte, y recogiendo la doctrina de la Sala Quinta y  de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo que interpretó  de forma expansiva el artículo 7 bis del Código Penal Militar de 1985, proclama la exclusión del reproche penal militar a los miembros de la Guardia Civil respecto de «aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial», cuando vengan referidos a delitos contra la seguridad y defensa nacionales (Titulo I), relativos al ejercicio de derechos y libertades públicas (Titulo III) y delitos contra los deberes del servicio (Título IV).

La amplitud de situaciones en las que resulta aplicable el Código Penal Militar a los guardias civiles genera, a nuestro juicio, una evidente inseguridad jurídica a los agentes de dicho Cuerpo.

En tercer lugar, conviene señalar que el concepto de delito militar, no sólo abarca las conductas típicas descritas en su parte especial, sino que, además, incluye aquellas conductas cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal común, cuando se lesione un bien jurídico militar y sean cualificados por la condición militar de su autor y, además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense; resulta relevante, a este respecto, que cuando en la comisión del delito medie provocación u otra actuación injusta por parte del superior, y esta haya provocado en el subordinado arrebato, obcecación o estado similar, se reconocerá como circunstancia atenuante muy cualificada.

En cuarto lugar, asistimos a la simplificación del sistema penológico y su adecuación al del Código Penal, clasificando las penas en graves y menos graves; en este sentido, y aplicando el principio de complementariedad de la ley penal ordinaria, quedan establecidas las clases, efectos y reglas de aplicación y cumplimiento de las penas, incorporándose como principal novedad en el ámbito militar la inclusión de la pena de multa, la pena de localización permanente y la revocación de ascensos.

Asimismo, y en la medida que la sanción máxima prevista en el régimen disciplinario militar es de dos meses de arresto, se faculta a los Tribunales militares para reducir la pena mínima privativa de libertad de tres meses y un día, en uno o dos grados, conforme a las reglas del Código Penal, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos meses y un día.

Importante novedad supone la posibilidad de suspensión de las penas privativas de libertad, cuestión que hasta el momento se encontraba vedada a los condenados que conservaran su condición militar. La aplicación de las medidas sustitutivas, la suspensión de la pena y la libertad condicional se regirán por lo dispuesto en el Código Penal.

En quinto lugar, entre los delitos contra la disciplina, el delito de insulto a superior incluye, además del maltrato de obra, el atentado contra su libertad o indemnidad sexuales. Asimismo, y en cuanto al delito de desobediencia, de forma similar a lo establecido en el Código Penal, se exime de responsabilidad criminal por desobedecer órdenes que entrañen la ejecución de un delito contra la Constitución, la Ley o Derecho Internacional de los conflictos armados.

De igual forma, el delito de abuso de autoridad castiga el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los actos de agresión o abusos sexuales, acoso sexual y profesional, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.

Conviene advertir, en sexto lugar, que una de las novedades más relevantes del nuevo Código Penal Militar viene referida a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, abordándose en este caso, cuando no concurra relación jerárquica, aquellos delitos que, públicamente, en establecimientos militares o de la Guardia Civil o en acto de servicio, supongan maltrato de obra, trato degradante, inhumano o humillante, actos de agresión o abuso sexual o profesional, atentados contra la dignidad personal o en el trabajo, intimidad y, en general, cualquier acto de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Importante resulta la tipificación como delito de la acción de impedir o limitar arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los derechos fundamentales o libertades públicas (en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio).

En séptimo lugar, respecto a los delitos contra los deberes del servicio, la principal novedad la hallamos en los delitos contra la eficacia del servicio en el que resultan incluidas aquellas conductas que afectan directamente a cometidos estrictamente castrenses: daños en bienes afectos a las Fuerzas Armadas, pérdida de recursos en favor del enemigo o perjuicio a operaciones militares, mediando siempre imprudencia grave. Además se tipifica (según el grado de imprudencia, situación –conflicto armado, estado de sitio-,  y afectación al servicio),  el incumplimiento de una consigna general u orden recibida, salvo los supuestos de exclusión de responsabilidad criminal inicialmente apuntados.

No obstante lo anterior,  podríamos afirmar  que la novedad más relevante es la remisión realizada al Código Penal respecto a la incriminación de las conductas de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por un militar en establecimientos militares o de la Guardia Civil, campamentos,  ejercicios u operaciones, pudiéndose incluso agravar las penas hasta un quinto de su límite máximo, dada su afectación a la eficacia del servicio y el riesgo que comporta.

En octavo lugar, y refiriéndonos a los delitos contra el patrimonio militar, al margen de las conductas tipificadas de simulación de créditos para la atención supuesta de necesidades del servicio o derechos económicos para el personal y la figura del prevalimiento de la condición militar para obtener beneficios contractuales, resulta relevante la remisión al Código Penal para el enjuiciamiento de los delitos de hurto, robo, apropiación indebida, daños al equipo o material reglamentario y el delito de receptación.

En noveno lugar, aunque resulta más del ámbito procesal que del sustantivo propio de un código penal, se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, regulando el nombramiento de los jueces de los tribunales militares a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de recaer dicha potestad en el Ministro de Defensa, como sucedía hasta la fecha. Con ello se pretende asegurar, a través del mérito, la independencia de la jurisdicción militar en una institución tan jerarquizada.

En décimo y último lugar, en la medida que queda derogada la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar, se establece el régimen transitorio de que aquellos hechos punibles cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo Código serán castigados conforme a la ley penal derogada, salvo que sean más favorables al reo conforme a la nueva Ley Penal Militar. Además, y en relación con las sentencias definitivas pendiente de recurso previo a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se prevé la aplicación de los preceptos de éste último si son más favorable al reo, bien de oficio o a instancia de parte, y ello sin perjuicio de la revisión de oficio de aquellas sentencias firmes no ejecutadas total o parcialmente antes de la vigencia de la nueva Ley Penal Militar en las que conforme a ésta, correspondiera la absolución o una condena más beneficiosa.

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«Tolerancia Cero» frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas: difícil apuesta sin presupuesto

take_actionRecientemente, por Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa, fue publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (BOE 312, de 30 de diciembre de 2015), guía de actuación para evitar abusos ya en vigor que, lamentablemente, tiene como antecedente inmediato –y más visible-, la presión social derivada del cúmulo de vejaciones sufridas por la Comandante del Ejército de Tierra, ahora en situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas en acto de servicio, Zaida Cantera. Precisar, a este respecto, que resulta curioso y sorprendente la escasa trascendencia de supuestos de acoso similares – y sin duda más numerosos- cuando se trata de  víctimas sujetas a un relación profesional de carácter  temporal con las Fuerzas Armadas que, ante una denuncia, ven peligrar su relación laboral.

    Pese a todo, no cabe duda que se trata de un importante avance en la cultura de la “tolerancia cero” en las Fuerzas Armadas que, desde el punto de vista normativo, tiene su “punto de inspiración”, entre otros, en el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y en el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, recogidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Especialmente relevante, a este respecto, resulta la incorporación de nuevas faltas disciplinarias  en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tipifican el acoso sexual y por razón de sexo y, además y por primera vez en el ámbito penal militar, la tipificación como conductas punibles en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, del acoso sexual, por razón de sexo y profesional, así como cualquier atentado contra la libertad o indemnidad sexual.

     El Protocolo establece para el cumplimiento de sus fines la adopción de medidas, a diferentes niveles, para alcanzar su objetivo primordial: erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas; su lema, “tolerancia cero”.

    Así, y en primer lugar, se establecen medidas de carácter preventivo con el propósito de proporcionar tanto a la víctima (Guía práctica) como al Mando (Manual de buenas prácticas) los instrumentos de información, formación  y sensibilización suficientes para prevenir y afrontar las posibles situaciones de acoso, incluyendo a estos efectos en los planes de estudio temas relacionados con la prevención del acoso.

    En segundo lugar, y como medidas de protección inmediata a la víctima, garantizando en todo caso el derecho a la intimidad, se establecen los procedimientos de denuncia, investigación y sanción oportunos asegurando la protección integral de la víctima (medidas de atención de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico, medidas de seguimiento y de acompañamiento de la víctima).

    En este sentido, el procedimiento de actuación se inicia con la interposición de la denuncia, bien directamente por el perjudicado, bien a través de una persona de confianza de éste, bien a través de un tercero que tenga conocimiento del hecho o que lo haya observado.

     Conviene precisar como dato relevante que, cuando se presente la denuncia por vía disciplinaria, no será necesario presentarla por conducto reglamentario, sino que se podrá tramitar directamente ante la Unidad de Protección frente al Acoso, órgano ajeno a la cadena orgánica de mando  que sirve de canal voluntario de transmisión de denuncias –único por cada  Ejército-, que además prestará asistencia integral de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico a la víctima, o ante la autoridad con competencia disciplinaria. En ambos supuestos, será necesario conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, informar al superior jerárquico (o al superior de éste si coincide en la persona del infractor) del hecho de haber presentado la denuncia sin necesidad de entregarle copia de la misma.

     En todo caso, las autoridades con potestad disciplinaria, una vez recibido el formulario, parte o escrito por acoso y según los indicios y la gravedad de los hechos podrán acordar: el inicio de una información previa para el esclarecimiento de los hechos, designando para su instrucción a un militar ajeno a la unidad de destino; la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave o, en su caso, la remisión de la denuncia al Juzgado Togado Militar o Fiscalía Jurídico Militar correspondiente.

    Por otra parte, cuando la denuncia se presente directamente en la vía penal, el denunciante podrá dirigirse dentro de la jurisdicción militar a los Juzgados Togados Militares o a las  Fiscalías Jurídico Militares, según su preferencia.

      El Protocolo de actuación prevé, en tercer lugar, un elenco de medidas cautelares en vía disciplinaria, antes de la instrucción del expediente por falta muy grave, adoptadas por el Jefe de Unidad del presunto infractor (arresto cautelar, por un periodo máximo de cuarenta y ocho horas; cese en sus funciones por un plazo máximo de dos días; además, en cualquier momento, el jefe de unidad podrá cambiar de puesto al presunto infractor, dentro de la unidad de destino), por la Autoridad disciplinaria (arresto preventivo, por un tiempo no superior a veinte días, cese de funciones, por tiempo que no exceda de veinte días o pase a la situación administrativa de suspensión de funciones, por un tiempo máximo de seis meses) o por el Jefe de Unidad de la víctima (a petición de ésta podrá asignarle un puesto distinto en la unidad de destino).

   Asimismo, y como medidas cautelares en los supuestos de apertura de vía penal, la autoridad militar podría adoptar, entre otras, cambiar al presunto acosador de puesto de trabajo dentro de la misma unidad, acordar el pase a la situación administrativa de suspenso de funciones del mismo o acceder, en su caso, a la comisión de servicio solicitada por la víctima.

   De igual forma, y en cuanto a los efectos derivados del enjuiciamiento o expediente en un procedimiento disciplinario por falta muy grave, por conductas constitutivas de acoso, se apunta que los órganos de evaluación tendrán esta circunstancia en consideración a los efectos de valorar las evaluaciones para el ascenso y los IPEC,s., precisando en este último caso que “cuando se haya interpuesto denuncia o parte por acoso sexual o por razón de sexo el presunto acosador no podrá ser único calificador, formar parte de la junta de calificación, ser superior jerárquico de la misma, ni formar parte de la junta de evaluación de la víctima”.

   Finalmente, y en cuanto a las medidas de control y seguimiento, corresponde a la Unidad de Protección frente al Acoso y al Observatorio Militar de Igualdad proporcionar la información necesaria a las víctimas, gestionando la atención médica y psicológica que pudieran precisar y realizando los seguimientos oportunos para asegurar la indemnidad integral de las mismas.

   En todo caso, y aunque resulta evidente el compromiso de la Administración de eliminar conductas tan deleznables como el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que atentan contra la dignidad personal y el principio de igualdad, no se entiende la contención del gasto para aplicar las medidas previstas en este Protocolo, cuando se afirma que, “se llevarán a cabo con los medios personales y materiales de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, sin aumento ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de persona”.

    En este sentido, no parece fácil, ni mucho menos creíble alcanzar la metas propuestas de “tolerancia cero” cuando no existe una previsión especifica de gasto en formación preventiva al respecto en los centros de enseñanza militares, ni las Unidades de Protección frente al Acoso se nutren de personal altamente cualificado, en especial de psicólogos y psiquiatras formados en este área. No cabe duda, por tanto, que la formación y la adquisición de habilidades y conocimientos en la materia y su difusión requieren inversión, máxime cuando está en juego el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y el respeto a la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, principios que, quizás, y siendo realistas, estarían mejor salvaguardados si las Unidades de Protección frente al Acoso estuvieran constituidas por personal civil cualificado y no militar, no vinculado a la jerarquía y directrices castrenses, opinión que compartimos en este punto con Noelia Landete, psicóloga experta en violencia de género, quien además afirma: “La estructura del Ejército está dañada. Debido a la jerarquía militar se propicia mucho más el acoso sexual que en otros ámbitos. Además, a esas unidades habría que dotarles de presupuesto porque sin apoyo económico hay muchas medidas que no se pueden desarrollar” (citada en este artículo de Laura Galaup en http://www.eldiario.es).

    La conclusión, a nuestro juicio es evidente: aún reconociendo los avances en la materia no es posible implementar una cultura de “Tolerancia Cero” frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas sin contar con la dotación económica suficiente.

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Compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad

size0Uno de los impedimentos que la normativa exige para que a los funcionarios les sea autorizado el desempeño de una segunda actividad es el de que no se podrá conceder la compatibilidad al personal que ocupe puestos de trabajo cuyo complemento específico o concepto equiparable resulte superior al 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, esto es, el 30 por 100 de su sueldo (art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas).

Este obstáculo vino a paliarse levemente mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el que se aprobaba un procedimiento para que los funcionarios de la Administración General  del Estado pertenecientes a los subgrupos C1, C2 y E que así lo desearan pudieran solicitar, voluntariamente, la reducción del complemento específico hasta la cuantía que se adaptara al porcentaje legalmente exigido.

Sin embargo, dicho acuerdo no resultaba de aplicación a los militares y guardias civiles, como tuvimos ocasión de denunciar en su día en este blog.

Esta situación ha sido paliada en la actualidad con la modificación operada en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, a través de la Ley 46/2015, de 24 de octubre, añadiendo una disposición adicional duodécima del siguiente tenor literal:

«Disposición adicional duodécima Posibilidad de que el personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 solicite la reducción, a petición propia, del complemento específico

1. El personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 y C2, incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, del régimen de incompatibilidades del personal militar, podrá solicitar ante los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos o ante la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa para los destinados en la estructura ajena a los mismos y, en el caso de la Guardia Civil ante la Subdirección General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2. Se excluye de esta posibilidad al personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1 y A2 que ocupen puestos en Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de destino de nivel 30 y 29.»

De este modo, con las excepciones que se citan en la norma, quien ocupe un puesto de trabajo cuyo complemento específico sea superior al 30 por 100 de sus retribuciones básicas (excluidos los conceptos de antigüedad) podrá solicitar la reducción de ese complemento hasta el límite legal exigido para optar a la concesión compatibilidad.

El texto de esta reforma resulta demoledor para los argumentos que repetidamente emplea la Dirección General de la Guardia Civil para desestimar las peticiones de concesión de compatibilidad, puesto que aplica ese 30 por 100 sobre la cuantía total del Complemento Específico (General y Singular), en lugar de hacerlo únicamente sobre este último, que es el complemento vinculado al puesto de trabajo, haciendo una interpretación claramente fraudulenta de la normativa vigente hasta la fecha. Tuvimos ocasión de explicarlo aquí.

Ahora, con el tenor literal de la norma, resulta palmario que el complemento cuya cuantía no puede superar el 30 por 100 del sueldo es el complemento específico correspondiente al puesto que desempeña el funcionario y no el total del complemento específico (pues su componente general viene vinculado al empleo, no al puesto de trabajo).

Estaremos atentos a la aplicación de esta normativa a partir de ahora.

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